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El mismo tribunal tuvo otro criterio en los amaños

caso estimó entonces que la conducta de los dirigentes era ajena a la actividad del club

Viernes, 10 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

pamplona- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra que ha imputado ahora a Osasuna por el delito fiscal fue la misma sala encargada de decidir sobre la imputación del club en el caso de los amaños. En aquel caso el criterio fue bien distinto, porque entonces estimó que no ha quedado demostrado que Osasuna careciera de unos adecuados sistemas de vigilancia y control y, como tales se hacían referencia a la figura del gerente, cuyas funciones delimitaban los estatutos del club, la figura del auditor externo o la presencia de una comisión económica a la que la junta directiva debía rendir cuentas.

Sin embargo, aunque en este caso fueran similares los argumentos usados para defender la no imputación del club, la Audiencia entiende que el hecho de pagar impuestos como el IVA y el IRPF de manera ordinaria, o así debía haber sido, exigía otro tipo de control dentro de la entidad. Si bien las conductas llevadas a cabo por los dirigentes de Osasuna y que se investigaron en la pieza principal de los amaños fueron calificados como “conductas y actividades totalmente ajenas a la actividad esperable del club”, en el presente caso, la obligación tributaria “es una conducta previsible y exigible dentro de la propia actividad del club”. Se trata de una “obligación tributaria esencial”, que según los magistrados es fácil de constatar y de controlar en caso de que se haya abonado o no se haya procedido a dicho pago. La decisión de la Audiencia Provincial es firme y, por lo tanto, obliga ahora a la juez instructora a cambiar el criterio que había seguido hasta ahora en la causa y todo hace indicar que terminará con el club rojillo respondiendo en el banquillo de los acusados por el delito fiscal.

LO QUE DIJO LA INSTRUCTORAEn la resolución ahora revocada por la Audiencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona exponía que el Club Atlético Osasuna disponía de los sistemas previstos en los Estatutos vigentes al momento de ocurrir los hechos -gerente y Comisión Económica- y un control externo impuesto por la normativa deportiva y que establecía la obligación de presentar anualmente las cuentas auditadas.

Todo ello, argumentaba la magistrada, fue analizado por la Audiencia Provincial y considerado suficiente para concluir “que la falta de control no podía deducirse sin más de la comisión de un presunto ilícito penal cometido sin conocimiento de todos los miembros de la Junta Directiva e incluso con ocultación”.

En este sentido, la juez destacaba que Osasuna había ido presentando las certificaciones emitidas por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra en los que se hacía constar expresamente que, comprobados los datos, Osasuna estaba al corriente de sus obligaciones tributarias. Asimismo, la magistrada detallaba en la resolución seis medidas de control que tenía el club conforme a los estatutos, la comisión económica, los libros de contabilidad y el reglamento de control económico de la Liga de Fútbol Profesional. - E.C.

LAS CANTIDADES

la multa va a la hacienda estatal

A la Hacienda Foral, la responsabilidad civil. Aunque el procedimiento al que se enfrenta Osasuna y los que fueron sus directivos con Izco y Archanco haya sido instado por la Hacienda Foral, en caso de que el club sea condenado a la multa prevista en el Código Penal (el doble de lo defraudado serían 12 millones y el cuádruple, 24), estas cantidades de 12 o de 24 millones irían a parar a la Hacienda estatal, la encargada de recaudar aquellas multas que devienen de condenas penales en la Administración de Justicia. La Hacienda Foral sí podría recuperar los 6 millones de responsabilidad civil que denunció que se le ha defraudado.