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Lista pública necesaria de defraudadores

Navarra se suma a la Agencia Tributaria del Estado y a las Haciendas de la CAV y hará pública en junio la lista de los morosos fiscales con deudas superiores a 250.000 euros que no actualicen en esos meses sus obligaciones tributarias

Jueves, 2 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

el anuncio del Gobierno de Navarra de otorgar de plazo hasta el próximo mes de junio a unos 300 contribuyentes navarros, personas físicas y jurídicas y otros modelos tributarios, que acumulan deudas fiscales con la Hacienda Foral por encima de los 250.000 euros antes de hacer pública una lista con los nombres de quienes no hayan asumido en ese plazo sus responsabilidades fiscales es una buena noticia. La medida forma parte del nuevo Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal aprobado por el Gobierno en junio del pasado año, que preveía una recaudación tributaria de casi 600 millones de euros. La creación y publicación de este listado, una medida aprobada también en el Estado y en las Haciendas Forales de la CAV, se ampara, en el caso de Navarra, en la modificación de la Ley Foral General Tributaria en 2015, según la cual, por encima de la privacidad de los datos tributarios, se halla el importante perjuicio que estos comportamientos ocasionan a las arcas forales y a los intereses generales del conjunto de los navarros y navarras. Más aún en el caso de Navarra, con un sistema de autogobierno fiscal propio que exige para su efectividad en la prestación de servicios públicos de calidad en sanidad, educación, atención social o infraestructuras altas dosis de corresponsabilidad fiscal por parte de quienes pagan impuestos y más aún en estos tiempos de crisis y rebajas fiscales que han reducido la capacidad de recaudación de la Hacienda Foral. De hecho, Navarra sigue estando muy lejos de la ratio de recaudación fiscal/PIB de países como Francia, Alemania o Italia. Una actuación imprescindible si se quiere de verdad, al margen de los discursos de propaganda, hacer efectiva y justa la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida o el cada vez más complejo, opaco e internacionalizado entramado delictivo organizado para el escaqueo de las obligaciones tributarias de unos pocos privilegiados a costa del esfuerzo colectivo de la inmensa mayoría de los contribuyentes navarros. La lucha contra el fraude fiscal -y en ese contexto, el conocimiento público de quienes utilizan subterfugios jurídicos y y arquitecturas fiscales para intentar evadir sus obligaciones tributarias estafando al conjunto de la sociedad- es una obligación legal, política, ética y democrática para garantizar la equidad fiscal a la que tienen derecho todos los ciudadanos y empresas y para impulsar una redistribución justa y solidaria de la riqueza que genera Navarra con un uso honesto y eficiente de los instrumentos del autogobierno.

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