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El Parlamento de Navarra exige el “cierre definitivo” de Garoña

La Cámara sospecha de los “intereses” que puede tener el Gobierno del PP en reabrir la planta, cerrada en 2012
El caso puede sentar precedente para prolongar “un modelo basado en energías peligrosas”

Andoni Irisarri Javier Bergasa - Viernes, 3 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

pamplona- El Parlamento de Navarra aprobó ayer una moción por la que se exige al Gobierno central “el desmantelamiento urgente y el cierre definitivo” de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), en una petición que firmaron conjuntamente Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, y a la que también se adhirió el PSN. El PPN votó en contra de toda la resolución, que se votó por puntos, y UPN sólo suscribió el segundo de los epígrafes de una iniciativa que contenía otros dos más, introducidos por el PSN mediante una enmienda in voce que contó con el visto bueno de los proponentes.

En cualquier caso, todos fueron aprobados. Además del primero de los apartados, relativo a la petición de cierre y desmantelamiento urgente de Garoña, la moción pedía un plan de transición hacia un modelo energético económico y sostenible desde el punto de vista medioambiental (el único que apoyaron los regionalistas), así como la declaración de nulas de las “autorizaciones” emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear y la adaptación económica y la reindustrialización de las comarcas afectadas por el fin de la central. Pero por encima de todo, el objeto de la moción fue el de posicionarse en contra de la que se ha venido a llamar doctrina Garoña, y que podría sentar un “peligroso precedente”, según los firmantes, en el futuro de la energía nuclear en el Estado.

Realmente, el peligro no radica en la posible reapertura, cuatro años después del fin de su licencia (aunque paró la actividad en 2012), de la central de Garoña. Es demasiado vieja (la inauguró Franco en 1971), su rendimiento es bajísimo y el coste de rehabilitar la factoría sería desmesurado para el escaso rendimiento energético que proporcionaría. Tan ruinosa sería la operación para el Ministerio de Industria que sólo cabe interpretar el empeño del Consejo de Seguridad Nuclear (dominado por el PP) y del Gobierno central por reabrir y prolongar la vida de Garoña como una mera táctica para sentar un precedente para el resto de centrales españolas. De hacer efectiva la ampliación de la vida útil de la planta burgalesa hasta 2031 (Garoña cumpliría 60 años), el caso daría pie a prolongar la vida de las otras cinco centrales nucleares que tiene España (Almaraz, Trillo, Ascó, Cofrentes y Vandellós), que fueron construidas en los años 80 y cuyas licencias expiran a partir de 2020.

“intereses del pp”Se entiende, por tanto, que de alguna manera se establecería una “doctrina Garoña”, como apuntó el parlamentario Dabid Anaut (EH Bildu), que daría continuidad “a un modelo basado en energías peligrosas y no renovables”. La encargada de defender la moción del cuatripartito fue Marisa de Simón (I-E). La parlamentaria de la coalición izquierdista destacó que el tema va más allá de los potenciales peligros que tienen, de por sí, las centrales nucleares, y más si son tan viejas como la de Garoña. El problema es que, a juicio de De Simón, detrás de este empeño por resucitar Garoña puede haber “intereses ocultos del PP”, como el de seguir fomentando un modelo energético concreto, y vino a certificar que el futuro de Garoña es que no tiene futuro. Patxi Leuza (Geroa Bai), señaló quizá el riesgo más habitual de las centrales nucleares: la gestión de los resíduos. Recordó que en España sólo hay un cementerio nuclear, el de El Cabril (Córdoba), y puso énfasis en el hecho de que los desperdicios generados por las plantas tardan generaciones en desaparecer.

Laura Pérez (Podemos) criticó que en el fondo lo que existe es un “gran negocio del mercado energético”, del que participan expolíticos, a través de los consejos de administración de empresas como Iberdrola o Endesa, “en los que han terminado muchos políticos, pudriendo la democracia”.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío también consideró que “puede haber intereses económicos del PP” en la operación, y puso en valor los puntos alternativos que introdujo su sigla en la moción, tendentes a buscar una rehabilitación económica de la zona en caso de que se desmantele la factoría. Por parte de UPN, el encargado de defender la abstención de su grupo fue Iñaki Iriarte. Dijo que España tiene “un déficit energético enorme” que cifró en torno al 70% y que obliga a tirar de todas las fuentes posibles, estableciendo un silogismo por el que “a energía más cara, más pobreza”, y defendió la independencia de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear -“No son como el señor Burns de Los Simpson”, ilustró-. Ana Beltrán (PPN) rehusó defender su postura y votó en contra.