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Absuelven a los cuatro guardias civiles acusados de torturar a Barrenetxea

El tribunal cree “altamente inconcebible” que nadie apreciara el maltrato a la denunciante durante su traslado a Madrid

Carlos C. Borra - Viernes, 7 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Los cuatro guardias civiles acusados de presuntas torturas, durante el juicio celebrado el mes pasado en Bilbao. Fotos: Oskar Martinez

Los cuatro guardias civiles acusados de presuntas torturas, durante el juicio celebrado el mes pasado en Bilbao. Fotos: Oskar Martinez

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Los cuatro guardias civiles acusados de presuntas torturas, durante el juicio celebrado el mes pasado en Bilbao. Fotos: Oskar MartinezSandra Barrenetxea, acompañada por sus abogados.

Bilbao- La Audiencia Provincial de Bizkaia absolvió ayer a los cuatro guardias civiles acusados de torturas, agresión sexual y lesiones a Sandra Barrenetxea durante su traslado de Bilbao a Madrid en septiembre de 2010, tras ser detenida por pertenencia a Ekin, y en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, donde permaneció tres días en régimen de incomunicación. El tribunal considera que no han quedado suficientemente probadas las acusaciones de Barrenetxea, en cuyo relato aprecian elementos inverosímiles, lagunas y contradicciones. No obstante, la sección primera de la Audiencia vizcaína rechaza la petición de la defensa de deducirle testimonio por denuncia falsa, ya que asegura no tener pruebas suficientes de que ello sea así. La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, aunque los abogados de la denunciante aseguraron que están a la espera de estudiar el fallo para decidir si dan este paso.

Sandra Barrenetxea fue detenida en la madrugada del 14 de septiembre de 2010 en Bilbao por pertenencia a Ekin, organización ilegalizada en 2009 al ser considerada parte de ETA. Tras presenciar el registro de varias viviendas, fue introducida en un vehículo sin distintivos en Arrigorriaga y trasladada a dependencias policiales en Madrid, donde fue interrogada. Permaneció un año y cinco meses en prisión preventiva y pasó por las cárceles de Soto del Real, Ávila y Murcia. El mes pasado se celebró el juicio contra José Carlos Arranz, Fernando Huete, Jorge Rodríguez y Rubén Villalba por un presunto delito de torturas en concurso ideal con los delitos de lesiones y agresión sexual. En la última jornada del juicio, la acusación particular rebajó la petición de condena de 19 a nueve años de prisión para cada uno. Por su parte, la Fiscalía no presentó acusación alguna al considerar que no había delito y apoyó las tesis de la defensa.

“No ha sido suficientemente acreditado” y “no ha sido suficientemente probado” son las expresiones que más se repiten en el apartado primero del epígrafe Hechos probados de la sentencia. Aquí se incluye el que, durante el traslado a Madrid, “ninguno de los acusados le gritara, le insultara llamándole puta o zorra, le empujara y le pegara”. Tampoco que, en los interrogatorios, los agentes “le propinaran golpes en la cara o la cabeza y empujones que la tiraran al suelo, le obligaran a realizar ejercicios físicos ni que de nuevo le levantaran la camiseta y le bajaran los pantalones”.

Resulta especialmente llamativa la interpretación que hace el tribunal del trayecto entre Arrigorriaga y la capital del Estado español, que se produjo “íntegramente de día, con luz natural y en un vehículo oficial sin distintivos” y en el que Barrenetxea habría sido maltratada tras ser “desnudada de forma violenta”. Así, considera “altamente inconcebible e inimaginable” que la denunciante “no fuera vista por alguna persona”. Destaca que “no es infrecuente” que los conductores comuniquen por radio “circunstancias inusuales o delictivas” o que incluso “los divulguen a través de sus teléfonos móviles” o efectúen “grabaciones que se cuelgan en redes sociales”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia también hace referencia al médico forense que prestó asistencia a Sandra Barrenetxea hasta en siete ocasiones en las dependencias de la Guardia Civil. Cree “extremadamente significativo” que la denunciante tan solo le comunicara que le habían “golpeado con la mano abierta en la cabeza en varias ocasiones”, y que, sin embargo, “omita todos los hechos que, según ella, sucedieron durante el traslado desde Arrigorriaga”. Destaca a su vez las “lagunas u olvidos significativos” del testimonio de Barrenetxea, por ejemplo en la denuncia de que sufrió la “colocación forzada de una bolsa de plástico en su cabeza”: si en su primera declaración ante el juez central de instrucción dijo que se la colocaron una vez, en la denuncia formulada apenas un mes después habla de dos ocasiones, para utilizar indistintamente ambas versiones durante su declaración en el juicio oral.

Declaración persistenteEste “carácter contradictorio que presentan sus manifestaciones”, tal y como aparece en la página 39 de la sentencia, adquiere una gran relevancia debido a que la denuncia se sostiene básicamente en el testimonio de Barrenetxea. A ello contribuye el hecho de que el tribunal no admitió, por “innecesarias”, las propuestas de la acusación particular y de la defensa para practicar nuevas pruebas documentales y periciales. En este sentido, “la declaración de la víctima como única prueba de cargo ha de ser persistente”, subraya la Audiencia, y debe tener “cierto grado de concreción y no estar plagada de vaguedades o generalizaciones, y ha de ser coherente”. Un extremo que no se cumple en este caso, dadas las “contradicciones entre lo denunciado y lo declarado”, por lo que prevalece el principio de presunción de inocencia y se decreta la absolución de los acusados.

Al detalle

Declaración insuficiente. Según el tribunal, las acusaciones de la víctima “no reúnen los elementos necesarios para servir de prueba de cargo” por encima del principio de presunción de inocencia. La sala aprecia una “inverosimilitud objetiva, falta de corroboraciones periféricas y la inexistencia de persistencia en la incriminación”, por lo que “no puede dictarse un pronunciamiento condenatorio”.

No denuncia falsa. La Audiencia desestima la petición de la defensa de deducir testimonio a Barrenetxea por un presunto delito de denuncia falsa, ya que no tiene pruebas. Rechaza argumentos como la existencia de un protocolo de actuación que ETA difundía a las personas detenidas o “la interposición de otras denuncias por otros detenidos en la operación policial”, elementos que “no pasan de la legítima sospecha”.