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Dos expresidentes, en el banquillo

gonzález, por el secuestro de segundo marey, y suárez, por el caso banesto, comparecieron tras dejar el cargo

Un reportaje de M. González - Miércoles, 19 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:06h

Felipe González.

Felipe González. (Foto: Efe)

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Felipe González.Adolfo Suárez.

en España no se conocen precedentes en los que un presidente del Gobierno en ejercicio haya declarado ante un tribunal, ya que Felipe González lo hizo por escrito en 1991 durante la instrucción del caso por el secuestro de Segundo Marey, mientras que en 1998 declaró de forma presencial por este asunto ante el Tribunal Supremo, pero entonces ya había dejado el cargo.

Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno, declaró el 8 de junio de 1995 ante la Audiencia Nacional por el caso Banesto, uno de los procesos más largos de la historia de los delitos económicos. El primer presidente de la democracia se ofreció a prestar declaración sobre la operación de retirada de 300 millones de pesetas de las cajas de la entidad bancaria, cantidad que presuntamente recibió CDS, cuando Suárez era presidente e la formación.

Corría el año 1998 cuando Felipe González, expresidente del Gobierno desde las elecciones del 96, declaró ante el Supremo en calidad de testigo por el caso Marey, una de las acciones de los GAL. González, blindado de cámaras y grabadoras, declaró por su presunta vinculación en el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés confundido con un líder de ETA, en la primera acción atribuida por los GAL en diciembre de 1983.

Este caso, enmarcado en la guerra sucia contra el terrorismo de ETA, no llegó a imputar al exlíder socialista, pese a que las acciones se vincularon al equipo de Gobierno que él mismo dirigió. Más aún, el exministro de Interior José Barrionuevo, el ex secretario de Estado Rafael Vera y otros tres ex altos cargos de Interior fueron condenados por el secuestro de Marey.

Casi 20 años después, el tribunal que juzga la primera época de la Gürtel cita a declarar a Mariano Rajoy, actual presidente del ejecutivo, en calidad de testigo. Se convertirá, por tanto, en el primer presidente del Gobierno en ejercicio en declarar ante la Justicia. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ha logrado -era la cuarta vez que lo reclamaba- la comparecencia de Rajoy, le pedirá que confirme o desmienta si existió financiación irregular del PP cuando fue secretario general del partido (entre septiembre de 2003 y octubre 2004) y por su conocimiento de este tipo de donaciones dada su condición de director de campañas electorales como las que llevaron a José María Aznar a la Moncloa en 1996 y 2000.

Así se detalla en el escrito de Adade, en el que esta parte justifica como “imprescindible” oír al que fuera director de diversas campañas del PP para que “confirme o desmienta ese traslado de responsabilidades, o si, como es más que probable, funcionaba la “cadena de mando”. Igualmente, interrogará a Rajoy sobre su conocimiento de lo que se ha dicho en el juicio por otros acusados como el propio líder de la trama, Francisco Correa, o el empresario y expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García-Pozuelo. Ambos hablaron de la existencia de pagos al partido que se utilizaron para financiar campañas electorales locales a cambio de la obtención contratos en pueblos de Madrid como Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte.

Precisamente por esta presunta financiación irregular del PP para sus campañas electorales es por lo que este partido, cuya Presidencia ostenta el propio Rajoy, ha sido considerado por Anticorrupción beneficiario a título lucrativo. La acusación también podría cuestionar a Rajoy por hechos atribuidos al extesorero Luis Bárcenas, quien, según el auto de apertura del juicio oral, “mediante el cobro de comisiones por contrataciones publicas se habría apropiado de fondos del PP aprovechándose de la doble contabilidad creada en ese partido”.