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Republicanismo

Volverá a ocurrir

Por Santiago Cervera - Domingo, 12 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

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Los 623 kilómetros que separan Madrid y Barcelona no han sido distancia suficiente como para que la escena fuera distinta. En la Audiencia Nacional, juicio del caso Gürtel, Correa explica que gestionaba adjudicaciones en los ministerios a cambio de ingresos en la cuenta B del PP. En la Audiencia Provincial de Barcelona, juicio del caso Palau, Millet detalla que a cambio de adjudicaciones en la Generalitat él recibía donaciones que a su vez entregaba a CiU. Es lo mismo, tal vez un poco más sofisticado -y menos pijochulesco- en el caso catalán. El espectador que asiste a tan obscenas confesiones debe pensar que esos comportamientos son el fruto de la codicia humana, personal o grupal, y que lo que hay que hacer para impedirlos en lo sucesivo es aplicar mayores condenas y hacer de los juicios un akelarre punitivo, ese carácter ejemplificador de la justicia que algunos reclaman. Seguro que no faltan optimistas que además piensan que esto es cosa de otra época, dada la aberrante lentitud de la justicia, y que ya no se roba tanto porque a quienes lo hicieron les han pillado.

En cambio, nada se ha hecho por corregir las causas profundas que propenden la corrupción, y que van mucho más allá del código penal. Si se repasan las medidas que algunos partidos han propuesto contra la podredumbre apenas encontramos el endurecimiento de penas, la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos o la prohibición de las donaciones anónimas a los partidos políticos. Dejemos al margen la disquisición sobre si al delincuente le disuade el saber que va a enfrentarse a más o menos años de cárcel -seguro que todos se consideran inmunes a la acción judicial, y no han sido desmentidos por la Infanta Cristina-;incluso olvidemos el eterno problema de la financiación de los partidos, en el que la hipocresía supera cualquier racionalidad. Lo que propende la corrupción no es la codicia humana, que seguramente será igual en Dinamarca que en España, sino las propias reglas de funcionamiento de la política. Citaré tres. Una, el hecho de que se otorgue al poder público tanta capacidad de intervención sobre la economía y la ejecutoria social, que se haya constituido en un auténtico monopsonio en relación con las grandes obras y servicios, y que se dedique a regular todo lo imaginable, imponiendo decisiones administrativas en cualquier sector de actividad. Dos, los absurdos, anacrónicos y opacos sistemas de la adjudicación pública, basados en procedimientos aplicados por gente a la que gusta vivir en la penumbra, eludir responsabilidades, sombras propicias para todo tipo de discrecionalidades. Y tres, que la sociedad sigue viendo con buenos ojos a todo aquel político que se desempeña con prodigalidad, el que promete y acomete obras sean o no necesarias, el que presume de dejar tras de sí cosas tangibles, para el que gobernar es gastar, y habitualmente hay que hacerlo en ocurrencias.

Nadie ha planteado las reformas que han de acabar realmente con la corrupción. Con mayor o menor sofisticación los delitos volverán a ocurrir. Y no será porque no haya modelos en los que encontrar soluciones. Frente a la siniestra opacidad de la administración española, hay países en los que es posible saber el nombre del funcionario que tiene en su mesa un determinado expediente. Aquí cualquier procedimiento sujeto a autorización o licencia se puede eternizar hasta que el afectado tenga a bien engrasar el mecanismo o influir por vía indebida. Por eso esta corrupción basal está presente en la mayoría de las pequeñas y medianas administraciones, y sólo es cuantitativamente distinta de la que también se ha visto emanar de la propia jefatura del Estado. Frente a los rancios procesos de contratación pública, que sólo están pensados para dar de comer a la mediocridad funcionarial, se deberían crear algoritmos automatizados y certificados capaces de otorgar las adjudicaciones, los mismos que ya se usan cotidianamente para cosas más importantes como elegir rutas de transporte o ayudar a que los médicos diagnostiquen mejor. Pero sobre todo, sería conveniente poner siempre bajo sospecha a esos políticos que un día cualquiera debutan en titulares con una ocurrencia magnánima, igual da el Reino de Navarra Arena, el Auditorio de Puerto Lumbreras o la Ópera de Palma. La historia demuestra que la motivación última suele ser inconfesable, y el problema de fondo una sociedad pastueña que considera al mandatario como un benefactor.