El TAN habilita al Concejo de Figarol a reclamar 16.500 euros a su presidente (UPN)

Rafael Martínez adelanta que recurrirá la resolución, mientras que los vecinos piden “justicia”

Ainara Izko - Miércoles, 12 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Fachada de la Casa del Concejo de Figarol.

Fachada de la Casa del Concejo de Figarol. (Foto: cedida)

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Fachada de la Casa del Concejo de Figarol.

figarol- El presidente del Concejo de Figarol, Rafael Martínez Beorlegui (UPN), tendrá que abonar los 16.500 euros, aproximadamente, que adeuda por el arrendamiento de La Residencia (desde abril de 2012 hasta abril de 2016), un inmueble propiedad del Gobierno de Navarra que regenta como presidente, a su vez, de la Asociación Club Hípico Doshaches. Así lo ha dictaminado el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), a quien el concejal regionalista Agustín Fadrique, respaldado por vecinos, antiguos ediles y presidentes, tuvo que recurrir para reclamar dicha suma.

Los hechos se remontan a 1998, fecha en la que el Ejecutivo foral cedió gratuitamente La Residencia al Concejo. En un primer momento, el Concejo decidió ceder a título gratuito el inmueble a la asociación hípica por un periodo de nueve años y seis meses con la condición de que invirtiese un mínimo de seis millones de pesetas en acondicionar las instalaciones. Transcurrido ese plazo, no obstante, se acordó en 2008 establecer una nueva cesión, pero fijando una renta de 450 euros al mes, más el IPC. Hasta el primer trimestre del año 2012, la Asociación Club Hípico Doshaches pagó la cuantía estipulada. A partir de abril de 2012, sin embargo, la asociación comenzó a pagar, sin que existiera acuerdo alguno de Pleno para reducir la renta y coincidiendo con el nombramiento de Rafael Martínez como presidente del Concejo, 162,02 euros al mes en lugar de 486,66 euros (aplicando la subida del IPC). Tras ser preguntado por esta cuestión, Martínez lo achacó a un “error administrativo”, que lejos de solventar, zanjó de la siguiente manera: eliminando en mayo de 2016, por dos votos a favor y uno en contra, la tasa cobrada por el arrendamiento de La Residencia, dejando “el uso del inmueble que reportaba unos ingresos a la economía de nuestro pueblo, totalmente gratuito al Club Hípico Doshaches” lamentan los vecinos.

Pocos meses después, en septiembre de 2016, Fadrique propuso reclamar el dinero que se había dejado de percibir, unos 16.500 euros, pero el Concejo decidió por mayoría no pedir la cuantía. De ahí que denunciase la cuestión ante el TAN, a quien solicitó que anulase el acuerdo y permitiese reclamar la cantidad adeudada al considerar que se estaba “dañando la economía” local.

En este sentido, cabe destacar que el TAN le ha dado la razón en parte. Por un lado, considera el deber concejil de reclamar los débitos no satisfechos que no se encuentren prescritos, pero, por el otro, inadmite el recurso interpuesto contra el acuerdo del Concejo de Figarol de fecha 16 de septiembre de 2016, en lo relativo a la impugnación de la decisión de no cobrar renta por la utilización de La Residencia al considerar que ha transcurrido más tiempo del que la ley establece para recurrir el acuerdo. Eso sí, el tribunal considera “más que discutible” el hecho de esa gratuidad, ya que la misma fue determinada por el Gobierno de Navarra a favor del Concejo y no del Club Hípico.

Tras conocer la resolución, Fadrique ha presentado una nueva petición de sesión extraordinaria para iniciar los trámites que permitirán reclamar la suma y también para volver a establecer un canon por la utilización del inmueble en cuestión. La ciudadanía exige a los concejantes que eliminaron el canon o tasa que rectifiquen y “actúen a favor de los intereses del pueblo y no de los de una asociación de la que forma parte el presidente del concejo”. Consideran la resolución beneficiosa para Figarol y esperan que “este tema deje de trastocar la convivencia” del pueblo y que de una vez por todas se haga “justicia”.

El presidente Rafael Martínez, por su parte, no quiere entrar a valorar la resolución y aunque en su día subrayó que acataría lo que dijera el TAN, ahora anuncia que recurrirá el dictamen, presentando un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, para lo que tiene dos meses de plazo.