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De nuevo, contra la ‘Ley Montoro’

Andrés Valentín - Miércoles, 5 de Abril de 2017 - Actualizado a las 12:50h

Contra la ‘Ley Montoro’. Así titulaba Pablo Gorría su opinión en este medio el pasado 3/4/2017. Su lectura me produjo una sensación contradictoria: por una parte, me había quedado sin el título de este artículo que estaba terminando de escribir; por otra, venía a demostrar que estas materias, muchas veces complejas y no siempre fáciles de explicar, aparecen cada vez con más frecuencia en los medios.

La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la ‘Ley Montoro’ no puede entenderse sin enmarcarla en la reforma del artículo 135 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y completada por las tasas de reposición, las cartas de Montoro exigiendo la disolución de empresas públicas, la consolidación de la tutela preventiva de la Administración General del Estado, que coloca a la administración local en situación de sumisión y sometimiento, y otras actuaciones de similar pretensión.


La justificación de estas normas basada en «garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso» carece de sentido ya que los Ayuntamientos ofrecen un porcentaje de deuda pública casi insignificante (5%) y cerraron sus cuentas en 2015 con un superávit del 0,44 %. Es público y notorio que en 2016 están siendo las administraciones locales las que están amortiguando los incumplimientos de la administración central en estas materias impuestas por la Unión Europea.
A propuesta de ARANZADI, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó en otoño de 2015 una moción contra los ataques a las administraciones locales que se derivan de la reforma del artículo 135 de la Constitución y demandando la derogación de la ‘Ley Montoro’.


Posteriormente otros municipios (Burlada, Valle de Egüés, Altsasu/Alsasua, Huarte, Mendavia, etc.) aprobaron mociones de similar contenido. En Zizur Mayor la moción no prosperó ante la abstención de Geroa Bai y EH Bildu.
En la asamblea de la FNMC de 18/12/2015, a propuesta de Nieves Recalde, de Podemos, aprueba una declaración por la que la FNMC solicita la eliminación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y las leyes que desarrollan esta disposición.
En enero de 2016, el Parlamento de Navarra aprobó por 32 votos a favor y 15 en contra una moción propuesta y defendida por Podemos por la que se instaba al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado a la anulación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y a la derogación de las leyes 2/2012 y 27/2013.
Unidos Podemos presentó en el Congreso de los Diputados la “Proposición de Ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de Régimen Local” para derogar la mayor parte del articulado de la ‘Ley Montoro’. En artículos publicados en este medio el 13 y 14 de enero de 2017 me referí a todas estas cuestiones.


La toma en consideración de esa Proposición de Ley fue rechazada por los votos de PP, PNV y UPN, y la abstención del PSOE. Si hay quien se extraña del voto del PNV, debe recordar en el apartado 1.b) del artículo 110 de la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi, ha incorporado como propios los principios de “Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que conllevará el cumplimiento de los requerimientos que se establezcan en materia de déficit público, deuda pública y regla de gasto,...”, es decir, los principios de Montoro.


El pasado 31 de marzo, Asiron reunió a los representantes de los principales Ayuntamientos de Navarra que coincidieron en reconocer que la ‘Ley Montoro’ limita la autonomía local e impide que las corporaciones locales atiendan como es debido los servicios a los que su ciudadanía tiene derecho.


Simultáneamente desde el Ayuntamiento de la capital se ha empezado a impulsar una moción por la derogación de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria. Tan importante es la aprobación de esta moción como su debate.
La viabilidad de la anulación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y la derogación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es limitada. La reversión de este marco normativo no es una batalla fácil, pero hay que darla. No se trata solamente de incrementar la presión contra estas camisas de fuerza de la autonomía local, sino también de profundizar el debate, de tejer alianzas sobre todo con las fuerzas cuyo posicionamiento es más contradictorio.

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