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La Audiencia navarra contradice a la Audiencia Nacional y rechaza que el ‘caso Alsasua’ sea delito de terrorismo

Niega que las lesiones de los guardias civiles fueran graves y que hubiera una agresión planificada
El Supremo determinará la tipificación de los hechos y si se juzgan en Pamplona o en Madrid

Jesús Morales Iban Aguinaga - Sábado, 25 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Concentración celebrada en frente del Palacio de Justicia de Pamplona por las familias de los jóvenes.

Concentración celebrada en frente del Palacio de Justicia de Pamplona por las familias de los jóvenes. (IBAN AGUINAGA)

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Concentración celebrada en frente del Palacio de Justicia de Pamplona por las familias de los jóvenes.

PAMPLONA- Contrariando el criterio de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Navarra ha resuelto que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua no es constitutiva de un delito de terrorismo, penado con hasta 15 años de cárcel, por lo que los ocho jóvenes procesados deberían ser enjuiciados en Pamplona y no en Madrid. Con esta decisión, es el Tribunal Supremo quien tendrá la última palabra sobre cuál es la tipificación penal del caso y, consecuentemente, cuál es el órgano competente para enjuiciarlo.

En un auto conocido ayer, la Sección Primera estima el recurso interpuesto por los nueve investigados, tres de los cuales siguen en prisión provisional por los hechos ocurridos en la madrugada del 15 de octubre en un bar de la localidad alsasuarra, y muestra su “discrepancia” con lo sustentado por la juez instructora Carmen Lamela, al señalar que “no nos encontramos con indicios racionales que nos pongan de manifiesto la comisión de un presunto delito de terrorismo”.

Los nueve investigados (el procesamiento por terrorismo de uno de ellos fue revocado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 7 de marzo porque solo “se burló”) recurrieron el auto por el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona se inhibió de la causa a favor del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y solicitaron que las diligencias se mantuvieran en la capital navarra.

Al respecto, la Sección Primera de la Audiencia navarra advierte de que para que haya delito de terrorismo “se exige la concurrencia objetiva de dos requisitos”: por un lado, que se trate de la comisión de cualquier delito grave, aquellos que están penados con más de 5 años de prisión;y por otro lado, que “en todo caso dicho delito se lleve a cabo con cualquiera de las finalidades de subvertir, desestabilizar gravemente, alterar gravemente, provocar un estado de terror”, por lo que se “exige la concurrencia de un plus de antijuridicidad en la conducta”. “Es decir, se exige por un lado la comisión de un delito grave y por otro que sea alguno de esos delitos identificados, que son concretos y determinados en relación con los previstos en el propio Código Penal, sin que pueda hacerse una interpretación extensiva, requisito que como se examinará no concurre”, hace hincapié la Audiencia navarra.

no se dan los requisitosEn este sentido, y en atención a las diligencias obrantes en el procedimiento, los magistrados navarros concluyen que “no concurre o no estamos en presencia de un delito grave”, ya que ni las lesiones denunciadas, ni el supuesto delito de atentado a agente de la autoridad merecerían una pena superior a los 5 años de cárcel. “La no concurrencia del primero de los requisitos impediría por sí solo subsimir los hechos en el delito de terrorismo”, asevera.

En cuanto al segundo de los requisitos, referente a la finalidad pretendida, “es parecer de la Sala que no se deducen ni del atestado elaborado por la Policía Foral ni del ampliatorio de la Guardia Civil, ni tampoco de las declaraciones los agentes de la Guardia Civil, de sus parejas, ni de los informes que obran en ambos atestados, que nos encontremos en presencia, en relación con las concretas acciones llevadas a cabo por los investigados, con conductas como subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas..., obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, provocar un estado de terror en la población o una parte de ella”.

Al considerar como inexistente la comisión delito de terrorismo, la Audiencia Provincial de Navarra insta al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona a que rechace el envío de la causa al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y, por tanto, a que plantee una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para que decida qué órgano judicial debe asumir la investigación.

CRONOLOGÍA

15 de octubre. La Policía Foral detiene a dos jóvenes por lesiones y atentado tras la agresión a dos guardias civiles y sus parejas.

17 de octubre. La juez de Pamplona deja en libertad a los dos jóvenes con la obligación de comparecer en el juzgado.

18 de octubre. Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo) presenta una denuncia en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de terrorismo.

8 de noviembre. La juez de Pamplona se inhibe en la causa y la envía a la Audiencia Nacional.

14 de noviembre. La Guardia Civil detiene a ocho jóvenes por su supuesta relación con los hechos. Al día siguiente la juez de la Audiencia Nacional manda a prisión a seis de ellos. Posteriormente haría lo mismo con otro.

21 de noviembre. La juez Carmen Lamela procesa a los nueve jóvenes por terrorismo, lesiones, atentado a la autoridad y provocación al odio.

13 de enero. La Audiencia de Navarra ordena a la juez de Pamplona que revise su inhibición. Vuelve a decretarla y las defensas recurren ante la propia Audiencia.

procesados

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La Audiencia Nacional mantiene procesados por terrorismo a ocho jóvenes (el 7 de marzo revocó el procesamiento de otro),3 de los cuales están en prisión. También hay dos menores implicados.