El Ayuntamiento se persona en la causa que investiga el sistema de pago de las dietas a los concejales

| Apoyo unánime de los grupos para defender la legalidad del método y la honorabilidad de los representantes municipales El Tribunal de Cuentas mantiene la denuncia de un grupo de presión

Kepa García - Sábado, 1 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Imagen de un Pleno celebrado al inicio de la anterior legislatura.

Imagen de un Pleno celebrado al inicio de la anterior legislatura. (Foto: Javier Bergasa)

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Imagen de un Pleno celebrado al inicio de la anterior legislatura.

pamplona- El Ayuntamiento de Pamplona se va a personar en el procedimiento abierto sobre el sistema empleado para las retribuciones de las dietas de los concejales desde 1999 hasta 2013. 59 cargos electos municipales de todas las formaciones políticas con representación en el Consistorio percibieron las indemnizaciones según lo estipulado en la ordenanza aprobada por el Pleno a tal efecto, que se aplicó sin excepciones durante 14 catorce años.

La decisión del Ayuntamiento se adoptó por unanimidad en el seno de la Junta de Portavoces celebrada ayer. Se hace efectiva a dos meses de la celebración de la vista fijada por el Tribunal de Cuentas para determinar si hubo cobros irregulares, donde la única representante municipal investigada es Uxue Barkos, entonces diputada y edil de NaBai, a la que se abonó con el mismo sistema de retribuciones aplicado a los otros 58 ediles.

Detrás de este procedimiento se encuentra la asociación Justitia et Veritas, vinculada al exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, que agotada la vía penal recurrió al Tribunal de Cuentas para mantener la causa abierta. Previamente, la Cámara de Comptos y la Fiscalía de Navarra habían avalado la legalidad del método empleado en el Consistorio pamplonés para el pago de las dietas.

En los mismos términos se posicionó el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal rechazó en diciembre de 2013 admitir a trámite una denuncia con el argumento de que “todos los pagos fueron tramitados y aprobados de acuerdo con las normas establecidas por la Corporación”.

Tampoco el Ministerio Fiscal adscrito al Tribunal de Cuentas vio motivos para seguir con el procedimiento y apoyó las conclusiones del Alto Tribunal, pero no tuvieron demasiado efecto sus consideraciones ya que dos meses después el órgano al que pertenece aceptó la solicitud de Justitia et Veritas de mantener el procedimiento abierto y seguir investigando el cobro de dietas que recibió Barkos.

intencionalidad políticaQue sea la única que se encuentra en esta situación procesal de los 59 representantes del Ayuntamiento acogidos al mismo sistema evidencia la intencionalidad política que se esconde detrás del procedimiento. Además de ella, 13 concejales de UPN, 12 del PSN, 8 de NaBai, 8 de Euskal Herritarrok, 5 de CDN, 4 de IU, 3 de Bildu, 2 de ANV, EA y Aralar y 1 del PP recibieron dietas en algún momento del periodo comprendido entre 1999 y 2013 (la cifra total suma 61 ediles, ya que dos de ellos -Javier Ayesa e Iñaki Cabasés- las percibieron en dos grupos municipales distintos, EA y NaBai).

Las dietas se abonaban en concepto de plenos, comisiones, juntas y reuniones de grupo. El método fue igual para todos y se aplicó durante los gobiernos de Yolanda Barcina y Enrique Maya. Entre 1999 y 2011, periodo correspondiente al mandato de Barcina, 49 concejales percibieron dietas por el sistema que ahora se encuentra bajo sospecha. Desde 2011 al primer semestre de 2013, cuando se cambió el procedimiento, fueron 17 ediles. En cinco casos, hubo cobro de dietas en ambos periodos.

Cada uno de los concejales sujetos al régimen de dietas por asistencias percibía de manera anticipada el número máximo de dietas aprobado. Semestralmente se remitía a los portavoces o responsables de los grupos municipales un documento-declaración por cada concejal en el que se señalaban las sesiones que daban derecho a dieta/asistencia, y de las que se tenía constancia en el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Ese documento-declaración se rellenaba, en la mayor parte de los casos a mano, bien por el propio concejal afectado, bien por el responsable del grupo municipal. Posteriormente, una resolución del Alcalde-Presidente aprobaba la liquidación de las dietas correspondientes.

Dicho sistema aparece regulado en el artículo 20 del reglamento orgánico del Ayuntamiento de Pamplona, aprobado por el Pleno el 27 de febrero de 1998. Funcionó sin excepciones desde entonces y como establecía la ordenanza, Barcina y Maya eran los responsables últimos de autorizar al abono de las dietas.

La denuncia de Justitia et Veritas pasa por alto que fue un método aplicado a todos los concejales y grupos municipales del Ayuntamiento y se centra exclusivamente en las dietas de Barkos, incluyendo las que fueron a parar a los miembros de su grupo. En esta estrategia, la asociación litigante llegó a reclamar la relación de viajes de la exdiputada entre Pamplona y Madrid con cargo al Congreso entre 2007 y 2012, a lo que la Cámara Baja accedió el 8 de marzo de 2016.

intereses municipales y honorabilidadLa personación del Ayuntamiento en la causa tiene que ver con la defensa de los intereses municipales y de la honorabilidad de los concejales de Pamplona-Iruña. Aunque Justitia et Veritas centra su denuncia en una única persona, pone en cuestión la legalidad de todo el sistema empleado para abonar las dietas de los concejales no liberados en el mencionado periodo.

En el texto aprobado ayer por la Junta de Portavoces, el Ayuntamiento manifiesta su “interés directo y legítimo en el procedimiento, a los solos efectos de defender la legalidad y conformidad a Derecho del citado régimen de devengo de dietas y la forma de su justificación por los concejales perceptores”. A la vista del escrito de demanda en el que se reitera el cuestionamiento legal de la actuación general del Ayuntamiento en orden al abono y justificación de dietas por celebración de reuniones de los grupos municipales, se recuerda que este sistema, durante su vigencia, fue extensivo a la totalidad de las concejalías que no gozaban de dedicación exclusiva.

“Este interés directo se pone aún más de manifiesto si se advierte que, de prosperar la tesis de la demanda que propugna la ilicitud tanto del abono como de la justificación de las dietas, el Ayuntamiento, motu proprio o a instancias de tercero, podría verse obligado a poner en cuestión el sistema de abono de dietas vigente hasta junio de 2013, e incluso, reclamar cantidades ordenadores y/o perceptores de pago”.