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Reemplazo para el Defensor del Pueblo

La interinidad de Enériz, indeseada por él mismo, obliga a un pacto en el Parlamento para acometer con urgencia el relevo con un perfil adecuado para una institución válida desde las premisas de independencia y coste razonable

Jueves, 16 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

elegido como Defensor del Pueblo en 2007 para un periodo de seis años, Francisco Javier Enériz acumula cuatro años de interinidad y considera lógicamente cumplida su etapa mientras los partidos políticos se muestran incapaces de consensuar un candidato que recabe el apoyo imprescindible de treinta parlamentarios, las tres quintas partes de la Cámara. Se trata de una cuestión perentoria para la dignidad institucional del propio Legislativo foral, que debe acreditar su madurez pactando de una vez otro perfil adecuado para el puesto, pero sobre todo para la prestancia de la misma Defensoría del Pueblo tras un cometido desarrollado cabalmente y con un compromiso inequívoco por sus dos titulares, María Jesús Aranda con motivo de su creación en 2001 y el referido Enériz. Aunque UPN votó favorablemente ambos nombramientos tras pactarlos con el PSN en el primer caso y con CDN en el segundo, sus reticencias respecto a esta figura, de la que en 2013 pidió formalmente la supresión -a la que después se adhirió el PP-, le colocan en pésima posición para contribuir al relevo. Más allá de la evidencia aritmética de que los números dan con la suma de las cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno y el PSN, una adición de progreso que debería deparar un nuevo Defensor emanado del sentido común y la voluntad de acuerdo, con propuestas cruzadas asumibles para todos los interlocutores. Bien entendido, en primer lugar, que esta institución está recogida de forma expresa en el Amejoramiento (Lorafna), por lo que su supresión debiera conllevar tanto el plácet del Parlamento navarro como el de las Cortes españolas, según el artículo 71 de dicha norma;y, en segunda instancia, que la Defensoría del Pueblo se ha demostrado un utensilio perfectamente válido para brindar amparo a la ciudadanía ante la Administración y para obligar con sus requerimientos y recomendaciones a los poderes públicos a un ejercicio de transparencia inédito en muchas entidades. Así lo corroboran las más de 600 investigaciones que este organismo acomete cada año, a raíz de las quejas de los ciudadanos pero también de oficio, y en ámbitos tan variados como educación, sanidad, bienestar social, función pública, euskera, memoria histórica, medio ambiente, hacienda, seguridad ciudadana o urbanismo. Una actividad de acendrado servicio público que merece continuidad, siempre desde la doble premisa de una independencia blindada y de un coste razonable, como es el caso.

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