Los municipios defienden su autonomía

10 grandes ayuntamientos, contra la ley ‘Montoro’ que limita el gasto social para pagar deuda a bancos

Los municipios defienden su autonomía para invertir en necesidades de la ciudadanía
Cargos de EH Bildu, Geroa Bai, PSN y agrupaciones de izquierdas respaldan la derogación

Ana Ibarra Mikel Saiz - Sábado, 1 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Arturo Navallas (Sangüesa), Txema Noval (Burlada), Arturo Goldarazena (Tafalla), Oihaneder Indakoetxea (Barañáin), Koldo Leoz (Estella), Patricia Perales y Joseba Asiron (Pamplona), José Ángel Andrés (Tudela), Ander Orotz (Ansoáin), Alfonso Etxeberria (Eg

Arturo Navallas (Sangüesa), Txema Noval (Burlada), Arturo Goldarazena (Tafalla), Oihaneder Indakoetxea (Barañáin), Koldo Leoz (Estella), Patricia Perales y Joseba Asiron (Pamplona), José Ángel Andrés (Tudela), Ander Orotz (Ansoáin), Alfonso Etxeberria (Egües), Mikel Oteiza (Villava), Jon Gondan (Zizur Mayor) y Andoni Lacarra (Olite). (MIKEL SAIZ)

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Arturo Navallas (Sangüesa), Txema Noval (Burlada), Arturo Goldarazena (Tafalla), Oihaneder Indakoetxea (Barañáin), Koldo Leoz (Estella), Patricia Perales y Joseba Asiron (Pamplona), José Ángel Andrés (Tudela), Ander Orotz (Ansoáin), Alfonso Etxeberria (Eg

PAMPLONA.- Los ayuntamientosnavarros tienen “las manos atadas” merced a una ley que establece como prioridad absoluta el pago de “la deuda antes que cualquier otro tipo de gasto o inversión”, aseguró ayer Joseba Asiron como alcalde anfitrión de la iniciativa impulsada por diez grandes ayuntamientos contra la llamada ley Montoro. Diez municipios mayores de 10.000 habitantes y otros cabeceras de merindad instan al Gobierno central a adoptar las medidas necesarias para derogar en “el espacio de tiempo más breve posible” una ley que provoca “un golpe durísimo al municipalismo”. Esta limitación de gasto se traduce, por ejemplo, en que se obstaculiza que los gobiernos locales puedan reforzar sus plantillas “con el personal necesario para combatir las crecientes desigualdades, para luchar contra la emergencia habitacional, para modernizarse, etcétera”, recoge el acuerdo que será presentado en cada uno de los plenos de los ayuntamientos participantes. “Y se les ha forzado a generar superávits millonarios que se destinan a pagar a los bancos mientras la precarización y las desigualdades se disparan”. También se informará a la ciudadanía, al Gobierno de Navarra, al Parlamento y al Ministerio de Hacienda. Esta ley tiene un marcado carácter “recentralizador”, quedando muchos ayuntamientos prácticamente “intervenidos” y sin capacidad para atender las necesidades ciudadanas más urgentes”, abundan. El ejemplo de Iruña es uno más. El Ayuntamiento tiene un remanente de tesorería de unos 64 millones de euros, “casi un tercio del presupuesto total para 2017”. Tenía capacidad para haber presupuestado en 2016 mayores ingresos, como sucedió finalmente, pero pese “a la buena gestión de las diferentes áreas”, no tuvo la posibilidad de financiar más inversiones. La citada ley “coarta la autonomía local e impide a las Administraciones locales mejorar sus políticas sociales”, lo que calificó de “doblemente injusto”, ya que son los consistorios los “responsables de buena parte de la resolución de llevar a cabo esas políticas sociales”. En cualquier caso, Asiron destacó la necesidad de “una acción conjunta por parte de los municipios” para que estos “sean realmente herramientas eficaces de gestión” y “respondan de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía”. Asiron aseguró que la cooperación entre administraciones es importante e irá en aumento en otras líneas de trabajo.

castigo a la ciudadanía“Más allá de partidos e ideologías, se trata de defender la potestad económica y financiera de nuestras instituciones. Entendemos que tiene que buscarse una posición común, compartida por todas las instituciones, para evitar que esta ley pueda seguir aplicándose y castigando a la ciudadanía de nuestros municipios”, respaldan. El primer teniente de alcalde de Tudela, José Ángel Andrés (PSN), señaló que su localidad tiene un remanente de tesorería de más de 900.000 euros y que la ley de estabilidad “es una cadena, un freno, para poderlo desarrollar” y “contribuir a mejorar servicios de calidad”.

La alcaldesa de Barañáin, Oihane Indakoetxea (EH Bildu), indicó que el remanente de su localidad es de 6,5 millones de euros que “no se pueden utilizar más que para hacer inversiones financieramente sostenibles”, es decir, que no impliquen gastos de mantenimiento, y que, en su caso, limita el “límite de gasto” pese a que en 2017 prevén mayores ingresos.

El alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán (Geroa Bai), cifró en 24,5 millones de euros el dinero disponible para inversiones “de todo tipo”, por ejemplo, para hacer una Casa de Cultura, pero que no se puede hacer al no ser “financieramente sostenible”. También el primer edil de Egüés Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) indicó que “no podemos dar más servicios, estamos atados de pies y manos” pese a haber cerrado el anterior ejercicio con 2,3 millones de remanente: “Son ingresos corrientes que tienen que ir necesariamente a inversión”. Desde Tafalla, Arturo Goldarazena (EH Bildu) criticó que la ley “nos juzga a todos por un rasero que no debiera ser el mismo”. “Estas reuniones se van a mantener” con otros temas en agenda, dijo. Finalmente, el alcalde de Estella Koldo Leoz expuso que la restricción de gastos afecta a todos los ayuntamientos con una economía más o menos “saneada”. “En vez de poder ofrecer más y mejores servicios, bajar impuestos a la ciudadanía o crecer en plantilla, tenemos que mantener unos presupuestos lineales”, abundó. En este momento, más que buscar fórmulas para sortear la ley los ayuntamientos hablan de “estrechar la colaboración entre intervención y secretaría técnica para acometer determinados gastos”.

¿Qué es una inversión financieramente sostenible? El alcalde de Burlada Txema Noval (Cambiando Burlada) puso como ejemplo tras la rueda de prensa la sustitución de luces Led en el alumbrado público o proyectos como la reforma de las instalaciones deportivas de Elizgibela porque, arrimando la ley, permitirá ahorros energéticos y porque centralizará servicios diseminados que exigían hasta ahora más personal y gastos de mantenimiento.

la ley de 2012

Doble control. Los ayuntamientos rechazan la La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Deben destinar el superávit a reducir el nivel de endeudamiento pero una parte puede ir a inversiones financieramente sosteniblemente. Asimismo, el gasto no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB, marcado en el 2,2% para este año, sin tener en cuenta la situación financiera de cada Ayuntamiento.

Otros 50 ayuntamientos del Estado. El documento aprobado ayer va en la misma línea de trabajo que el refrendado en febrero en Valencia en las jornadas ‘Por una financiación justa’. Participaron más de 50 ayuntamientos de todo el Estado, por ejemplo, los de A Coruña, Alicante, Barcelona, Badalona, Bilbao, Cádiz, Castellón, Madrid, Málaga, Sagunto, Toledo, Valladolid o Zaragoza.