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UPN intenta evitar que el Parlamento tenga acceso a la documentación de Caja Navarra

Presenta un recurso para que los servicios jurídicos impidan o limiten el acceso a las actas de la entidad de 2000 a 2012
Apunta a la responsabilidad de los parlamentarios si se filtra información

Ibai Fernandez - Lunes, 6 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Un trabajador cambia la rotulación de la sede central de Caja Navarra tras su absorción por parte de CaixaBank en 2012.

Un trabajador cambia la rotulación de la sede central de Caja Navarra tras su absorción por parte de CaixaBank en 2012. (Unai Beroiz)

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Un trabajador cambia la rotulación de la sede central de Caja Navarra tras su absorción por parte de CaixaBank en 2012.

Pamplona- UPN ha solicitado a los servicios jurídicos del Parlamento un nuevo informe sobre el acceso de los parlamentarios que forman parte de la comisión de investigación de Caja Navarra a la documentación sobre la extinta entidad financiera que ahora tiene en su poder la Fundación Can. Los regionalistas ponen en duda que la Cámara foral tenga derecho a analizar los 44.000 folios de actas de los órganos de gobierno de Caja Navarra entre los años 2000 y 2012, e incluso apuntan a las posibles responsabilidades en las que podrían caer los parlamentarios si la documentación acaba haciéndose pública.

A finales de febrero los servicios jurídicos del Parlamento ya reconocieron que los miembros de la comisión de investigación “pueden requerir al Gobierno de Navarra la remisión” de las actas de la entidad, “siempre y cuando los documentos sean relevantes para que el Ejecutivo lleve a cabo su labor de protectorado sobre la Fundación y el Parlamento de Navarra, a su vez, sus facultades de control sobre el Gobierno”.

El informe está firmado por la letrada mayor de la Cámara foral y fue elaborado después de que el presidente de la comisión de investigación, Unai Hualde (Geroa Bai), preguntase por las posibles limitaciones legales a la hora de acceder a los documentos. En la resolución, la letrada especifica que las peticiones “deben venir fundamentadas en la necesidad de dicha documentación a los fines de la investigación”.

Pese a ello, los regionalistas, que el pasado 24 de febrero ya votaron en contra del plan de trabajo aprobado por el cuatripartito y el PSN, reclaman ahora un nuevo informe a los propios servicios jurídicos del Parlamento en un intento de frenar la investigación o, al menos, dilatar el proceso parlamentario que encara ya su recta final. El representante de UPN, Luis Zarraluqui, plantea así que la documentación relacionada con el ejercicio de protectorado que tenía asignado el Gobierno de Navarra se limite a la Fundación Can, y por tanto, no incluya la documentación relacionada con los órganos de Caja Navarra y de Banca Cívica. No obstante, en caso de hacerlo, plantea que la información sea “adecuada, pertinente y no excesiva” de manera que se guarde “la debida proporcionalidad atendiendo a la protección de su titular”. Zarraluqui plantea incluso que los servicios jurídicos digan qué probabilidad hay de que los parlamentarios sean considerados “responsables solidarios” si la información recogida en las actas de Caja Navarra acaba siendo pública.

Para evitar que la táctica dilatoria de UPN obstaculice el proceso, la comisión de investigación tiene previsto volverse a reunir mañana y reclamar de urgencia el informe propuesto por Zarraluqui. De forma que las cuestiones planteadas queden resueltas para el miércoles, fecha en la que el Gobierno foral debe contestar si considera que las actas de las reuniones de los órganos de gobierno de Caja Navarra celebradas durante los años 2000 a 2012 constituyen documentación relevante y necesaria para ejercer su función de protectorado.

En caso de que sea así, el Parlamento pedirá al Gobierno que habilite un espacio en sus dependencias donde los miembros de la comisión puedan acceder al contendido de las actas y recabar aquella información que consideren imprescindible para la investigación, sujetos al deber de secreto y confidencialidad respecto de su contenido. Los parlamentarios tendrían hasta el 30 de abril para analizar la documentación y seleccionar lo que sea de interés.

A falta de comprobar el contenido exacto de las actas, la comisión considera que dado su volumen puede ser relevante para aclarar dos de los pilares de la investigación parlamentaria. Por un lado, la labor de supervisión realizada por el Gobierno de Navarra durante las fechas señaladas y, por otro, el análisis del patrimonio de la entidad desde 2005 hasta su desaparición.

Las comparecencias

Del 15 de mayo al 15 de junio

Plan de trabajo. Si el Gobierno foral da su opinión favorable y el recurso de UPN no lo impide, los miembros de la comisión parlamentaria tendrán hasta finales de abril para analizar las actas de Caja Navarra y Banca Cívica en dependencias facilitadas por el propio Ejecutivo. A partir de entonces, se abriría un plazo de diez días para registrar las comparecencias que debería acordar después por mayoría la propia comisión. Estas se llevarían a cabo en un plazo fijado entre el 15 de mayo y el 15 de junio. Quince días después se procedería a la presentación de las conclusiones y a la finalización de los trabajos. El plan de trabajo fue apoyado por todos los grupos menos por UPN. El PPN no participó en la reunión. - D.N.