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El caso Pretoria, nuevo revés para Convergencia

El fiscal pacta con el exconsejero de Economía Alavedra para que confiese el mayor escándalo catalán de corrupción urbanística

Martes, 14 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

El ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, el exconsejero Alavedra, el exdiputado Luis Andrés García, y el exalcalde Bartomeu Muñoz.

El ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, el exconsejero Alavedra, el exdiputado Luis Andrés García, y el exalcalde Bartomeu Muñoz. (Foto: Efe)

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El ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, el exconsejero Alavedra, el exdiputado Luis Andrés García, y el exalcalde Bartomeu Muñoz.

pamplona- Dos de los once acusados en el caso Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, Gloria Torres y Philip Mc Mahan, aceptaron una pena de seis meses de cárcel por ayudar a ocultar comisiones ilegales percibidas por el exconsejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra. Lo hicieron en la primera sesión del juicio que inició ayer la Audiencia Nacional, coincidiendo con la sentencia por la consulta del 9-N, en el que la fiscal pide penas de hasta ocho años de cárcel para los otros nueve acusados, entre ellos los exdirigentes de Convergencia Macià Alavedra y el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, ambos hombres de confianza del expresidente de Cataluña Jordi Pujol.

Ambos se enfrentan a una petición de la fiscal de seis años y diez meses de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco de esta trama de cobro de comisiones por adjudicaciones de obras en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona entre 2001 y 2009, con la que se habrían defraudado unos 45 millones de euros.

No obstante la fiscal ha ofrecido una rebaja en su petición de pena para Alavedra y Manuel Carrillo -para quien solicita tres años de cárcel por sobornar supuestamente al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartolomé Muñoz- pero que la concretaría en la fase de conclusiones definitivas al final del juicio dependiendo del contenido de sus declaraciones.

Además, la rebaja de la petición de pena para Alavedra también estaría sujeta al pago de 10,3 millones euros de multa.

Esa intervención en el juicio podría suponer un nuevo revés para Artur Mas y el PEDCat en el peor momento para ambos, similar al ya sufrido por el caso Palau y las declaraciones de Fèlix Millet y Jordi Montull.

Por si esto fuera poco, el tribunal ha admitido que se escuchen en la vista unas conversaciones telefónicas comprometidas en las que Alavedra habla con Mas y con Pujol y que la Fiscalía considera que acreditan el delito de tráfico de influencias.

Se calcula que el fraude presuntamente cometido entre 2001 y 2009 en mayor caso de corrupción urbanística en Catalunya pudo ascender a 45 millones de euros. - D.N.