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El impulso de Iparralde al 8-A

La unanimidad de la política, larvada desde 2010, se erige en una de las claves para el desarme

Jurdan Arretxe Ruben Plaza - Lunes, 3 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Jakes Bortayrou, Jean-René Etchegaray y el facilitador Brian Currin, durante la presentación de la Declaración de Baiona, en octubre de 2014.

Jakes Bortayrou, Jean-René Etchegaray y el facilitador Brian Currin, durante la presentación de la Declaración de Baiona, en octubre de 2014.

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Jakes Bortayrou, Jean-René Etchegaray y el facilitador Brian Currin, durante la presentación de la Declaración de Baiona, en octubre de 2014.

San Sebastián- Baiona será el próximo sábado 8 el centro de la escenografía del desarme de ETA, uno de los hitos en el final de una organización aún armada y que confirmará que al otro lado del Bidasoa había calado político suficiente para empezar a resolver algunas de las consecuencias pendientes de la lucha violenta. Incluso mediante la reaparición de una peculiar unilateralidad.

La detención de los cinco intermediarios del desarme de ETA, llamados artesanos de la paz, en Luhuso provocó una reacción política unánime -salvo el Frente Nacional- de dirigentes que por principios o por ​mero pragmatismo mostraron su disposición a respaldar un proceso de desarme inminente como el que se prevé estos días. Esa fotografía, que se dio el 17 de diciembre en una manifestación en la capital labortana, sin embargo, fue consecuencia de la dinámica de trabajo que se prolonga desde al menos hace siete años. ​Ya había unas condiciones.

Santuario de los miembros de ETA en una primera época en la que estos cruzaban el Bidasoa para huir de la policía española, la cada vez mayor sintonía entre los ministerios del Interior francés y español a partir de 1984 complicó los movimientos de la organización armada en Iparralde. Una de las máximas estratégicas de ETA fue la de no atentar en suelo francés, aunque la rompió ​al menos dos veces: el asesinato de dos guardias civiles de paisano en Capbreton en 2007 y el tiroteo ​de Dammarie-les-Lys, donde fue asesinado el policía Jean Serge Nérin. La última víctima mortal de ETA.

El clima político de estas décadas en Iparralde, que sufrió a Iparretarrak (IK), ha sido diferente al del sur del Bidasoa. Así lo reconocen en privado algunos responsables políticos, que no han tenido que vivir con guardaespaldas por la acción de ETA​. Su sufrimiento ha sido menor. Sin ir más lejos, varios representantes del centro y la derecha más republicana acudieron -a diferencia de sus socios del PP- a la Conferencia de Aiete, que se celebró sin que ETA hubiera anunciado el cese de su actividad violenta. La distancia respecto a los atentados que cometía ETA era ​otra y la perspectiva respecto al final de la organización armada, ​también.

aiete, 2011La presencia en Donostia de políticos como el conservador Max Brisson o la que acababa de ser elegida una de las portavoces del Partido Socialista en el Senado francés Frédérique Espagnac -próxima al presidente François Hollande- fue el resultado de un trabajo discreto que seguiría en adelante. Reforzado por dos aspectos: por un lado, la confirmación ​de que los pasos que los facilitadores preveían se daban;y, por otro lado, la negativa que tanto el Gobierno español como el francés, al ​ritmo del primero, mantenían a abordar nada sobre el final de la organización criminal.

Ese trabajo entre representantes públicos -una unión que, en otro orden, ha supuesto el logro de la Mancomunidad de Iparralde- ahondó en un punto de encuentro que ya se había dado años atrás. En 2010, España solicitó la extradición de la que fuera dirigente de Batasuna en Iparralde -donde ​el partido era legal- Aurore Martin. Si ya hubo una reacción contraria al conocerse dicha solicitud y ella ​p​as​ó a la clandestinidad, la oposición fue mayor cuando en un control rutinario cerca de Maule la Policía gala detuvo a Martin y la entregó al Estado español, que la tuvo encarcelada durante mes y medio a finales de 2012. Al caso Martin y a Aiete le siguieron la Declaración de Baiona, de octubre de 2014​, cuando el proceso del final de ETA parecía entrar en un callejón de salida por cada problema que tenía.

En la misma ciudad en la que los GAL perpetraron su atentado más sangriento (cuatro muertos en el Hotel Monbar, 1985), la gran mayoría de formaciones de Iparralde, con la colaboración de agentes como Lokarri y los facilitadores internacionales que lidera el abogado sudafricano Brian Currin, suscribieron un manifiesto en el que reclamaron, entre otras cuestiones, un diálogo entre el Gobierno francés y ETA, y generar las condiciones legales oportunas para abordar las consecuencias del conflicto.

parís, 2015 El trabajo de la plataforma radicada en Iparralde Bake Bidea, así como la implicación de la Liga de Derechos Humanos y fundaciones que ya impulsaron la Conferencia de Aiete, permitieron seguir esta senda y ​llevar hace año y medio el debate sobre el final de ETA, los presos y la convivencia a la Asamblea Nacional de París. Eran momentos en las que las conversaciones discretas y las propuestas, como la del plan de desarme que aportó el Gobierno Vasco, no lograban frutos, pese a que cada vez era más evidente la incomodidad de la Justicia francesa en hacer seguidismo a un Ministerio extranjero y​, más aún,​ de otra rama​, como Interior.

luhuso, 2016 A raíz de Luhuso, que llega tras el intercambio de cartas entre los intermediarios y ETA -que cede en noviembre a los primeros “la responsabilidad política y técnica” del desarme-, Iparralde ha ganado en presencia y también la unilateralidad que pareció encallar en Aiete, en buena medida porque exigía una respuesta oficial que hasta ahora no se ha dado.

Se activa lo que la profesora Teresa Whitfield define un “proceso de paz virtual”. Un proceso indirecto, sin en teoría contactos directos entre las partes principales, pero que desbloquea escenarios desde una peculiar unilateralidad.

Solo así y con la evolución de los acontecimientos, la vía francesa​, donde ETA ha perpetrado robos y asaltos logísticos,​ tiene visos de concluir con éxito en la víspera de que arranque la campaña de las presidenciales. A expensas de lo que ocurra hasta el 8-A, la disposición pública de los agentes implicados ​bendice las tesis que apuntaban a que al Ejecutivo francés no le convencía su propio seguidismo de La Moncloa. Y como un giro ​copernicano, ​cómo ​el Gobierno de Mariano Rajoy ha cedido la iniciativa y se ha sumado a ese desarme vigilado por El Elíseo e impulsado de manera unánime por la clase política ​y la sociedad civil de Iparralde.