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acceso a verdad, justicia y reparación

Amnistía Internacional propone una auditoría que registre abusos policiales

Acordarán una “agenda común” de derechos humanos para trasladarla al Gobierno español

Imanol Fradua - Jueves, 2 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

El lehendakari Urkullu y Jonan Fernández recibieron ayer en Lehendakaritza al dirigente de Amnistía Internacional, Fotis Filippou, y su equipo.

El lehendakari Urkullu y Jonan Fernández recibieron ayer en Lehendakaritza al dirigente de Amnistía Internacional, Fotis Filippou, y su equipo. (Irekia)

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El lehendakari Urkullu y Jonan Fernández recibieron ayer en Lehendakaritza al dirigente de Amnistía Internacional, Fotis Filippou, y su equipo.

Bilbao- Una agenda a compartir entre administraciones y partidos es la llave con la que Amnistía Internacional (AI) quiere abrir la puerta para “garantizar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados”.

La organización internacional dio ayer a conocer en Bilbao la receta con la que confía en que Euskadi alcance un escenario de convivencia plena. Con importantes deberes por hacer en materia de derechos humanos, AI estableció un informe de seis puntos que será enviado al Gobierno español. El esclarecimiento de los atentados de ETA, GAL y BVE (Batallón Vasco Español), el reconocimiento al daño causado por la tortura en la lucha antiterrorista, una auditoría externa para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las diferentes policías, sistematizar los datos de los abusos cometidos, la revisión de la legislación antiterrorista y la reforma de la actual política penitenciaria son las claves.

Son los ejes que Amnistía Internacional, bajo el informe Afrontar el pasado para construir el futuro, confía que las administraciones adopten. Por lo pronto, las reuniones mantenidas con los partidos políticos con representación en el Parlamento y las administraciones vascas han sido satisfactorias. Con dificultades para aceptar “el lenguaje pero no el fondo de las cuestiones planteadas”, como advirtió el presidente de la organización en el Estado, Esteban Beltrán, AI establecerá contacto con el Ejecutivo de Rajoy, e incluso con el ministro del Interior, “en dos semanas” para “pasar de las palabras a los hechos” y buscar “puntos de encuentro”.

En lo que respecta al ámbito vasco, confían en que sus recomendaciones puedan ser incluidas en cualquiera de los marcos programáticos en los que puedan integrarse. La Comisión parlamentaria de Derechos Humanos, la Ley de Reparación de Víctimas del Ejecutivo español -que habrá que ver si es recurrida o no por el Gobierno vasco-, la Ley de Policía que el Ejecutivo de Urkullu aspira a sacar adelante -en la que incluirían investigaciones internas de la Ertzaintza- en esta legislatura o la ponencia de Paz y Convivencia pueden ser iniciativas que casen con las propuestas de la organización internacional, que “no cierra puertas” a que sus reclamaciones sean escuchadas e incluidas. “Ahora, más que en ninguna otra legislatura, los partidos están obligados a dialogar”, prosiguieron.

conculcaciones El informe de AI, que se asienta sobre investigaciones oficiales de los gobiernos vasco y español, colectivos de víctimas de diferentes sensibilidades o universidades, detalla de forma somera los datos de las conculcaciones de derechos parecidas por la población vasca durante más de cuatro décadas. Aún quedan muchos cabos por atar en la maraña de 800 asesinatos, 1.642 heridos y millares de exiliados y extorsionados por la acción de ETA;junto a más de cuatro millares de denuncias de torturas a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las 27 víctimas mortales por los asesinatos del GAL o el BVE. “La falta de información detallada y desglosada a nivel estatal de los abusos” de la banda armada, especialmente “aquellas que han sufrido extorsión, amenazas o coacciones” o la impunidad de los crímenes que las organizaciones parapoliciales cometieron “en conexión con funcionarios del Estado” -solo un 37% de casos a los que se les ha arrojado algo de luz- son ejemplos de que “aún queda mucho por hacer”.

Si algunos de los deberes por los hechos del pasado están aún por hacer, tan importantes como ellos son algunos de los retos actuales. AI resaltó entre ellos algunos como la negación sistemática de las denuncias por torturas “cuya práctica no está justificada en ninguno de los casos” , la necesaria modificación de la legislación antiterrorista que bajo una tipificación penal concreta “reclama modificaciones sustanciales para lograr su adecuación a los estándares internacionales” o la política de dispersión “que vulnera los derechos de los presos y sus familias” son los principales cometidos.