Presión a Salesianos para que renuncie a instalaciones que no sean el nuevo centro de FP

Podemos, I-E y Aranzadi piden una “negociación pública” para parar “el pelotazo urbanístico”

Viernes, 7 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:08h

José Miguel Nuin, Edurne Eguino, Laura Pérez y Alberto Labarga.

José Miguel Nuin, Edurne Eguino, Laura Pérez y Alberto Labarga. (Foto: Oskar Montero)

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José Miguel Nuin, Edurne Eguino, Laura Pérez y Alberto Labarga.

“Esta operación no se parará hasta que la ciudadanía tome conciencia de la gravedad de sus implicaciones”

pamplona- Parlamentarios y concejales de Podemos, I-E y Aranzadi instaron ayer a las administraciones públicas implicadas pero, sobre todo, a Salesianos a “negociar” y a que no se acepte “ningún tipo de chantaje” hasta llegar a un acuerdo “para parar este pelotazo urbanístico”, en palabras de Laura Pérez (Podemos). En rueda de prensa emplazaron a la congregación religiosa, al Ejecutivo y al cuatripartito a “trabajar públicamente” el PSIS de Salesianos. Para Pérez esta operación, “más que cuestionable desde distintos puntos de vista”, no se parará “hasta que la ciudadanía tome conciencia de la gravedad de sus implicaciones”. Considera que se trata de un “caso paradigmático de las formas de proceder de UPN, donde retorcieron la norma para alcanzar sus objetivos”, favoreciendo a las entidades constructoras “en contra del interés general”, ya que “no va a generar beneficio alguno” al primar los “intereses privados” y la “educación concertada”.

En la misma línea se mostró el edil Alberto Labarga quien criticó la “como siempre opaca” gestión de UPN, “en contra de los intereses de la ciudadanía, a sabiendas de la rentabilidad nula” del proyecto. Instó a que el Gobierno de Navarra “abra una negociación pública y transparente” con “todas las fuerzas y con unos informes realmente objetivos, imparciales y públicos, y que se abra ese debate público a la ciudadanía”. “En contra de la firma de los convenios que se están suscribiendo”, Labarga rechazó “ser cómplices de ese reparto de unos beneficios dudosos” de un proyecto “ilegítimo”, y al respecto subrayó que a Aranzadi “no le sirven los informe que, a modo de chantaje, hablan de millonarias indemnizaciones en caso de no elaborarse estos proyectos”.

Para la concejal de I-E “la mejor salida” sería que Salesianos “se quedara en el Ensanche y en su solar renueve edificios e instalaciones necesarias”, y el solar del Valle de Egüés se destine a Instituto Público. Edurne Eguino también emplazó a Salesianos y al Ejecutivo foral a “hacer las negociaciones con transparencia y participación” y pidió “con urgencia” a Educación un informe de valoración del coste de “un nuevo centro de FP con baremos de centro público”. “Solicitamos a Salesianos que renuncie a financiar otras construcciones añadidas al centro de FP con la plusvalía del terreno”, añadió, y reivindicó además que “renuncie expresamente a toda plusvalía que pueda existir con la venta del solar”.

Y concluyó que, si el centro insistiera en irse, habría de concienciar a Salesianos sobre el “abuso sobre el interés público” que supone el convenio y el contrato promesa de compraventa que firmó con UPN, “no cumplidos en plazo por el estallido de la burbuja inmobiliaria”. “Entenderíamos que Salesianos quisiera pagar un nuevo centro (Sarriguren), ¿pero tiene que pagar también la ciudadanía un teatro, una residencia de estudiantes, una iglesia, un campo de fútbol de hierba artificial? Todo eso está en el convenio”, indicó, para pedir al Gobierno que haga un informe que valore el coste de un nuevo centro de FP “con baremos de centro público”.

‘a tres bandas’Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, aseguró que el Ejecutivo lleva prácticamente dos años trabajando “a tres bandas” sobre el PSIS de Salesianos para buscar una solución que “satisfaga a todas las partes”, pero siempre desde un principio de “seguridad jurídica”. También el vicepresidente del Ejecutivo Miguel Laparra afirmó que mantienen “la negociación con la comunidad salesiana en todos los ámbitos” y señaló que “nos parece importante que como mínimo tenemos que garantizar reducir el riesgo económico que puede suponer”. “También estamos estudiando una redistribución más equitativa de los beneficios, que llegue a ser del 50%, y más control en las actuaciones”, abundó. Según añadió, “estamos abiertos a seguir negociando y buscar el margen de acción en este proyecto”. “Pero el Gobierno no está en condiciones de asumir la paralización del proyecto a cualquier precio”, resaltó. - D.N.