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juicio del llamado 'caso Romanones'

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Román Martínez por abusos sexuales a un menor

El sacerdote, que niega las relaciones, es el único acusado del caso Romanones

Martes, 7 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

El padre Román, a su llegada a la sede de la Audiencia Provincial de Granada.

El padre Román, a su llegada a la sede de la Audiencia Provincial de Granada. (EFE)

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El padre Román, a su llegada a la sede de la Audiencia Provincial de Granada.Román Martínez, único acusado del caso Romanones, en la sesión de ayer.

granada- El juicio del llamado caso Romanones arrancó ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada con la declaración del único acusado, el padre Román Martínez, que se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de cárcel por supuestos abusos sexuales a un menor desde 2004 a 2007.

La vista oral se celebrará en el transcurso de nueve sesiones hasta el próximo 21 de marzo, estando previsto que declaren cuarenta testigos, entre ellos el arzobispo de Granada, Javier Martínez, y 14 peritos propuestos por las partes.

La Fiscalía atribuye al padre Román un delito de abuso sexual continuado agravado por el resultado de acceso carnal, por el que, además de los nueve años de cárcel, solicita prohibición de aproximarse a la supuesta víctima a menos de 100 metros y de comunicarse durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice a la víctima en 50.000 euros por daño moral.

A la declaración de ayer del acusado, le seguirán la de un total de cuarenta testigos propuestos por las partes y distribuidos en distintas sesiones hasta el 13 de marzo.

Posteriormente le tocará el turno a los peritos, 14 especialistas que declararán ante el tribunal en las sesiones previstas el 14 y el 20 de ese mismo mes. La última jornada del juicio, el día 21, se dedicará a la prueba documental y a las conclusiones finales, además de tener el acusado la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra.

La acusación particular, ejercida por la supuesta víctima de los abusos, atribuye al padre Román tres delitos de abuso sexual por el que solicita 26 años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse durante 20 años y una indemnización de 50.000 euros por daño moral. La acción popular, ejercida por la Asociación Prodeni, atribuye al acusado un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal. Pide para él la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por 15 años, privación de residir en el lugar en que resida la víctima por 15 años y prohibición de aproximarse y comunicarse con ella durante 15 años, así como una indemnización de 75.000 euros por daño moral. La defensa solicita por su parte la libre absolución y ha reclamado la anulación del expediente canónigo.

Por su parte, el padre Román niega haber mantentido ninguna relación amorosa ni sexual ni con jóvenes ni con ningún cura de su círculo de amigos. Las relaciones han sido solo fraternales, en todos los casos, y fruto del asesoramiento cristianos que se le solicitaba.

cronologíaEl caso se hizo público en noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas, diez sacerdotes y dos laicos.

La Audiencia de Granada acabó declarando prescritos los delitos que se le atribuían a once de ellas, confirmando que la causa sólo debía continuar contra Martínez, considerado el líder del grupo.

Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer denuncia contra todos los afectados. - Efe/E.P.