Editorial de diario de noticias

Prohibición más que cuestionable

La decisión judicial de suspender el acuerdo del Parlamento de exhibir de forma simbólica la bandera republicana retrotrae este símbolo legal a la situación de persecución del franquismo y falta el respeto a la memoria de sus miles de víctimas navarras

Miércoles, 12 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:06h

la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que revoca el acuerdo del Parlamento de Navarra para exhibir en su fachada la bandera republicana el día 14 en homenaje a los miles de navarros y navarras asesinados, desaparecidos y represaliados por el genocidio franquista vulnera el principio de las libertades democráticas y políticas -al menos de expresión-, recogidas en la Constitución de 1978 y retrotrae la situación de ese símbolo político a la situación de clandestinidad y persecución a la que le sometió durante cuatro largas décadas la dictadura. Y a todas esas personas y a sus familias. Guste o no a los miembros del TSJN, su argumentación jurídica no aporta ninguna cuestión jurídica que pueda situar su análisis por encima de la libre voluntad democrática del Parlamento de Navarra, que representa la voluntad política de la mayoría absoluta de los navarros y navarras a través de sus representantes libremente elegidos en las urnas, que en este caso suman casi el 70% de la Cámara navarra. La colocación de la bandera republicana en la fachada del Parlamento, ni siquiera en uno de sus mástiles oficiales, era un acto puntual y simbólico, y como la decisión política de derogar la Ley de Símbolos de 2003 y dejar en manos de la autonomía municipal la colocación de la ikurriña, con un muy mayoritario aval político y social. Ni uno ni otro símbolo son anticonstitucionales. Parece complicado que en un sistema democrático parlamentario sustentado, al menos en teoría, en la división de poderes y en una aplicación garantista de la justicia, tres jueces puedan imponer su peculiar y farragoso análisis -más político que judicial- para prohibir una decisión de ese alcance ético y democrático de un Legislativo. Es sólo otra muestra más del uso de las instituciones judiciales, sobre todo de sus tribunales superiores, para incidir en la política. De hecho, esta decisión del TSJN -como otras que ha dictado en los últimos meses contra cuestiones administrativas del Gobierno o de ayuntamientos del cambio político en Navarra- coincide con una encuesta que desvela que los ciudadanos del Estado español son los terceros de la UE que menos confían en su justicia. Es evidente que hay diferentes varas de medir, que la justicia no se aplica desde los mismos parámetros garantistas a todos los ciudadanos, que unos argumentos tienen una resolución u otra contraria según la ideología de jueces o fiscales, que hay una colocación política en los altos tribunales y que todo ello señala una involución democrática en la justicia.

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