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Desórdenes públicos sin terrorismo

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra no atisba la comisión de un delito terrorista en los censurables disturbios del 11 de marzo en Pamplona, un cambio doctrinal que cuestiona la expansiva ligazón con ETA

Jueves, 13 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:07h

los disturbios registrados en el Casco Viejo pamplonés el pasado 11 de marzo no configuran un acto de terrorismo, según la Sección Primera de la Audiencia de Navarra, que en consecuencia revoca la inhibición ante la Audiencia Nacional del Juzgado de Instrucción Número 4 de Pamplona. El fallo introduce la precisión capital de que los hechos valorados indiciariamente como desórdenes públicos, incluso referenciados como una acción en grupo y organizada, no conllevan de acuerdo con la prueba practicada la circunstancia agravante de haberse desarrollado en el ámbito de una organización o grupo criminal cuya finalidad sea cometer actos de terrorismo. Esta resolución, que por lo demás ratifica la prisión provisional de los tres detenidos por su participación en aquellas censurables algaradas constitutivas de un palmario anacronismo, supone un evidente cambio doctrinal -a falta de refrendo por el Tribunal Supremo- en el expansivo criterio judicial sobre este particular, impulsado sin ambages por la propia Audiencia Nacional, a la que la Sección Primera de la Audiencia de Navarra contradice por segunda vez este mismo año. De hecho, ya instó la devolución del caso Alsasua al juzgado natural de Pamplona porque, en el supuesto de tipificarse en la instrucción el atentado a la autoridad, no se trataría de un delito preceptuado como grave, además de que no advierte en el lamentable incidente la generación de un estado de terror o la subversión del orden constitucional. La resultante es que la tesis jurídica del todo sigue siendo ETA, demasiado extendida todavía y sin contraste con la realidad tras el cese definitivo y el desarme, comienza a cuestionarse abiertamente por algún tribunal garantista refractario a la sobrexcitación mediática y la sobreactuación política, en ambos casos procedentes de núcleos conservadores. Esos dictámenes debieran inducir a la reflexión a todos esos instigadores de causas generales, porque toda expresión de violencia por repudiable que resulte no es en absoluto merecedora de penas de terrorismo, en una penosa banalización del término y de sus consecuencias. Precisamente, la última resolución de la Sección Primera de la Audiencia de Navarra pone en valor el unánime y unitario rechazo de los disturbios del 11 de marzo por el Ayuntamiento pamplonés, un consenso institucional reseñable que las derechas navarras intentaron luego estigmatizar por no incluir la condena como fórmula de repulsa.

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