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en terrenos de Zubieta, en gipuzkoa

Vía libre a las obras de la incineradora tras el rechazo al recurso de FCC contra la adjudicación

La Diputación confía en poner en marcha la planta para otoño de 2019

La asamblea de GHK decidirá mañana no recurrir los ‘swaps’

A.U. Soto / Iker Azurmendi - Viernes, 31 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:12h

Rueda de prensa en la que el diputado general y el de Medio Ambiente, Markel Olano y José Ignacio Asensio, respectivamente, dieron a conocer la adjudicación.

El diputado general y el de Medio Ambiente, Markel Olano y José Ignacio Asensio, respectivamente, cuando dieron a conocer la adjudicación.

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Rueda de prensa en la que el diputado general y el de Medio Ambiente, Markel Olano y José Ignacio Asensio, respectivamente, dieron a conocer la adjudicación.

Donostia- La ejecución de la planta incineradora en terrenos de Zubieta ha superado el escollo de los tribunales de manera definitiva. Paralizada desde que FCC interpusiera un recurso por la nueva adjudicación, el rechazo del mismo ha dejado vía libre a la Diputación para que firme el contrato y comiencen las obras.

La empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y la ingeniería Sartech Engineering iban a ser las encargadas de construir el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa antes de que llegaran a un acuerdo con la Diputación liderada por Bildu para rescindir el contrato. Sin embargo, cuando el nuevo Gobierno foral de PNV y PSE retomó el proyecto y volvió a adjudicar la obra, estas dos empresas se unieron para impugnar la decisión ante el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales -un órgano independiente formado por tres funcionarios de la Diputación-. Ahora, dicho tribunal ha desestimado el recurso desmontando una por una las alegaciones sobre aspectos técnicos y legales referentes a la licitación con los que las citadas empresas pretendían dejar sin efecto el actual contrato. Cuestiones como, a modo de ejemplo, la solvencia económica de una de las empresas de la agrupación que representa más del 25% del capital social de la concesionaria o una serie de incumplimientos de las prescripciones técnicas.

La decisión judicial, en la práctica, supone el levantamiento del acto de suspensión que pesaba sobre la adjudicación a la UTE liderada por Urbaser y en la que participan las empresas guipuzcoanas Moyua, Murias, Altuna y Uria y LKS. Es decir, la resolución judicial da vía libre para que se firme el contrato y se comiencen a ejecutar las obras, de modo que se cumplan con los plazos que prevén su puesta en funcionamiento para el otoño de 2019.

Por todo ello, el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, valoró la resolución como “muy positiva” porque, una vez recibida la comunicación y aportada la documentación pertinente por parte de la adjudicataria, se procederá a la firma del contrato y al inicio de las obras.

Así, el Gobierno foral recordó que la oferta de Urbaser plantea 26 meses de construcción más otros cuatro para la puesta en marcha.

sin recurso a los ‘swaps’La batalla judicial en torno a este proyecto parece que ha llegado a su fin, puesto que la asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa decidirá hoy, en una reunión extraordinaria, no recurrir las sentencias que han avalado los swaps, la cobertura del crédito contratado para financiar la incineradora que sigue vigente a pesar de que el proyecto fue paralizado por Bildu. Los letrados asesores del Consorcio han emitido varios informes jurídicos donde se desaconseja acudir al Tribunal Supremo dada las anteriores resoluciones negativas y el incremento de las costas judiciales que conllevaría. De ahí que el presidente de la Asamblea, el propio diputado socialista José Ignacio Asensio, propondrá no dar este paso, una decisión que será previsiblemente aprobada, puesto que PNV y PSE tienen mayoría, y que debe ser adoptada antes de que el próximo 10 de abril finalice el plazo dispuesto para recurrir.

Sin embargo, la formación EH Bildu se ha mostrado disconforme con esta pretensión y, junto con Podemos, pidieron ayer que se recurra la sentencia que obliga a pagar los contratos de cobertura de los créditos. Sostienen que, aunque no haya una posibilidad clara de ganar, no hacerlo supondría una “irresponsabilidad”. Por ello, registraron una propuesta común en las Juntas Generales de Gipuzkoa, que defenderán en el próximo pleno del 5 de abril y que incluye además una petición de consulta ciudadana “específica” sobre el modelo de gestión de residuos.

Además, está previsto que hoy el presidente de la Mancomunidad de Tolosaldea, Josu Amilibia, comparezca ante los medios antes de la celebración de la asamblea.

Y entre medio, queda el recurso que la coalición abertzale interpuso al presupuesto foral por ocultar la deuda que supondrá a las arcas guipuzcoanas pagar estos productos financieros.