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el llamado "peaje en la sombra"

Ayerdi calcula en 2,4 millones el sobrecoste en peaje de la Autovía del Pirineo

EFE - Martes, 11 de Abril de 2017 - Actualizado a las 18:32h

Imagen de archivo de Manu Ayerdi, vicepresidente de Desarrollo Económico.

Imagen de archivo de Manu Ayerdi, vicepresidente de Desarrollo Económico. (JAVIER BERGASA)

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Imagen de archivo de Manu Ayerdi, vicepresidente de Desarrollo Económico.

PAMPLONA. El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha afirmado en comisión parlamentaria que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Autovía del Pirineo (A21) supondrá un sobrecoste de 2,4 millones de euros en el pago a la concesionaria del llamado "peaje en la sombra".

El pasado 1 de marzo, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJN por la cual se aceptó la tesis de la concesionaria de que la Administración, en lugar de pagar por los kilómetros ejecutados de la Autovía del Pirineo, debe pagar por los que se licitaron, lo que significa una diferencia de 676 metros que no se llegaron a construir.

Esta diferencia entre los 46,097 kilómetros reclamados por la concesionaria y los 45,421 del Gobierno de Navarra supone pagar 77.000 euros más este año a la concesionaria de la autovía por el "peaje en la sombra".

La concesionaria de la autovía, ha explicado Ayerdi, cobra cada mes un canon doble: el de demanda y el Canon Estado de Infraestructura y Calidad del servicio (CEICS), un concepto este último que es el afectado por la sentencia.

El vicepresidente ha comentado que la sentencia supone en 2012 un sobrecoste retroactivo de 50.614 euros, en 2013 de 91.529, en 2014 de 76.893, en 2015 de 69.594, en 2016 de 76.424 y en 2017 de 77.050 euros.

Calculando una revalorización del canon según el IPC nacional del 1,5 %, de 2018 a 2039 (año en que termina la concesión) el sobrecoste sería de 1.976.000 euros, lo que supone que la sentencia tendrá una repercusión total de 2.418.225 euros.

Los pagos realizados hasta ahora a la concesionaria han sido de 13,1 millones en 2012 (9,7 millones de canon de demanda y 3,4 de CEICS), de 14,9 millones en 2013 (9 y 5,9 millones, respectivamente), de 15,1 millones en 2014 (9,9 y 5,2 millones), de 14,4 millones en 2015 (9,7 y 4,7 millones) y de 16,3 en 2016 (11,2 y 5 millones).

Ayerdi ha declarado que el Gobierno de Navarra ha recibido la sentencia con "acatamiento y respeto" y ha reconocido que en su día, durante el Gobierno de UPN, "claramente hubo un error" en el contrato de adjudicación y por esta razón el Supremo "da totalmente la razón" a la concesionaria con una sentencia "contundente".

"Como bien dice el Tribunal Supremo, tenemos que estar al resultado de nuestras propias omisiones", ha señalado Ayerdi, que ha indicado que "está claro que tenemos un sobrecoste ya firme y consolidado en esa autovía".

Por EH Bildu, grupo solicitante de la comparecencia, Adolfo Araiz ha aseverado que los 2,4 millones de euros son "una cifra lo suficientemente importante" como para exigir "una responsabilidad en la gestión".

Este sobrecoste, ha comentado el parlamentario de EH Bildu, es "otra 'herencia' que nos han dejado a quienes estamos apoyando el Gobierno del cambio".

Por UPN, Carlos García Adanero ha puesto de relieve que, en todo caso, "la autovía está en funcionamiento" y ha indicado al vicepresidente que también el próximo Gobierno "recibirá 'herencias' de tribunales por decisiones tomadas en el ámbito de sus competencias".

Rafael Eraso, de Geroa Bai, ha afirmado que le "choca un poco" la actitud de la concesionaria de cobrar el CEICS de "una infraestructura que no existe", una apreciación compartida por Carlo Couso, de Podemos, que ha subrayado que ésta es "una acción política que nos va a perseguir durante muchos años".

El parlamentario socialista Guzmán Garmendia ha opinado que este asunto "desmonta un poco el mito de la buena gestión de UPN", mientras que la popular Ana Beltrán se ha limitado a señalar que se debe respetar "lo que ha dicho la Justicia".

Por su parte, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, tras resaltar "la gravedad del error" cometido en el contrato de adjudicación, ha asegurado que este caso es "grave políticamente".