5 años de lucha en la calle: las 7 PAH de Iruña y Comarca

Cascante/O. Montero - Domingo, 26 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Reivindicaciones de la PAH en una vivienda embargada por una entidad financiera.

Reivindicaciones de la PAH en una vivienda embargada por una entidad financiera. (OSKAR MONTERO)

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Reivindicaciones de la PAH en una vivienda embargada por una entidad financiera.

BURLADA. No hemos pasado página aunque Navarra, con 356 ejecuciones hipotecarias en 2016, sea la tercera comunidad con la caída más brusca. Desde la PAH advierten que se suceden 1,5 casos diarios de personas con una casa in extremi, 166 en el conjunto del Estado. No hay que engañarse, advierten. En realidad son más los propietarios que pierden su vivienda que los que aparecen en las estadísticas judiciales. Ni todas las ejecuciones acaban en desahucio ni todos los desahucios están cuantificados. Daciones en pago con o sin deuda no aparecen en los datos del Poder Judicial. También hay menos lanzamientos porque después de ocho años de crisis hay mucha gente que ya ha perdido su vivienda. Del mismo modo que los "lanzamientos" de alquileres no pasan por los juzgados.

En Pamplona y su Comarca hay siete asambleas de la PAH trabajando a tope: Casco Viejo, Sanduzelai, Ansoáin, Berriozar, Burlada, Barañáin y Orkoien. Tudela, Estella y Tafalla también cuentan con cédulas. Las más activas son Casco Viejo, Sanduzelai, Ansoáin y Berriozar. En el caso de los problemas con alquileres, se buscan alternativas y cuando hay empresas que reciben subvenciones se trata de presionar o buscar la intermediación del Ejecutivo. Cinco años después de que las pancartas devolvieran a su vivienda a muchas familias la batalla sigue viva. De hecho, con un alquiler social la perspectiva vital de una familia viene a ser de "tres años". Cinco con un Código de Buenas Prácticas, aseguran desde las plataformas. Txus San Vicente, autor del documental Desahuciando el miedo y en realidad experto en energías alternativas de profesión, reconoce en su aproximación al problema que la PAHs "fueron el interruptor y se convirtieron en la conciencia social de lo que estaba pasando porque pusieron cara y datos a un problema que no podía ocurrir a cualquiera, que no debía avergonzar a las víctimas porque supuestamente habían vivido por encima de sus posibilidades, que había unos responsables". "Aquella estrategia fue muy fina, convertir la víctima en culpable. Las resoluciones de Europa han demostrado que los desahucios no se tenían que haber dado", reitera. "Se había asumido como normal algo tan deleznable como que se echara a la gente de su casa, claro, como no pagan...". "Ellos son capaces de romper con esa dinámica, y han sabido hacer pedagogía social. Con historias que no se contaban o los medios lo hacían de manera sensacionalista", subraya. Supieron tocar todos los planos, el emocional, jurídica, romper "la vergüenza de contarlo en los ámbitos cercanos y de no verse sólos...".

Sin embargo no hay que bajar la guardia: "El drama continúa, no se ven tanto esos lanzamientos, no se dan esas batallas cuerpo a cuerpo como en los inicios, el trabajo es más soterrado y el banco evita la imagen de la policía sacando a la gente a la calle".

La sensación de fracaso "Fue una decisión difícil porque te sientes completamente derrotado, un fracasado que no eres capaz de hacer frente a la vida que has ido construyendo", subraya Daniel, que perdió su vivienda pero se deshizo de la deuda. También Ana, que mantiene su piso, al principio asociaba a la PAH con desahucios. "En la PAH me sentí arropada, me di cuenta que no era un caso excepcional, que había muchos casos como el mío". Ahora teme que estemos a las puertas de una segunda burbuja. "¿Cómo se entiende que en 2016 el 30% de las viviendas hayan sido adquiridas sin préstamos hipotecarios? El día de mañana cuando ésto se normalice se volverá a vender a doblón o a pasar por el aro de alquileres exagerados", alerta.

Las cinco de la PAH Para Jesús Torres, de la PAH de Ansoáin, todas las peleas no son más que parches. "Aunque solucionemos salvemos a las familias, no vale nada porque lo que tenemos que cambiar es la ley, garantizar el derecho a la vivienda", indica. "Mientras vienen a la PAH no hay problema pero, ¿qué ocurre con todas aquellas familia que no acuden a la mediación? El que hoy tiene un trabajo no tiene asegurada una vivienda, con contratos en precario y sueldos bajos", subraya. También les viene gente a la que concedieron la dación en pago y un alquiler social pero que no puede pagarlo. "Todas las sentencias que vienen de Europa en los últimos seis años, la famosa cláusula suelo o el vencimiento anticipado, es parcheada por el Gobierno español. Partimos de la base de que la ley hipotecaria es ilegal", destaca. A juicio de Torres, esta batalla no se gana sólo en los despachos de los abogados porque la ley, hoy por hoy, sigue dando la "razón" al banco. "Tiene que ser desde la calle, no hay otra manera. Nosotros tenemos una PAH internacional, vienen movimientos sociales de otros países y no se creen cómo ha podido ser este modelo, sin ayudas, sin dinero, y quieren copiar este modelo de organización. Tiene que ser una pelea común y de calle, hay que mover a los políticos como sea". "Esta misma mañana (el martes) una familia ha sido llamada al juzgado, y ¿cómo le transmites a tu familia?", asevera.

