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La comisión de investigación comenzará el 24

Un nuevo informe jurídico corrobora el acceso a las actas de la Fundación CAN

La comisión de investigación comenzará en la semana del 24 al 30 su labor de inspección en un espacio habilitado en el Ejecutivo Foral

EP - Miércoles, 12 de Abril de 2017 - Actualizado a las 14:28h

Reunión de la comisión que investiga la desaparición de Caja Navarra.

Reunión de la comisión que investiga la desaparición de Caja Navarra. (Javier Bergasa)

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Reunión de la comisión que investiga la desaparición de Caja Navarra.

PAMPLONA. La comisión de investigación del Parlamento foral en torno a la desaparición de la Caja Navarra se ha dado por enterada del informe jurídico (ampliación del emitido el 30 de enero) sobre las limitaciones en materia de protección de datos personales para el acceso a las actas de las reuniones de los órganos de gobierno de Caja Navarra celebradas durante los años 2000 a 2012.

El informe, emitido a instancias de UPN, concluye que la labor de protectorado del Gobierno de Navarra sobre la Fundación Caja Navarra alcanza también a los acuerdos adoptados por los órganos de las extintas Caja Navarra y Banca Cívica, cuyas actas han sido depositadas en dicha Fundación para su custodia.

En ese sentido y "una vez que el Gobierno de Navarra resolvió el pasado 8 de marzo que las actas de las reuniones de los órganos de gobierno de Caja Navarra celebradas entre 2000 y 2012 constituyen documentación necesaria para ejercer su función de protectorado, especialmente en lo tocante al control del patrimonio fundacional", el informe jurídico aborda la cuestión de la proporcionalidad en el acceso, de acuerdo con la debida protección de la confidencialidad.

A ese respecto, el informe jurídico se remite al proceder del Gobierno de Navarra, que ha decidido poner a disposición de los miembros de la comisión de investigación un espacio de consulta de la documentación con el fin de que puedan "concretar las actas imprescindibles para la investigación", y advierte que "el incumplimiento del deber de secreto y confidencialidad constituye infracción muy grave y puede ser sancionada con multa de 40.001 a 300.000 euros".

Al tratarse de una obligación personal, no cabe reclamar responsabilidad solidaria a los miembros de la comisión de investigación, "a menos que, como viene exigiendo la jurisprudencia, exista una concurrencia causal de todos ellos en la producción del año y no sea posible la individualización de responsabilidades".

Una vez aclarados los términos del acceso a las actas, los miembros de la comisión se han emplazado a concretar un calendario para, en la semana del 24 al 30 de abril, comenzar las tareas de inspección en las dependencias habilitadas por el Ejecutivo Foral.

En otro orden de cosas, Podemos ha reformulado la petición de información en relación con "las declaraciones de retenciones a trabajadores de Viálogos Capital Humano S.L. desde 2014 a 2010 y las declaraciones de operaciones con terceros en ese mismo período", denegadas en su día por el director gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.

El director gerente de la Hacienda argumentó que la solicitud no especificaba "aquellos terceros (personas físicas y entidades diferentes de la CAN y de Viálogos) cuya información resulta necesaria para las finalidades de la Comisión". "Una comunicación general y no discriminada de los datos contenidos en dichas declaraciones tributarias parece resultar incompatible con el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 4 de la LOPD y, más específicamente, en el apartado segundo, párrafo 2º, del artículo único de la Ley 21/1994, de 9 de noviembre, por la que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las comisiones de investigación del Parlamento de Navarra", expuso.

La comisión de investigación determinó en la reunión del 24 de febrero fijar el 10 de mayo como plazo límite orientativo para recabar peticiones de comparecencias. Estas, según avanzó, también a modo orientativo, podrían celebrarse entre el 15 de mayo y el 15 de junio. De ser así, la presentación de conclusiones y la finalización de los trabajos se prevé, salvo nueva prórroga, para el 30 de junio.

De acuerdo con las normas aprobadas, la comisión de investigación constituida el 27 de abril de 2016 tiene por objeto conocer y determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su Corporación Empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, además de esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción.