Editorial DE DIARIO DE NOTICIAS

Desligitimación pendiente del franquismo

El Tribunal Supremo rechaza un recurso contra la negativa del Gobierno del PP a exhumar los resto del genocida Franco del Valle de los Caídos, un espacio de glorificación de la dictadura incompatible con la democracia y los derechos humanos

Miércoles, 1 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:06h

si resulta toda una afrenta que el golpista y dictador después Francisco Franco siga siendo objeto de glorificación en el Valle de los Caídos casi 42 años después de su muerte, aún contribuye a incrementar la infamia la nueva polémica desatada tras rechazar el Tribunal Supremo un recurso del ex juez Garzón contra la negativa del Gobierno del PP a exhumar los restos del genocida y de Primo de Rivera de ese mausoleo indigno levantado en su triste memoria. La controversia no hace sino evidenciar una vez más que permanecen los hedores de la una, grande y libre a través de los deudos del franquismo entre los que también cabe incluir a quienes apuestan por el olvido, por la falsaria teoría de que mejor no remover el pasado, como si la Guerra Civil no la hubiera desencadenado una sublevación militar contra un Gobierno legítimamente constituido y como si las cuatro décadas posteriores no hubieran transcurrido bajo un régimen de terror, y como si ambos hechos no hubieran costado la vida, el exilio o la persecución a miles de personas. Desde la premisa de que el propio ex jefe del Estado Juan Carlos de Borbón -padre del actual Felipe VI- lo es por designación directa de Franco, la deslegitimación total del franquismo continúa siendo una tarea pendiente pese a la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica, una iniciativa que tuvo continuidad en Navarra con su propia Ley Foral de Memoria Histórica. Resulta toda una afrenta a la democracia, los derechos humanos y a la convivencia que el golpista y dictador Franco siga siendo objeto de glorificación en el Valle de los Caídos -como lo ha sido también en el Monumento de los Caídos de Pamplona, donde yacían los restos de otros genocidas como Mola y Sanjurjo hasta que el actual Ayuntamiento decidió su exhumación y entrega a los familiares- y que la jerarquía católica permita sin chistar celebraciones religiosas, siempre de exaltado carácter político en los discursos, parafernalia y simbología. En realidad, el Estado nunca ha puesto en marcha las actuaciones necesarias para la desligitimización real del régimen franquista, casposo socialmente, indigno democráticamente y humillante para cientos de miles de personas. Y aún hoy, el Estado español, con la connivencia de partidos como el PP o UPN, sigue siendo una excepción internacional que honra y protege -incluso subvenciona con dinero público una Fundación en su memoria y honor- a un genocida y al régimen que mantuvo una sistemática violación de los derechos humanos y las libertades.

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