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La Audiencia corrige al juez y no ve terrorismo en los disturbios del Casco Viejo de Pamplona

La misma sala consideró que el caso Alsasua debía juzgarse en Pamplona
Tres jóvenes permanecen en prisión preventiva

A. Irisarri - Jueves, 13 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:08h

La manifestación de Errepresioari Autodefentsa que se celebró en Pamplona el 11 de marzo.

La manifestación de Errepresioari Autodefentsa que se celebró en Pamplona el 11 de marzo. (Foto: Edu Sanz)

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La manifestación de Errepresioari Autodefentsa que se celebró en Pamplona el 11 de marzo.

pamplona- La Sección Primera de la Audiencia de Navarra considera que los disturbios registrados en Pamplona el pasado 11 de marzo y por los que permanecen en prisión tres jóvenes de Rentería (Gipuzkoa) no constituyen un delito de terrorismo. Así, la Audiencia Provincial cree que no procede que la Audiencia Nacional, tribunal que acapara las competencias para juzgar los casos de terrorismo, asuma el proceso, y ordena que la causa vuelva al Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona. La decisión proviene de la misma sección de la Audiencia de Navarra que consideró que los sucesos de Alsasua tampoco constituían un delito de terrorismo y que debían ser juzgados en la Comunidad Foral.

Los hechos objeto de debate sucedieron el 11 de marzo en Pamplona. Esa tarde, una manifestación no convocada con anterioridad y bajo el lema Errepresioari Autodefentsa,recorrió las calles del centro de la ciudad, hasta que en un momento dado un grupo que iba en la marcha comenzó a arrojar piedras contra la Policía Nacional y a producir otros destrozos en el mobiliario urbano. A causa de los disturbios, agentes del cuerpo policial detuvieron a tres jóvenes provenientes de la localidad guipuzcoana de Rentería, que se habían desplazado expresamente hasta la capital navarra para participar de la manifestación.

Una vez pasaron a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ordenó el ingreso en prisión de los tres jóvenes, consideró que los hechos podían ser constitutivos de un delito de desórdenes públicos y terrorismo y se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que en un primer momento había aceptado hacerse cargo de la causa al percibir la juez Lamela que los altercados pretendían “subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública”. No obstante, y como dicha decisión fue recurrida por las defensas, todavía falta una resolución firme por parte de la Audiencia Nacional. Si termina por confirmar los hechos como constitutivos de un delito de terrorismo, dejaría en manos del Tribunal Supremo la decisión de dirimir dónde se instruye y juzga el caso.

Porque la Sección Primera de la Audiencia de Navarra, en un auto conocido ayer, determina que los desórdenes públicos del pasado 11 de marzo “no pueden considerarse delito de terrorismo”. Se apoya, para ello, en que los hechos (que el atestado policial enmarca bajo una iniciativa autodenominada Errepresioari Autodefentsa), aunque se hubiesen desarrollado “en grupo y con una organización previa”, no están dentro de la actuación de “una organización o grupo criminal” organizado, estable o con duración indefinida y “cuya finalidad sea perpretar delitos de desórdenes públicos o terrorismo en general”, tal y como se dispone en el auto.

Además, la Sección Primera de la Audiencia Provincial destaca que en el atestado policial no existe “referencia alguna” a que los tres investigados que permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Pamplona “hubieran desarrollado” los altercados “amparados en esa organización o grupo”. Así, concluye que “no nos encontramos ante indicios racionales de la posible comisión de un presunto delito de terrorismo de los artículos 573 o 573 bis”, referentes a terrorismo. Con todo, la Audiencia de Navarra declara competente al Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, el mismo que se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional.

mantiene la prisiónLo que sí considera la Sección Primera de la Audiencia de Navarra que está suficientemente acreditado es que los tres acusados participaron, “al menos”, en un delito de desórdenes públicos recogido en los artículos 557 y 557 bis, castigados con una pena de uno a seis años de prisión en el Código Penal. Por la gravedad de los sucesos y por la posibilidad que exista un riesgo de fuga, la Sección Primera rechaza la petición de las defensas particulares de los acusados y mantiene la prisión provisional para los tres acusados.