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Períodico de Diario de Noticias de Navarra

El Gobierno cierra la vía escocesa que propone Catalunya

Argumenta que no puede negociar algo que es ilegal
El Govern promete impulsar con “discreción y astucia” el referéndum
JxSí quiere concentrar en septiembre la consulta y la ley de desconexión

Martes, 21 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Junqueras y Puigdemont bajan las escaleras del Parlament.

Junqueras y Puigdemont bajan las escaleras del Parlament. (Foto: Efe)

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Junqueras y Puigdemont bajan las escaleras del Parlament.

pamplona- Un referéndum negociado es imposible en España, y no es una cuestión de voluntad política, sino de legalidad. El Gobierno ha rechazado así la posibilidad de un acuerdo para convocar un referéndum en Cataluña a semejanza del celebrado en Escocia en 2014, tras la publicación de un artículo con esa propuesta firmado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

En la víspera de que el Parlament inicie el debate final de los presupuestos para 2017, Puigdemont y Junqueras pidieron ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la negociación de un referéndum acordado, aunque insisten en que no renunciarán a “ejercer ese derecho” si se mantiene el “rechazo frontal”. A raíz de ese artículo publicado en el diario El País, fuentes de la Moncloa han rechazado la posibilidad de un acuerdo sobre el referéndum y argumentaron que, a diferencia del caso escocés, en España “ni el Gobierno ni el Parlamento pueden negociar sobre lo que no les pertenece”, puesto que “la soberanía nacional corresponde al conjunto de los españoles”. Esa -puntualizaron en Moncloa- es la principal diferencia con el caso escocés que ponen de ejemplo. Aquí es ilegal”.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, instó a Puigdemont y Junqueras a que elijan entre el papel de “pirómanos o bomberos” y los acusó de hacer “trampa” por abogar por la negociación y al mismo tiempo dar “un ultimátum” sobre la convocatoria de un “referéndum ilegal”. En cambio, la consellera de la Presidencia, Neus Munté, denunció que “en estos momentos no hay abierta ninguna línea de diálogo” e insistió en que el Ejecutivo central “está sentado permanentemente en la mesa de la judicialización”.

Munté garantizó que el Govern trabajará “desde la máxima discreción” y para que los catalanes “puedan votar en un referéndum de autodeterminación en este año 2017”: “Haremos todo lo que esté en nuestras manos, actuaremos con astucia”, insistió. También señaló que la posibilidad de que todos los consellers del Govern acaben firmando el decreto de convocatoria del referéndum “tiene mucho sentido y coherencia” y destacó que las posibles inhabilitaciones ni les “espantan” ni les “hacen dudar”.

“Usar la violencia judicial y la represión de derechos debilita al Estado democráticamente”

joan tardá

Portavoz de ERC en el Congreso

“Puigdemont y Junqueras deben elegir entre el papel de pirómanos o bomberos”

enric

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, lamentó que el Gobierno mantenga su negativa a negociar el referéndum y advirtió a Rajoy de que usar “la violencia judicial”, la “represión” y la “vulneración” de derechos, “debilita” democráticamente al Estado. “Quizás para la ciudadanía catalana no haya nada nuevo en este artículo, -matizó- pero denota unidad de acción y perseverancia, además de reiterar que hasta el último momento tenderemos la mano al Estado, a los partidos políticos españoles y al Gobierno del reino de España para dialogar y negociar”.

“Esto -recordó- implica estar abiertos a hablar de la pregunta, de la fecha y de los procedimientos, puesto que utilizamos el modelo de Escocia con Gran Bretaña y, en consecuencia, seguiremos allanando el camino para poder sentarnos y negociar”.

Hoy por la tarde el Parlament iniciará el debate final de los presupuestos del Govern para 2017, que se prevé que sean aprobados mañana con los votos de Junts pel Sí y la CUP. Después de que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminara que la disposición adicional del proyecto presupuestario que alude al referéndum es inconstitucional, Junts pel Sí planteó una enmienda que incluye un guiño a la vía pactada con el Estado, al hacer referencia al Pacto Nacional por el Referéndum. En concreto, el nuevo texto indica que “el Govern, dentro de las disponibilidades presupuestarias para el 2017, tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a las necesidades de la convocatoria del referéndum sobre el proceso político de Cataluña”. Y añade que se tendrá “en cuenta el trabajo desplegado por el Pacto Nacional por el Referéndum de acuerdo con los criterios del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias”.

recurso al TCEl portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, instó a Puigdemont a convocar elecciones en Cataluña, en lugar de “repetir un 9N”, y planteó la posibilidad de pedir, junto con PSC y PP, que el TC frene los presupuestos del Govern. El secretario de Organización del PSC, Salvado Illa, señalo que si los presupuestos mantienen la disposición del referéndum, los socialistas presentarán un recurso de inconstitucionalidad, pero “no se sumarán” al que planteen PP o Ciudadanos.

Aunque, JxSí había planteado adelantar el referéndum a julio si aumentaba la presión judicial, ahora la coalición es más partidaria de situar en septiembre tanto la ley de desconexión como el referéndum, aprovechando el clima de movilización de la Diada. Concentrar el referéndum y la ley retrasaría la actuación del Tribunal Constitucional, que JxSí asume que querrá evitar la aprobación de la norma. El objetivo de la coalición es que el Gobierno pueda convocar el referéndum sin que la ley esté impugnada previamente.

Otro punto de atención para hoy será la reunión habitual del Govern, que esta vez ha invitado a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau para analizar la situación creada por las primeras inhabilitaciones por la consulta soberanista del 9N de 2014 y trasladarles un encargo sobre la difusión del proceso catalán. Puigdemont recibió ayer a cuatro diputados daneses, a los que animó a que denuncien internacionalmente la “judicialización” de la política que a su juicio practica el Gobierno de España. - D.N.