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navarra | importaban coches de alemania

Condenada una trama de concesionarios que defraudó 25 millones de euros a Hacienda

Seis condenados aceptaron entre 8 meses y 8 años de prisión pero ninguno será encarcelado
Se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas ya que los hechos juzgados son de 2007

Enrique Conde - Jueves, 23 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Concesionario de Pamplona precintado.

Concesionario de Pamplona precintado. (Javier Bergasa)

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Concesionario de Pamplona precintado.

pamplona- Una trama empresarial dedicada a la compraventa de vehículos que importaban desde Alemania y que defraudó 25 millones de euros a Hacienda entre los años 2005 y 2007 fue juzgada hace escasos días en el Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona, en el que resultaron condenados de conformidad con los hechos narrados seis integrantes de dicha trama, cinco varones y una mujer. Otro imputado había fallecido en el transcurso de la instrucción de la causa y uno no fue juzgado al estar en busca y captura. Se trataba de una de las causas más antiquísimas de los juzgados penales puesto que ha llegado a juicio después de una década desde los arrestos. Los acusados trabajaban en Pamplona, Valencia y Madrid.

EL CABECILLA, DE PAMPLONA El cabecilla de esta red defraudadora era un empresario toledano afincado en Pamplona, José María M.P., ahora de 47 años y que disponía de un concesionario en el barrio de San Juan. Se le condenó a ocho meses de cárcel por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública que cometió. En todos ellos se le reconoció la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, al igual que al resto de encausados. Sin embargo, debido a la aplicación del artículo 76.1 del Código Penal sobre la refundición de las penas, no ingresará en prisión. Dicho artículo habla de que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Por lo tanto, el juez fijo en 24 meses de cárcel el tiempo máximo de cumplimiento efectivo de las condenas impuestas al cabecilla de la trama, que además evita el encarcelamiento al suspenderse su pena a condición de que no cometa ningún delito en los próximos cinco años. Las multas a las que tendrá que hacer frente son millonarias: 7,6 millones de euros, además de indemnizar con 6,8 millones a la Hacienda navarra, con 3,3 millones a la de Gipuzkoa, con más de medio millón a la Hacienda de Bizkaia y 5,2 millones a la Agencia Tributaria.

El resto de procesados tampoco ingresará en prisión debido a que las penas impuestas no superan los dos años de cárcel y a condición de que no cometan otro delito en los próximos 3 y 4 años. Joaquín B.B., 48 años, que era el administrador de la trama en la zona de Madrid, recibe 16 meses de prisión con una multa de más de 1,2 millones, mientras que a Francisco V.D., de Valencia, le imponen ocho meses de cárcel y 1,1 millones de multa;a Luis C.L. le condenan a 24 meses de prisión y otros 1,2 millones de multa;a Raúl M.A., de Madrid, le imponen ocho meses de cárcel y es multado con 208.281 euros mientras que la vecina de Gandía (Alicante), Teresa V.C.C., es condenada como cómplice en cinco delitos contra la Hacienda Pública a 20 meses de cárcel y a una multa de 4,2 millones de euros.

así funcionabaA esa mujer se le acusa de colaborar de forma activa en la citada trama de defraudación, realizando transferencias al empresario pamplonés a cambio de una remuneración económica. Las transferencias se realizaban de forma on line, a través de claves que se le entregaban a esta acusada con dicha finalidad, que también recibió un móvil para contactar con el resto.

José María M.P. se dedicaba durante los años 2005 y 2006 a la adquisición de vehículos a motor procedentes de Europa, fundamentalmente de Alemania, para venderlos posteriormente en el Estado español. A pesar de conocer la obligación tributaria, dejó de abonar las cuantías correspondientes a la actividad realizada en esa época cuando su domicilio fiscal estaba en Pamplona. Por ello, solo en su concesionario de la capital, defraudó casi 5,9 millones de euros. Posteriormente, a este empresario pamplonés se le acusa de crear un entramado complejo de empresas para adquirir vehículos en el ámbito de la Unión Europea con la finalidad de evitar el pago de impuestos, ocultando a la Agencia Tributaria y, en su caso, a las Haciendas forales correspondientes, y dificultando la posterior investigación. De hecho le piden 2,5 años de cárcel por cada una de las once empresas en las que se presume que participaba para defraudar. Para ello, creó varias empresas trucha (que compran los coches en la UE sin pagar el IVA y suelen ser sociedades limitadas y sin apenas capital) y empresas pantalla (a través de las cuales las trucha transmiten el producto adquirido en facturas con IVA, que no es declarado ni ingresado en la Hacienda Pública. Si se llena de pantallas el entramado empresarial, más difícil es rastrear el origen).

Una de estas sociedades estaba radicada en Torremolinos y se dedicaba en principio a la limpieza de interiores y luego se amplió su objeto social para pasar a ser la compraventa y alquiler de todo tipo de vehículos. El acusado pamplonés figuraba detrás de todas las empresas. Otra de ellas fue creada en 2004 en Zarautz y defraudó a la Diputación de Gipuzkoa con el mismo método hasta 3,3 millones y, con el mismo socio, crearon otra empresa en Bilbao que también contribuyó al fraude detectado.

LOS DETALLES

Transacciones por 156 millones. Se paralizaron 7 inmuebles y una treintena de vehículos de alta gama. Durante la intervención policial a la trama se captaron los activos patrimoniales de 17 sociedades y personas físicas, entre estos un total de 22 cuentas bancarias, paralizando 65.000 euros, siete inmuebles, una finca rústica y 33 vehículos de gama alta. Al mismo tiempo se llevaron a cabo siete registros domiciliarios realizados tanto en Pamplona como en Gandía y Arganda del Rey, se obtuvo una gran cantidad de documentación, soportes informáticos, sellos de caucho, poderes notariales, 23.000 euros en efectivo y siete ordenadores personales. Durante la investigación de la trama de estos concesionarios, se constató que las empresas rondaron una cifra económica total en las transacciones de las cuentas investigadas de 156 millones de euros.