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El empleo social protegido llega a 825 personas, el doble que en el 2015, en 44 entidades locales

El 89% de las contrataciones fue para beneficiarios de la Renta Garantizada
El presupuesto aumentó en un 173,23%
La duración media de los trabajos se incrementó en un 52,56%

Leticia de las Heras Iñaki Porto - Martes, 4 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Miembros del grupo de trabajo de la Escuela Taller de Tapicería, restaurando sillas del Palacio foral.

Miembros del grupo de trabajo de la Escuela Taller de Tapicería, restaurando sillas del Palacio foral.

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Miembros del grupo de trabajo de la Escuela Taller de Tapicería, restaurando sillas del Palacio foral.

Pamplona- El programa de empleo social protegido permitió la contratación de 825 personas en situación de vulnerabilidad social en el 2016, duplicando así la cifra alcanzada un año antes. De ellas, el 89% eran perceptores de la Renta Garantizada, bien en el momento de la contratación o en el año anterior de acceso al programa. Estas ayudas permitieron desarrollar proyectos a 44 las mancomunidades y entidades locales que solicitaron la ayuda, seis más que en el ejercicio anterior, lo que supone la cobertura de la práctica totalidad del territorio de la Comunidad Foral.

El número de contrataciones de personas usuarias se incrementó en un 49,73%, pasándose de las 551 del 2015 a las 825 del pasado año. El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, destacó que todas las entidades beneficiarias vieron incrementada la cuantía concedida respecto a la convocatoria ordinaria del 2015, lo que supone un incremento medio del presupuesto de un 173,23%, llegándose a los 7,63 millones de euros. Mancomunidades y localidades como Cintruénigo incrementaron su programa en un 400% y otras diez (Carcastillo, Corella, Estella, Etxarri, Irurtzun, Olite, Peralta, San Adrián, Ultzama y Villava) lo aumentaron en un 300%.

El 73,48% de la partida se destinó a la contratación de personas usuarias de los Servicios Sociales y un 18,21% a la contratación de 123 trabajadores como personal de apoyo para el desarrollo de los proyectos. El 8,31% restante se dirigió al desarrollo de diferentes acciones formativas.

El programa, explicó el consejero, plantea la intervención tanto en el desarrollo del empleo normalizado como en la ejecución de actividades formativas y el acompañamiento social. “Todo ello pretende la adquisición de hábitos y habilidades por parte de los usuarios orientados a la incorporación social”, indicó. Del mismo modo, Laparra señaló que, aunque estas ayudas repercuten positivamente en el conjunto de la sociedad, ya que se subvencionan proyectos dirigidos a la mejora de las mancomunidades y localidades, no debe perderse de vista el objetivo principal, que es “el avance en la inserción y la empleabilidad de las personas usuarias”, apuntó.

En el año 2016 la duración medida de las contrataciones se incrementó en un 52,56%, pasando de los 3,52 meses a una media de 5,37 meses. De hecho, de las 38 Entidades locales que desarrollaron proyectos de empleo social protegido en ambos ejercicios, 35 de ellas tuvieron una mayor duración media de los contratos en 2016 respecto a 2015. La Entidad local que sufrió una mayor ampliación de la duración media de sus contratos fue el Ayuntamiento de Aranguren, pasando de 2,07 meses a 6,94. Significativa fue también la ampliación en la duración media de los contratos en las Mancomunidades de Servicios Sociales de Izaga, Lodosa, Olite y Ultzama y en los Ayuntamientos de Tafalla, Egües, Estella, Tafalla y Villava, con incrementos superiores en todas ellas al 100%.

Esto, explicaron desde el Gobierno, puede haber sido causado por el incremento presupuestario del programa, así como por el conocimiento por parte de las entidades locales de las cuantías concedidas en el primer trimestre del año en contraposición a ejercicios anteriores, cuya concesión se comunicaba a mediados del ejercicio.

La cofinanciación de las Entidades locales fue del 27,20%. Así, de los 7,63 millones de euros destinados a los programas, seis fueron aportados por Gobierno de Navarra y 1,63 por las Entidades locales. No obstante, el porcentaje de cofinanciación varió de forma considerable en función de cada entidad. El mayor porcentaje de cofinanciación lo tuvieron los ayuntamientos de Pamplona (43,35%), Burlada (42,46%), Zizur (37,56%), Tudela (31,90%), Aranguren (26,40%) y Ayegui (23,75%). Además, cabe señalar que la convocatoria de subvenciones está cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo.

Nueva convocatoriaLa Directora General de inclusión y protección social, Gema Mañú, consideró necesario analizar el impacto de los proyectos en la inserción sociolaboral y la empleabilidad en la próxima convocatoria, teniendo en cuenta criterios como el incremento de habilidades para el empleo o el aumento del nivel formativo.

Además, apostó por tener en cuenta las necesidades específicas de cada territorio sin por ello descuidar la equidad en cuanto al acceso, la implicación de la entidad local, los porcentajes destinados a la formación, el personal de apoyo o la duración de los contratos. Para ello abogó por el uso de indicadores que no tomen tanto en cuenta el volumen de población como el porcentaje de personas con especiales dificultades de acceso al empleo.

En este sentido, Mañú señaló que deben intensificarse las actuaciones en aquellas áreas con un mayor porcentaje de personas desempleadas y perceptoras de renta garantizada, entre otros colectivos, para así incidir en la población con mayores dificultades de acceso al empleo. Con el fin de facilitar la inserción laboral de parados de larga duración, la convocatoria puntúa adicionalmente las contrataciones de aquellas personas que llevan percibiendo la renta garantizada durante dos años o más.

La asignación presupuestaria será de seis millones de euros, igual a la del año anterior, una cuantía que las entidades locales conocieron a principios del mes de marzo.