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Colectivo de Presos Políticos Vascos

El EPPK pide a Urkullu y Barkos que medien para traer a los presos a la cárcel de Zaballa

El colectivo de reclusos de ETA anuncia que terminará su debate en verano

Martes, 11 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Exterior de la cárcel de Zaballa.

Exterior de la cárcel de Zaballa. (Alex Larretxi)

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Exterior de la cárcel de Zaballa.

pamplona- Las etapas hacia el final de ETA van cayendo como las fichas del dominó. Cada una de ellas precipita la caída inexorable de la siguiente y cada vez de manera más inmediata. El desarme de la banda este pasado fin de semana ha acelerado el siguiente paso de la hoja de ruta marcada por el sentido común y en breve le tocará el turno al debate del EPPK sobre el futuro de los presos. El autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos anuncia ahora que ese debate lanzado desde diciembre del año pasado terminará antes de mediados de verano, con lo que dejará las manos libres para que la banda decida también sobre su disolución.

En un comunicado remitido ayer al diario Gara con motivo del Día Internacional de los Presos Políticos que se celebrará el 17 de abril, el Colectivo también pide al lehendakari, Iñigo Urkullu, y a la presidenta del Gobierno navarro, Uxue Barkos, de que “hagan todo lo que esté en su mano” para acaba con el alejamiento y sean traídos a la cárcel alavesa de Zaballa “poniendo fin así al sufrimiento de nuestros allegados y como paso que ayude a traer la paz a Euskal Herria”. A Urkullu le recuerda que “no solo tiene la responsabilidad, sino también la capacidad de acabar con la deportación de los presos políticos vascos”.

Los alrededor de 340 presos de ETA están desperdigados en 55 cárceles del Estado español (unos 260 reclusos) y en una veintena de prisiones francesas (unos 75), además de otros tres en Suiza, Portugal y Reino Unido. Constituyen el cuerpo central de lo que queda de ETA, ya que fuera de las cárceles la banda está en descomposición, con un puñado de miembros y buena parte de sus estructuras desmanteladas. Así pues, serán ellos los que decidan sobre su situación penitenciaria pero también los que protagonicen el debate principal sobre la disolución de ETA, el siguiente hito sobre el que deberá pronunciarse sin mucha demora. Algunas fuentes, hablan de este año, aunque tiene como tope las elecciones municipales y forales de mayo del 2019.

Previamente a ese debate, los presos deben discutir -lo están haciendo ya- si aceptan la legislación penitenciaria para mejorar su situación o si se mantienen en sus trece y renunciar a lo que siempre han considerado una claudicación ante el Estado, negándose a la progresión de grados para poder luego acceder a permisos de salida y en último término a las salidas parciales de la cárcel, así como a los beneficios penitenciarios.

En definitiva, tienen que discutir si la dirección de ETA les permite que sea cada recluso el que decida de manera individual si acepta los beneficios penitenciarios y la progresión de grados. Hasta ahora la dirección etarra les prohibía que lo hicieran, de modo que a quien asumía las medidas de reinserción se le tildaba de traidor, salvo en contadas ocasiones.

La mayoría de los presos se inclina por apoyar el documento oficial del EPPK que aboga por que cada recluso decida si acepta la legislación vigente. Entre los que se oponen hay que distinguir los presos afines al Movimiento pro Amnistía y contra la Represión, también conocido como ATA -la escisión de Sortu-, y aquellos que siendo críticos con la propuesta del EPPK se mantienen encuadrados en su estructura. El comunicado del Colectivo señala que la recogida de votos terminará el 20 de mayo y el resultado del debate se dará a conocer a mediados del verano. - H.U.

EL DEBATE

Los presos. Hay alrededor de 340 presos de ETA. Unos 260 cumplen su pena en prisiones españolas y cerca de 75 en cárceles francesas. Otros tres están en Suiza, Portugal y Reino Unido.

El Colectivo. El EPPK arrancó el debate en diciembre de 2016 y propuso un documento en el que aboga por poner fin al veto que hasta ahora se les imponía sobre los beneficios penitenciarios y la progresión de grados. Frente a ello, plantea que sea cada preso el qeu decida si quiere acogerse a la legalidad penitenciaria.