Servicios de farmacia en centros sociosanitarios

Por Tere Sáez Barrao - Jueves, 16 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:09h

el Gobierno de Navarra ha concedido una subvención de 5.456.000 euros (Resolución 1054/2016 de 21 de noviembre del director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea) a varias empresas propietarias de centros residenciales privados para sufragar el funcionamiento de sus servicios de farmacia durante los próximos cuatro años. Este dinero servirá para cubrir tanto los gastos de personal, como de funcionamiento de los locales -limpieza, agua, electricidad, calefacción- y el transporte de medicamentos en un total de trece residencias privadas. Dicha subvención viene a dar continuidad a los pagos que se vienen efectuando desde hace más de diez años desde el Departamento de Salud para el mismo concepto.

El grupo Podemos-Ahal Dugu presentó en enero una pregunta oral dirigida al consejero de Salud en la que solicitaba aclaraciones sobre esta convocatoria de subvenciones, que sorprendía por su elevadísima cuantía, y que fue contestada en el Pleno del Parlamento del 9 de marzo. En su contestación, el consejero aludió a que la existencia de esos servicios de farmacia en los centros residenciales, a cargo de una persona farmacéutica especialista, tiene ventajas de tipo asistencial y económico dado que, por una parte, se promueve un uso más seguro y adecuado de los medicamentos y se reducen los efectos adversos en los y las pacientes y, por otra, la compra directa de medicamentos al laboratorio y la facturación posterior al SNS-O a PVL (precio de venta del laboratorio, que es en torno a un 30% menor al precio de venta al público) permite un ahorro económico respecto al método tradicional a través de receta.

Ambos argumentos son ciertos y coincidimos con ellos pero, desde nuestro punto de vista, no justifican unas subvenciones de semejante cuantía a empresas privadas que también reciben dinero del Gobierno de Navarra merced a que tienen establecidos conciertos con el Departamento de Derechos Sociales para la ocupación de plazas residenciales por parte de personas en situación de dependencia. Y nuestras razones se resumen en dos.

Por una parte, la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica, establece la obligación de tener servicio de farmacia a todos los centros sociosanitarios que dispongan de cien o más plazas de asistidos. Por tanto, la existencia de un servicio de farmacia debe ser un requisito indispensable tanto para la autorización del centro como para la concertación de plazas residenciales con Derechos Sociales. En ningún caso se justifica que las empresas propietarias de las residencias deban recibir una subvención del Gobierno de Navarra para poder cumplir con esta obligatoriedad, igual que no reciben ninguna subvención por tener servicio médico o de enfermería propios, condición a la que también están obligadas. Además, en aquellos casos en los que un centro residencial privado queda exento de la obligación de disponer de servicio médico y enfermería propios, es el SNS-O el que aporta los y las profesionales que sean necesarios, pero nunca se subvenciona a las empresas para que éstas contraten personal propio, ni mucho menos para pagar gastos de electricidad, agua o calefacción de las consultas citadas.

Y por otra, como ya hemos comentado en otras ocasiones, creemos que debe apostarse por la centralización de compras, la compra directa y la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Eso significa que, en este caso, los medicamentos que se emplean en los centros residenciales que estamos considerando se podrían comprar a un precio menor si la adquisición la realizase el Departamento de Salud en lugar de cada uno de las empresas propietarias. Esto es así porque tanto la centralización de compras como los múltiples mecanismos de que dispone la Administración, gracias a la contratación pública -concursos, acuerdos de riesgo compartido, subastas, etcétera- permiten negociar desde una situación de mayor fuerza con los proveedores y generar unos mayores ahorros. Algo que ya están haciendo algunas comunidades autónomas.

Por estos motivos creemos que no procede que el Gobierno de Navarra subvencione a empresas privadas que obtienen beneficios gracias a concertar servicios con el Departamento de Derechos Sociales por mantener estructuras y profesionales a los que están obligados legalmente. Y que esta situación evidencia que la coordinación entre los Departamentos de Salud y Derechos Sociales debe mejorarse. La atención a las personas ingresadas en estos centros residenciales, en situación de dependencia y especialmente vulnerables, exige un mayor esfuerzo de coordinación y una gestión transparente y eficaz para que pueda alcanzar a toda la población que lo necesite. Gestiones que deben de estar bien coordinadas con atención primaria y los hospitales de la zona.

Con el ahorro de gran parte de esos 5.456.000 euros se podría garantizar por ejemplo algo más la gratuidad de medicamentos para las rentas menores a 18.000 euros.

La autora es parlamentaria de Podemos Ahal Dugu y Grupo de Salud