En Altsasu, antes y después de comer

Por José Luis Beaumont Aristu - Martes, 28 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

un buen amigo, cuando alguien le cuenta que “fulanito” ha dicho tal cosa, y si ésta es reseñable, llamativa, importante o sorpresiva, pregunta siempre lo mismo: ¿Eso lo dijo antes o después de comer? A este amigo, ocurrente él, le gusta comer con vino y luego tomarse un orujo. Precisamente por eso, sabe y conoce que, ciertamente, no es lo mismo hablar de cosas serias y trascendentes antes de comer, que hacerlo después.

Me refiero a los lamentables sucesos ocurridos en Altsasu en la noche del 15 de octubre de 2016. Para evitar equívocos, aclararé que utilizo la expresión de “lamentables” de igual modo a como pudiera utilizar la de “rechazables”, “condenables” o simplemente “inaceptables”, pero partiendo para ello y en el análisis que sigue de la “versión oficial”.

Parece que en Altsasu debía ser después de comer cuando tras aquellos sucesos a alguien (que no debía ser ni de lejos el alumno más aventajado de la clase política) se le ocurrió calificarlos como terrorismo. Al margen de opiniones y connotaciones políticas, hablamos de calificar estos hechos jurídicamente.

Código penal en mano (art. 573), sin imaginaciones ni excesos interpretativos por extensión ni analogía, hemos de entender por delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra -entre otros bienes jurídicos protegidos- la vida o la integridad física de las personas, cuando se lleve a cabo con determinadas finalidades (de las previstas, en Altsasu sólo lo serían la de “alterar gravemente la paz pública”, o la de “provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”). Ni siquiera en su versión oficial parece fácil “encajar” lo ocurrido en Altsasu en semejante “cajón de sastre”.

También código penal en mano, si estamos hablando de una agresión física a personas y de la producción de lesiones físicas a una o a varias personas, estos hechos pudieran encajar con mayor o menor nitidez en los delitos de riña tumultuaria (art. 154) o de lesiones (arts. 147 y ss.).

El traidor carece de principios, de valores, sólo tiene intereses. Quien tiene valores y los defiende es fiel a sí mismo

Si a eso le añadiéramos la consideración de que la profesión de alguno de los agredidos y lesionados es la de agentes de la autoridad (en este caso guardias civiles), ello pudiera conducirnos al art. 550 del código penal que tipifica el delito de atentado a los agentes de la autoridad. Pero este establece taxativamente (y aquí tampoco caben extensiones interpretativas) que para que pueda integrar un delito de atentado el empleo de fuerza contra los agentes de la autoridad debe producirse cuando el afectado “se halle ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”. Y no veo yo por ningún lado la sola posibilidad de que un guardia civil (y tanto me da que fuera policía nacional, foral o municipal) esté ni pueda estar ejecutando las funciones de su cargo cuando, acompañado de amigos y amigas, están tomando unas consumiciones y alternando en un bar un sábado por la noche, como cualquier otra persona.

Ni es ni puede ser lo mismo que la agresión se produjera porque los agresores conocieran la condición (profesión) de guardias civiles de algunos de los agredidos, que la agresión lo sea a agentes de la autoridad cuando están ejecutando las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas.

Si conforme a la versión oficial estuviéramos ante un grupo de personas que con el fin de atentar contra la paz pública hubieran alterado el orden público causando lesiones a otras personas, ello pudiera llevarnos a la consideración, siempre hipotética antes de cualquier juicio justo, de estar ante un posible delito de desórdenes públicos (art. 557 del código penal). No son pequeñas las consecuencias y diferencias de considerar una cosa u otra los sucesos de Altsasu. Cambia primero la competencia judicial para su investigación y enjuiciamiento, abriendo una excepción el derecho de todos al juez ordinario predeterminado por la ley: si se tratase de un posible delito de terrorismo, lo sería de la Audiencia Nacional, y de no ser así de los Juzgados y Tribunales de la capital navarra. Y, segundo, cambian las penas de prisión que pudieran imponerse en su momento: de 10 a 15 años para el delito de terrorismo;de 3 meses a un año para el de riña tumultuaria;de 6 meses a 3 años para el de lesiones (dependiendo de su gravedad);o de 1 a 3 años para el caso del atentado a agente de la autoridad.

Tras “desembarcar” la causa en la Audiencia Nacional, la jueza instructora rechazó al parecer tomar declaración como testigos a algunas personas en la fase de investigación bajo el argumento de que ya lo harían en el juicio. Sin embargo, el derecho de cualquier persona a un proceso justo incluye en cualquier país civilizado el derecho a no verse sentado en el banquillo de los acusados, en un juicio público, si no hay motivo para ello. Quizás tomando declaración a los testigos que le fueron propuestos pudiera haber resultado que algunos de los encausados ni siquiera tendrían que sentarse en el banquillo, e incluso -por qué no- otra tipificación más correcta de los hechos enjuiciados.

En el nivel político hay demasiada gente acostumbrada a “largar” después de comer. Sin embargo, como proclamó un numeroso grupo de diputados en Madrid, el derecho penal ha de aplicarse siempre con proporcionalidad, y en ausencia de interpretaciones extensivas que, por serlo, son a su vez extremadamente peligrosas.

La realidad, veracidad y alcance de los sucesos de Altsasu sólo se podrá conocer finalizado el proceso judicial. Por ello, pudiera ser que la adecuada protección a las víctimas de estos sucesos quede seriamente desdibujada, para mayor gloria de los alumnos aventajados de la clase política (a quienes poco o nada importa crear nuevos e innecesarios problemas), con estridencias como lo es llevar este asunto a la Audiencia Nacional, y no investigarlo y en su caso enjuiciarlo y sentenciarlo aquí, en Pamplona/Iruña, donde corresponde.

El autor es abogado