Su caso, es un Código de Buenas Prácticas, pero como él mismo admite, "el año que viene se acaba y estoy en la misma situación porque es para cinco años". "No voy a hacer planes, iré al banco y lo pelearemos sin miedo, como hasta ahora", destaca. "Hay gente que sigue pasando hambre. Yo llevo cinco años con trabajos precarios, con ETTs... sin una perspectiva de vida", abunda. La Plataforma sigue combativa y va a lanzar una campaña estatal para que las "cinco de la PAH" se convierta en una ley. En junio quieren llegar al Congreso y decir a los partidos que "se acabó, que hay que hacer una ley que garantice el derecho a una vivienda digna". Las cinco reclamaciones son: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, Stop Desahucios, no más familias en la calle, vivienda social, aumentando el parque público con las viviendas vacías de la banca, y suministros garantizados, corresponsabilizando a las suministradoras.

Casco Viejo, la primera La primera PAH en nacer en Pamplona fue la del Casco Viejo (octubre 2011), después llegó la de Berriozar y a partir de ahí el resto. Tere González destaca que en el Casco Viejo apoyan diferentes casos. Cita unas treinta personas a las que les quitaron en 2012-13 la vivienda vía subasta y que mantienen deudas que rondan los 100.000 euros (de viviendas que en la burbuja llegaron a costar entre 200.000 y 300.000 y que en subasta caeron al 70-50% de su valor), "obligadas a vivir en negro porque aparecen en todas las listas de morosos, de manera precaria y bajo la amenaza de embargos". Bancos que a su vez venden a su vez esas deudas a fondos buitres y les hacen la "vida imposible". "El Gobierno no ha hecho una ley de segunda oportunidad, esa deuda la heredarán sus hijos porque son impagables", remarca. Tienen otros casos de alquileres con necesidad de vivienda, en concreto 38 familias en habitaciones realquiladas, la mayoría monoparentales.

¿La PAH sigue siendo necesaria? "Y mucho. Se ha ampliado además el perfil. Hay sectores de la sociedad que viven con trabajos muy precarios como empleadas de hogar que complementan con la renta garantizada y con hijos a cargo". . En la PAH del Casco Viejo cuentan con un guasap para compartir ofertas de empleo, se hacen reuniones informativas sobre la renta garantizada y un servicio de reparto de alimentos que en este momento prepara 138 cajas a diferentes familias gracias a un convenio con el Banco de Alimentos y otros colectivos. "La persona se reconstruye trabajando para el colectivo", subraya.

Sin vivienda pública Para Jesús Hernández, el mayor problema que existe es la falta de vivienda en alquiler. "Es un problema serio porque el Gobierno de Navarra no tiene un parque de viviendas y el que ha prometido para construir va a tardar en salir. La bolsa de vivienda de particulares va despacio y las condiciones para acceder hoy en día a un alquiler son draconianas. Quien cobra una renta garantizada no puede entrar a un alquiler". Una de las alternativas válidas es la que llevan a cabo los ayuntamientos trabajando con pisos de emergencia habitacional para empadronados pero todavía son pocos. Y el grueso de los desahucios son ahora por alquiler. "El Gobierno no ha conseguido viviendas vacía de bancos, no ha negociado con ellos, debería pedir a los ayuntamientos que cotejen sus datos para comprar si son viviendas desocupadas", subraya.

En Berriozar tienen ahora misma una decena de casos abiertos, en los que se negocia con los bancos daciones en pago. Jesús reconoce "victorias importantes", que el valor de tasación ejecutable se adjudique al 70% y no al 50%, moratoria en deshaucios con menores, los parches al Real Decreto de 2013.... Pese a todo es necesario una ley estatal de vivienda. Por otro lado, la que impulsó el Gobierno de Navarra en 2013 fue recurrida al Constitucional. "En estos años hemos conseguido ningún desahucio de gente que estaba en la PAH", admite.

'Infravivienda' Angel Larrea, de la PAH de Sanduzelai, sabe que las personas que acuden a ellos son sólo la "punta del iceberg". "La negociación con los bancos impide que haya un desahucio, se logra una dación en pago, un alquiler social, es decir, no se llega a la ejecución", explica. Ahora bien, aunque han descendido los casos de ejecuciones hipotecarias de vivienda, han crecido los de alquileres que son más del 60%. "Después de ocho años de crisis mucha gente ya perdió su vivienda, se ha metido en un alquiler o no lo puede pagar". "No hay viviendas en alquiler, son insignificantes. Con 650 o 700 euros de ingresos no puedes ir a un alquiler de 500, tienes que ir a una infravivienda", indica. La vivienda social protegida en alquiler está "saturada y la prevista por el Ejecutivo -hasta que no se construya- no contamos con ella". Añade que se siguen produciendo lanzamientos aunque muchos menos.

La mayor presión con los bancos es a la hora de conseguir una vivienda de alquiler social.