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Navarra prioriza asumir las competencias de I+D, Tráfico e instituciones penitenciarias

El Gobierno ha encargado a sus departamentos que hagan la lista de competencias que va a reclamar al Estado
Entre ellas se incluyen el régimen económico de la Seguridad Social y la conversión de la Policía Foral en un cuerpo “integral”

Andoni Irisarri | Patxi Cascante - Miércoles, 15 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

La directora general de Presidencia y Gobierno Abierto, Edurne Eguinoa (i), y la consejera Mari Jose Beaumont (d), ayer en el Parlamento foral.

La directora general de Presidencia y Gobierno Abierto, Edurne Eguinoa (i), y la consejera Mari Jose Beaumont (d), ayer en el Parlamento foral.

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La directora general de Presidencia y Gobierno Abierto, Edurne Eguinoa (i), y la consejera Mari Jose Beaumont (d), ayer en el Parlamento foral.

PAMPLONA- Tráfico, investigación científica y técnica (I+D), instituciones penitenciarias y la integralidad de funciones para la Policía Foral son las prioridades competenciales que el Gobierno foral quiere pedir al Estado antes de que finalice la actual legislatura. Cumpliendo con el mandato del acuerdo programático, todos los departamentos del Ejecutivo navarro están elaborando una lista con las competencias a asumir por la Administración foral, con el objetivo de establecer un orden de prioridades y necesidades a la hora de solicitar al Estado la transferencia de servicios ya contemplados en la ley que regula el autogobierno de Navarra desde 1982, así como otros servicios reservados por el Estado y que también podrían pedirse para pasar a ejercerlos con total autonomía.

Así lo explicó ayer, en comisión de Régimen Foral celebrada en el Parlamento, la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont. Acompañada por la directora general de Presidencia y Gobierno Abierto, Edurne Eguinoa, Beaumont compareció a petición de Geroa Bai para informar sobre cómo se encuentra el marco competencial estipulado en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna), su grado de cumplimiento 35 años después y los planes futuros del actual Gobierno para asumir, al menos, aquellas competencias ya esbozadas en el acuerdo programático suscrito por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y sobre el que se sustenta el Gabinete de Uxue Barkos.

Para enmarcar las reclamaciones competenciales que el Gobierno de Navarra ya está estudiando, Beaumont se remontó a 1982, año en el que quedó aprobado el Amejoramiento del Fuero, la ley que regula el autogobierno de Navarra y que en la práctica funciona como un estatuto de autonomía. En aquel texto, ratificado exclusivamente por el Parlamento foral el 15 de marzo de 1982, se adjuntaba la serie de servicios y competencias susceptibles de ser asumidas, y cuyo trasvase desde el Estado comenzó en 1985. Desde entonces y hasta 2001, Navarra ha asumido hasta 60 áreas (incluyendo ampliaciones de servicio) de muy diversa índole: sanidad, turismo, patrimonio, urbanismo, defensa del consumidor, colegios profesionales o medio ambiente. Materias que se han ido sumando a las competencias que ya por su carácter foral tenía atribuidas Navarra, y que incluían la regulación de las instituciones propias, el régimen de los funcionarios públicos, los ferrocarriles, carreteras y caminos o la existencia de la Policía Foral.

Sin embargo, el proceso de transferencia competencial fue paulatinamente disminuyendo desde los años 90 hasta quedar paralizado en 2001, algo que ha provocado que una serie de competencias dispuestas en el Amejoramiento se hayan quedado en el camino, y ya tengan casi la categoría de reclamación histórica. Son, por ejemplo, las competencias de tráfico y circulación en exclusividad, la investigación científica y técnica (dentro de las que estaría la I+D), las instituciones penitenciarias o el régimen económico de la Seguridad Social. Además, la gestión del tráfico pasaría a depender sólo de la Policía Foral (en la actualidad se comparte con la Guardia Civil), cuerpo para el que también se reclamarían todas las competencias en transportes, seguridad ciudadana, medio ambiente, espectáculos públicos, actividades clasificadas y orden público integral.

todavía sin negociacionesTeniendo en cuenta que ya han pasado más de 15 años desde que se realizase la última cesión competencial y en arreglo al acuerdo programático, el actual Gobierno se ha propuesto reactivar las negociaciones con el Estado para pedir los servicios pendientes de traspaso. Los contactos, tal y como concretó ayer la consejera Beaumont, ni siquiera han comenzado. El Ejecutivo se encuentra perfilando la lista de prioridades y el proceso tiene un carácter de muy provisional, pero es algo que está en la agenda del Ejecutivo y en lo que se tiene intención de ir avanzando poco a poco. Sobre todo porque este tipo de negociaciones son largas, necesariamente deben darse entre dos delegaciones (una del Estado y otra de Navarra) y tienen repercusión directa sobre la aportación del Convenio Económico. Hasta la fecha -“y dada la situación política en el Estado”, especificó Beaumont-, no se ha dado ningún paso. Pero como ya ocurriese con las negociaciones del Convenio, Navarra ha decidido ir adelantando trabajo. Así, el 21 de septiembre de 2016 el Gobierno aprobó las instrucciones para ir conformando su delegación en la Junta de Transferencias (el foro de debate entre ambas administraciones para fijar las competencias) y tal y como detalló ayer la consejera, “a finales de febrero el Gobierno recibió del Parlamento foral la lista de representantes de los partidos políticos y sus respectivos asesores” que acompañarán a los miembros del Ejecutivo en las negociaciones y que se oficializará en los próximos días.