A propósito del ‘caso Urdangarin’

Por Patxi Ortigosa Goñi - Jueves, 30 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:09h

la justicia en España es lenta, sobre todo en algunas jurisdicciones, no hay más que recordar los años que llevamos con la instrucción de la trama Gürtel, caso Bárcenas, y lo seis años que ha llevado este caso Urdangarin, por citar algunos ejemplos, todo ello, como reconoce el juez Castro, debido a la precariedad de medios y recursos económicos. Hay juzgados señalando juicios para 2020. Y los ciudadanos creen que, además, está politizada. Según el informe sobre los indicadores de la justicia en la Unión, editado por la Comisión Europea, el pasado año, el 56% de los españoles tiene una opinión mala o muy mala sobre la independencia de los jueces, desconfianza que argumentan sobre todo por supuestas presiones políticas y económicas, sobre todo en los casos de corrupción política. Todo ello nos viene a decir que después de más de treinta y cinco años de vigencia de la Constitución, la prestación de la justicia que la Carta Magna consagra está aún lejos de ser plenamente satisfactoria para la ciudadanía.

Pese a las declaraciones del monarca emérito, Don Juan Carlos, de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley;esta afirmación está siendo cuando menos cuestionada en estos momentos, sin mencionar a los 10.000 aforados que hay en este país, principalmente cargos políticos. El ciudadano de a pie recela del fallo judicial: la Infanta ha sido exculpada y su marido el Sr. Urdangarin ha sido condenado a una pena muy leve, seis años y tres meses, si tenemos en cuenta lo elevado de la petición fiscal, nada menos que diecinueve años de prisión.

De momento no ingresará en prisión, pese a lo elevado de su condena, más de seis años, si bien es cierto que no existe riesgo de fuga y la condena no es firme, pero también es evidente la importante alarma social y repercusión mediática que ha generado este sumario;por ello cabría preguntarse, ¿dónde queda aquí, la prevención general como uno de los fines de la pena? Esto es, el poder de disuadir a la colectividad para que no se cometan hechos delictivos. También es curioso, cuando menos, que se le permita continuar residiendo en Suiza y se le autorice a comparecer una vez al mes ante la autoridad judicial competente de ese país, al tiempo que se le indica que habrá de comunicar todo desplazamiento que realice “fuera del espacio de la Unión Europea”. Precisamente ocurre que Suiza no forma parte de la Unión. Por eso, el efecto práctico de la medida judicial es el de una ventaja difícil de justificar a quien ha sido condenado a la pena de seis años y tres meses de cárcel, por recurrible que esta sea.

A la falta crónica de medios humanos y materiales de la Administración de Justicia, habría que añadir el tema de la digitalización de los expedientes, reducir las toneladas de papel que anegan los juzgados. El sumario de este caso judicial compuesto por más de 100 tomos y 33 anexos se ha sustanciado en más de 76.000 folios, ¡un expediente casi inmanejable! Para agilizar la justicia hay que arreglar de una vez el tema del expediente “digital”, como señala el magistrado Sr. Páez, decano de los juzgados de Málaga.

El sistema no solo tiene que ser independiente, sino que debe parecerlo. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, publicó, el año pasado, un informe en el que critica de forma contundente a España por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial. Alude en concreto a la falta de interés de nuestro país por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), parece ser que mediatizado más de lo aconsejable por los partidos políticos, y mejorar la actual situación “tanto en apariencia como en la realidad”.

También habría que hablar de la autonomía de los fiscales en todos estos procesos de corrupción política. Conocíamos, días atrás, el relevo de 28 titulares de órganos clave del ministerio público, algunas tan sensibles como la de Anticorrupción y la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional exige una explicación por parte del Gobierno. El ministerio público es un órgano constitucional que depende jerárquicamente del fiscal general -a su vez nombrado por el Gobierno-, que debería ser una garantía para los ciudadanos.

La justicia debe expresarse a través de la solidez de sus procedimientos y sentencias, no a través de los medios de comunicación ni de las opiniones personales de aquellos que tienen encomendada impartirla o instar la investigación desde el Gobierno, como desgraciadamente ha ocurrido, muchas veces, en este sumario judicial del caso Nóos. El ruido continuo y las interferencias políticas en nada contribuyen a prestigiarla ante la ciudadanía.

El autor es delegado de CCOO