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Un error del Gobierno de UPN eleva en 60.000 € al año el peaje en la sombra de la A-21

El Supremo desestima el recurso del Ejecutivo, que debe pagar por 676 metros sin construir
En el contrato para licitar la vía se contempló una distancia ‘virtual’

Enrique Conde - Jueves, 16 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Aspecto de la A-21 a su llegada a Yesa, con los túneles al fondo.

Aspecto de la A-21 a su llegada a Yesa, con los túneles al fondo. (Javier Bergasa)

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Aspecto de la A-21 a su llegada a Yesa, con los túneles al fondo.

pamplona- Un error en la configuración del contrato concesional de la A-21 (Autovía a Jaca) durante el Gobierno de UPN y que añadía 676 metros virtuales e inexistentes respecto a la distancia real va a suponer un sobrecoste de 60.000 euros al año que sumar durante los 30 años de explotación de la infraestructura al sistema de peaje en sombra sobre el que se financió la vía. El Supremo ha desestimado el recurso de casación que presentó el Gobierno de Navarra ante el fallo del TSJN que daba la razón a la concesionaria, Autovía del Pirineo S.A. por los metros a pagar.

El tribunal navarro estimó un recurso de la empresa en 2014 en el que resolvió que la longitud válida a efectos de calcular el Canon de Estado de Infraestructura y Calidad del Servicio (CEICS) es la que Obras Públicas estipuló en el pliego de cláusulas administrativas y en el expediente de contratación (46,097 kilómetros) y no la que sostiene que se han construido efectivamente (45,421 kilómetros). Dicha desviación supondría un sobrecoste de 60.000 euros al año, para un desembolso total que rondaría los 1,8 millones de euros hasta 2043. Así las cosas, procede ahora revisar el cálculo del CEICS desde el origen (a partir de enero de 2012), y abonar las cantidades que correspondan a la concesionaria de acuerdo con las diferencias entre el canon (CEICS) que sale tomando la longitud de 46,097 lm, y el que sale (y se ha venido abonando hasta ahora) considerando los 45,421 km que se venían “interpretando” desde el Gobierno de Navarra,

En la sentencia inicial ya se señalaba que en el pliego de cláusulas administrativas y el expediente de contratación de obras para la construcción y explotación de la Autovía del Pirineo se establece una longitud de la vía de 46,097 kilómetros para el cálculo del CEICS, que tiene en cuenta la calidad de gestión y disponibilidad de la infraestructura viaria. No obstante, por resolución de la Directora General de Obras Públicas se fijó en 45,421 kilómetros la longitud definitiva del tronco de la Autovía del Pirineo al objeto de medición del tráfico y abono del canon.

UPN RECURRIÓ Y, AHORA, COSTAS Frente a ello, el Gobierno foral se opuso a la demanda al afirmar que el cálculo de longitud contenida en el pliego de condiciones se hizo “con carácter provisional al objeto de que todos los licitadores utilizaran los mismos parámetros a la hora de realizar sus ofertas”. Y con Zarraluqui, como consejero de Fomento de UPN, el Gobierno defendió que “nos encontraríamos ante un supuesto de enriquecimiento injusto a favor de la concesionaria porque supondría que se acepta como medición una longitud de autovía que excede de la real”. Pero el TSJN ya rechazó ese argumento de que el enriquecimiento fuera injusto puesto que “no era de recibo” ya que había que pagar según el contrato, que se refería a la aprobación de las tarifas del canon de demanda y del CEICs controvertido se mantenía el equilibrio económico financiero del contrato”. Este volvió a ser uno de los motivos por los que el Ejecutivo recurrió al Supremo para darle la vuelta.

Pero el Alto Tribunal da la razón a la empresa que “razona debidamente que la longitud de la autovía a efectos del cálculo del CEICS no fue solo fijada en una cláusula del pliego sino que fue reiterada en varias cláusulas, lo que era notoriamente distinto del canon de demanda. Si la administración lo consideraba provisional mas no hizo tal indicación, debe estar al resultado de sus propias omisiones”, dice ahora el Supremo, que recuerda según su propia jurisprudencia que las dudas sobre las interpretaciones en las cláusulas contenidas en los contratos “deben resolverse en el sentido más favorable para la parte que hubiera suscrito el contrato, ya que su oscuridad no puede favorecer los intereses de quien los ha ocasionado”. El TS también condena en costas a la parte recurrente y señala como cantidad máxima a reclamar por todos los conceptos (honorarios de letrados, depósitos, peritos y copias) la cantidad de 6.000 euros.