Narcís Serra, imputado por un ‘agujero’ de 720 millones de euros en Catalunya Caixa

Ordóñez afirma que desconocía los correos sobre la salida a bolsa de Bankia

Viernes, 17 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Fernández Ordóñez (izda), a su llegada a la Audiencia.

Fernández Ordóñez (izda), a su llegada a la Audiencia. (Foto: Efe)

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Fernández Ordóñez (izda), a su llegada a la Audiencia.

madrid- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por “notables irregularidades” en la gestión de CatalunyaCaixa (CX) contra su expresidente Narcís Serra y otros 14 ex altos cargos, entre los que está el ex director general Adolf Todó, por un agujero de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007 por el banco.

Anticorrupción defiende que la caja catalana realizó en este periodo “una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria” que fundó principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia, asegura la Fiscalía Anticorrupción en la denuncia remitida a la Audiencia Nacional.

Anticorrupción presentó la denuncia por un presunto delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el texto constata que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.

“En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados”, destaca la denuncia que asumirá un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Falta de preparaciónLa caja, a través de sus órganos de gobierno -Consejo de Administración o Comisión Ejecutiva- acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaban la mayoría del capital. Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés. En la mayoría de los contratos no se estableció cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones por expertos independientes.

En cuanto a la actuación del que fuera exministro de Defensa Narcís Serra, la denuncia especifica que se ha detectado “una total falta de preparación técnica” de la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración para aprobar cualquier propuesta.

Por ello, la Fiscalía concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran “quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho”.

Por otro lado, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez aseguró ayer en la Audiencia Nacional que desconocía la existencia de los correos que alertaban de la viabilidad del grupo BFA-Bankia antes de la salida a bolsa ya que no era su cometido y además, estaban equivocados.

Durante más de una hora, Fernández Ordóñez, que respondió en calidad de investigado a las preguntas de las acusaciones y de alguna de las defensas, dijo que no estaba al tanto de los avisos del inspector del organismo José Antonio Casaus y que hicieron bien en no enviárselos porque no tenía por qué conocerlos.

Además, como hizo antes su ex número dos en el regulador, Javier Aríztegui, destacó la coyuntura económica en el momento del debut bursátil, y aludió a la recesión de 2012, la crisis de la deuda soberana y la burbuja inmobiliaria como un contexto que nadie esperaba, según explicaron fuentes jurídicas.

Además, Ordóñez introdujo otro factor, al que calificó como “defecto de regulación”, y es que, en su opinión, el sistema no estaba de ningún modo preparado para una crisis financiera de ese tamaño.

presiones políticasEl exsubgobernador negó que hubiera presiones políticas durante la salida a bolsa de Bankia y puso el foco en que sus activos estaban bien valorados en el momento del debut. Señaló asimismo a la sala que el deber de proteger a los inversores le corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y no al Banco de España. - Efe/E.P.