Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Navarra
Con la venia

Otra bochornosa asignatura pendiente

Por Pablo Muñoz - Domingo, 12 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Galería Noticia

Hace poco menos de un mes, cientos de personas se concentraban en Donostia para denunciar el haber sido víctimas de torturas o malos tratos en dependencias policiales. Con un simple vistazo a las fotografías que sobre ese acto se publicaron podía comprobarse que el abuso de fuerza contra detenidos viene de muy atrás, quién sabe si desde siempre, dada la edad avanzada de muchos de los concentrados. Para algunos puede ser verdad verdadera o para otros pura leyenda urbana eso de que los detenidos etarras denunciasen en todos los casos haber sido torturados porque así lo exigía la disciplina de la organización. Según esa doctrina, eso de las torturas era una falsedad táctica.

Con ese trámite interpretativo de las denuncias de torturas, quizá buena parte de la sociedad vasca -y no digamos la española- intentaba tranquilizar sus conciencias. Pero esta anestesia queda neutralizada con los datos que ha examinado y presentado el Instituto Vasco de Criminología, según los cuales de los 3.577 casos denunciados entre 1960 y 2016 sólo un 2% presenta inconsistencia en relación a tortura propiamente dicha, pero sí como trato inhumano o uso excesivo de la fuerza durante la detención. “Estos datos indicarían que la tortura ha sido una extendida y persistente violación de derechos humanos en relación con las personas detenidas en régimen de incomunicación, y que las medidas de prevención han sido ineficientes o ineficaces”.

El entrecomillado es parte de las conclusiones del documento “Afrontar el pasado para construir el futuro: Verdad, Justicia y Reparación en el contexto del País Vasco”, hecho público recientemente por Amnistía Internacional y en el que se interpela a las autoridades del Estado español y se denuncia su pasividad, cuando no complicidad, en los numerosos casos de torturas denunciados por detenidos. Por supuesto, habrá también quienes menosprecien los pronunciamientos de Amnistía Internacional y traten a esa entidad como un grupo de perroflautas, rojos intrigantes y sectarios. Olvidan, por supuesto, que se trata de una organización global e independiente formada por más de siete millones de personas que actúan contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en todo el mundo.

El documento citado supone una severa amonestación al Estado español por su inhibición ante una de las más infames vulneraciones de los derechos humanos, perpetrada además por funcionarios públicos. Amnistía Internacional se suma a otra instancia que se supone libre de toda sospecha como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en siete ocasiones ha denunciado al Estado español por no investigar los casos de torturas denunciados por detenidos. Una denuncia, la del Tribunal Europeo, que ha causado “indignación y vergüenza” a Jueces para la Democracia por la actitud de las autoridades españolas ante las denuncias de tortura.

La lectura atenta de las 55 páginas del documento de Amnistía Internacional supone un relato estremecedor que confirma una práctica inhumana, consentida y amparada por las autoridades españolas. No solamente detalla en número y consistencia las denuncias presentadas, sino que además alarma por la no adecuación del delito de tortura en el Código Penal español a la definición establecida por la Convención de Naciones Unidas sobre torturas, malos tratos o penas crueles. Para mayor bochorno sobre la inhibición de las autoridades españolas ante la tortura, el informe concreta que de los miles de casos denunciados solamente en 21 ocasiones se llegó a sentenciar a 50 funcionarios, de los que 27 fueron indultados, o absueltos por prescripción, o no identificados sus responsables directos. Y, peor aún, esta sensación de impunidad se agrava cuando las autoridades evitan proporcionar información o adoptar medidas para garantizar que esos hechos no ocurran.

Ni denunciantes adoctrinados para simular torturas, ni organización internacional de perroflautas. La tortura, los malos tratos y abusos degradantes por parte de funcionarios al servicio del Estado español ha sido una práctica generalizada. Más aún, es lógico sospechar que es habitual en algunas cloacas policiales del mundo entero. Lo que no tiene un pase es que se niegue sistemáticamente, o que se mire para otro lado ante su evidencia, o que, simplemente, se excluya del famoso Relato que está por escribir sobre el pasado reciente de nuestra convivencia.

El documento de Amnistía Internacional propone al Gobierno español nueve recomendaciones para evitar la indeseable práctica de la tortura. La penosa experiencia hace sospechar que no las va a poner en práctica. O peor aún, que ni siquiera las va a leer.