El sitio de mi recreo

Disolución con memoria plena

Por Víctor Goñi - Miércoles, 12 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:06h

ni la sociedad le debe nada a ETA por decretar el cese definitivo hace cinco años y completar su desarme este sábado tras más de 800 asesinatos, ni en concreto la abrumadora mayoría del pueblo vasco avaló jamás el crimen y la extorsión en supuesto nombre de una causa independentista que emponzoñó precisamente por teñirla de sangre. Esta doble premisa no admite matices desde una mínima objetividad revestida de conciencia ética, como también cabe constatar que ETA se ha visto obligada a claudicar por la presión policial y la expansiva doctrina jurídica, más la irrupción onmipresente del terrorismo yihadista. Pero asimismo porque la izquierda abertzale liderada por Otegi se erigió en vanguardia del MLNV tras el atentado de la T-4, que frustró el proceso de paz con Zapatero encarrilado en Loiola y a la postre propició la gestación de Sortu con label legal. Llegados a la tan tardía como bienvenida entrega del arsenal restante, queda pendiente el apagado de la luz y la clausura a cal y canto de este cuarto de los horrores, lo que pasa necesariamente por la disolución de ETA con el exigible reconocimiento del daño causado injustamente. Es decir, no sólo a efectos de una mera compilación de desperfectos y bien entendido que nunca justificó la violencia un conflicto político a modo de colisión entre identidades a resolver pacífica y democráticamente. A partir del relato básico compartido de que matar estuvo mal, más allá de la condición del victimario, lo que también concierne en su alícuota parte al Estado en lo que atañe al terrorismo financiado con fondos públicos reservados, así como a los abusos de funcionarios policiales acreditados. Y con el arbitrio de todas las reparaciones a las que haya lugar sin distinción entre damnificados al objeto esencial de articular una convivencia cimentada en una memoria plena, sin zonas en penumbra. El desmantelamiento de ETA tenía que materializarse unilateralmente y así ha ocurrido, por lo que finiquitar la dispersión de sus 340 presos no constituye una contrapartida sino una cuestión de normalización penitenciaria. El cumplimiento preceptuado de las penas, sobremanera en los delitos de sangre, resulta compatible con flexibilizar una política carcelaria pergeñada para una excepcionalidad felizmente superada. Pues el ánimo de venganza, comprensible en las víctimas y en sus deudos, no casa con un Estado de Derecho garantista.