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La juez no acusará a Chaves y Griñán en los cursos de formación

Alega que no hay indicios de la participación de los expresidentes andaluces más allá de “simples conjeturas”

Jueves, 2 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

madrid- La juez María Núñez Bolaños ha rechazado acusar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza de los cursos de formación relativa al exconsejero Ángel Ojeda, en la que se investiga el uso de 33,3 millones por parte de sus empresas tras la crisis de Delphi.

La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla rechaza la petición de la Asociación de Trabajadores de Delphi de incluir a los expresidentes en la investigación judicial, a lo que también se opuso la Fiscalía Anticorrupción. La juez explica que esta causa no aborda “un supuesto engaño de representantes de la Administración andaluza” a los trabajadores de Delphi con ofertas de puestos de trabajo, y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha analizado los acuerdos con los representantes de los trabajadores en este ámbito.

La juez también señala que la asociación de trabajadores solo será admitida como acción popular al no considerarse perjudicada por la posible comisión de un ilícito penal, “incluso podrían ser beneficiados a título lucrativo del mismo”. Sin embargo, la instructora considera que no ha lugar a su personación como acción popular después de que los trabajadores no depositaran la fianza que le pedía la Fiscalía para estar presente en la causa.

subsidiosLa asociación de trabajadores de Delphi presentó su denuncia contra Chaves y Griñán después de que el año pasado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) les reclamara el reintegro de los subsidios percibidos por desempleo. Esta denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción 20 de Sevilla, pero ahora ha sido incorporada al sumario de Delphi por “posible conexidad”, a pesar de que tanto la fiscalía como la juez estiman que carece de relevancia.

Anticorrupción sospecha que para justificar las subvenciones por 33 millones concedidas a las empresas del grupo Prescal de Ojeda “se simularon relaciones laborales inexistentes, permitiendo con ello de un lado reducir la conflictividad social” en la Bahía de Cádiz, además de lograr que un grupo de trabajadores percibieran un salario con cargo a las subvenciones “sin prestar efectivamente trabajo por cuenta ajena”. En la causa están imputados también los exconsejeros Antonio Fernández y Manuel Recio. - D.N.