Todos somos idiotas ante la ley

Por Manuel Torres - Miércoles, 1 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:06h

desde aquella popular sentencia de Pacheco La Justicia es un cachondeo, voceada en pleno apogeo de la Transición, hasta la más reciente, emitida por Dolores Ripoll, abogada del Estado, que con énfasis retórico y total desparpajo dijo que el lema “Hacienda somos todos” no era más que un prosaico anuncio televisivo, ha desfilado por la pasarela de este país el más completo repertorio de rateros, bandidos, forajidos, facinerosos, hampones y trileros que quepa imaginar, con el común denominador de enfundarse casi todos en un impecable terno de político. Pero si hay un caso paradigmático que horada más todavía la paciencia de una ciudadanía esquilmada por la crisis y asfixiada por la corrupción, es el vodevil judicial de la infanta.

El caso Nóos desvela la radiografía más acabada de una época. El relato de sus protagonistas, Cristina &Iñaki, comienza con el fulgor de Barcelona 92 y naufraga en la España del ladrillo y la especulación urbanística. Como una novela de folletín, el jugador de la selección española de balonmano que brilla en los Juegos Olímpicos, se casa con una infanta, son felices y viven en un palacete de ensueño. Pero, al igual que todo cuento popular, éste también tiene su moraleja. Mientras Cristina gozaba de un distinguido puesto en La Caixa, el deportista se dedica a la rapiña de fondos públicos con el ejemplar envoltorio de promover una actividad filantrópica, sin ánimo de lucro, y los dos en perfecta armonía, sin perder la sonrisa ante las cámaras, con jabonosos besamanos y modales exquisitos, esas cosas de la realeza. Todo esto ocurría en tiempos de la anestesia generalizada, hasta que la carroza se convirtió en calabaza.

A partir de entonces, la fábula se evaporó y la realidad, gélida e ingrata, tomó el relevo. Años después supimos que Urdangarin era un jeta, un estólido de buena planta que se dedicaba a vivir de su título aristocrático sin dar palo al agua, como quedó demostrado durante la vista. A la pregunta del fiscal de qué hacía exactamente en Nóos, el nota respondió: “Yo me dedicaba a lo que me dedicaba”.

Y la infanta, humillada y ofendida por tener que sentarse en un banquillo de plebeyos, llegó al estrado como una frágil damisela afectada de una profunda amnesia. Más aún, víctima de esa toxina que infecta con especial saña a las mujeres florero, como la exministra Mato, la esposa de Bárcenas y tantas otras eximias consortes que últimamente pisan sede judicial.

Pero el cuento no acaba aquí. Ahora viene el desenlace. La infanta ha sido absuelta, con una modesta cantidad que deberá abonar por considerarse partícipe a título lucrativo, esto es, por disfrutar de las trapisondas del marido siendo ignorante de las mismas. Eso sí, la noble dama no se privó de pulirse 265.000 euros en clases de salsa y en toda una retahíla de caprichos cortesanos con cargo a su tarjeta black. El exduque queda en libertad provisional sin fianza, con comparecencias mensuales en el juzgado. Podrá seguir residiendo en Suiza (de hecho, lo previsible es que acuda a una corte helvética), y todo hasta presentar recurso de casación y su posterior sentencia firme que, sin echarle mucha imaginación, reducirá la actual pena hasta desleírla en un vasito de agua. Su exsocio no ha tenido tanta suerte. Claro que éste no estaba emparentado con la Familia Real.

Las primeras alarmas sobre las andanzas de Iñaki Urdangarin se remontan a 2005, hace ya 12 años, cuando apareció en uno de los primeros eventos del Instituto Nóos, el Illes Balears Forum, un altisonante montaje vacío de contenido, pero auspiciado con pompa y circunstancia por el extinto Matas, otro caso aislado en la lista de Rajoy. Fue entonces cuando un asesor de Casa del Rey, el conde de Fontao, se reunió con Urdangarin dándole un toque de atención, lo que evidencia que en Zarzuela estaban al cabo de la calle sobre los chanchullos del figura. Pero éste, lejos de abandonar tan pingüe oficio, siguió a lo suyo. Y ahí radica lo asombroso. ¿Por qué se empeñó en ello cuanto estaba en el punto de mira de la Agencia Tributaria y de la Policía Judicial? Sólo caben dos hipótesis: o el menda era un perfecto imbécil, o se sentía invulnerable arropado con el manto de la impunidad. ¿Cómo iba a ser imputado de algún delito si además de esposo y padre modélico, era un apéndice de la Familia Real? Cuando llegó el momento de sentarse ante el tribunal, hará un año, se mostró de forma desvalida, casi infantil, como fruto de la ingenuidad o de la confianza puesta en quienes le rodeaban, de ser poco más que una mascota zaherida, abandonada por su familia de acogida: “Yo no hacía nada sin consultarlo al Sr. García Revenga” (asesor de las infantas). Y todo con la oprobiosa sensación general del compadreo de aquellos años, cuando el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, anunciaba en 2011 el alejamiento de Urdangarin de toda actividad protocolaria de palacio por su “comportamiento no ejemplar”, para, poco más tarde, acabar él mismo en el banquillo de los acusados, condenado a dos años por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Pero lo más turbador de este cuento de hadas gótico es que su correlato tiene una dimensión que alcanza a los estamentos fundamentales del Estado. Hace dos años, el presidente Rajoy proclamaba estar “convencido de la inocencia de la infanta”, y añadió con su habitual gracejo que “le irá bien”, lo que tristemente pulveriza de un soplo la separación de poderes, despejando un camino a la sospecha de que el presidente puede movilizar recursos del Ejecutivo para solaparlos con los del Estado, lo que hace recelar en la existencia de una estrategia de inmunidad para toda una camada de intocables (el ex de Interior, Jorge Fernández Díaz, el mentiroso compulsivo Soria, el aún presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez…) que socaba la reputación de las instituciones y cuestiona, a cada escándalo que pasa, la propia calidad de la democracia.

La infanta ha quedado absuelta, y su marido no se jubilará en el trullo, eso seguro. Pero alinear a la Fiscalía Anticorrupción, a la Agencia Tributaria y a la Abogacía del Estado, además de contar con la venia del presidente del Gobierno, para rescatar a la infanta Cristina del banquillo mediante un viscoso trato de favor, no es el mejor antídoto para la regeneración democrática que este país necesita con urgencia. Hasta entonces, seguiremos manteniendo la ficción de que todos somos iguales ante la ley.