Mesa de Redacción

Decisiones políticas y resoluciones judiciales

Por Joseba Santamaria - Sábado, 22 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:07h

al juez Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, no le ha gustado que el Parlamento de Navarra aprobara una declaración institucional muy crítica con la resolución de este tribunal que revocaba el acuerdo de la Cámara para colocar de forma simbólica durante el día 14 de abril la bandera republicana en la fachada de la institución como homenaje a los miles de navarros y navarras asesinados, desaparecidos y represaliados por el genocidio franquista que hasta hace muy poco han estado condenados al olvido. Tampoco gustó al Parlamento ese fallo judicial -de hecho, está recurrido-, ni a miles de navarros y navarras. La diferencia entre un pronunciamiento y otro es que el Parlamento es una institución política que representa la libre voluntad democrática de la sociedad navarra y que el juez Galve es un funcionario de la Administración de Justicia que cuando se pone a soltar diatribas políticas se cuestiona a sí mismo en los valores fundamentales de la justicia garantista de la independencia y la imparcialidad. No es nueva esta moda en España de jueces con mando en el poder judicial soltando argumentos políticos contra las decisiones de instituciones democráticas, mientras exigen a los demás respeto y acatamiento a sus resoluciones judiciales. Y tampoco es nuevo el juez Galve en estas lides opinativas desde la llegada del cambio político y social a Navarra. Anteponer argumentos políticos a criterios jurídicos es uno de los síntomas de la anulación progresiva de la democrática separación de poderes y de la devaluación de la justicia española -las encuestas la señalan como una de las estructuras del Estado en que menos confían los ciudadanos y también a la cola entre el conjunto de estados de la UE-, y el camino hacia la lacra de la politización de la justicia y la judicialización de la política. Utilizar los altos tribunales para revocar decisiones legítimas, legales y democráticas de los responsables políticos, como fue plantear la colocación de la bandera republicana el pasado 14 de abril, es un camino peligroso, que además en este caso dejó en el aire un principio democrático y constitucional fundamental como es el de la libertad de expresión política. Si el juez Galve quiere hacer proselitismo de su ideología política -que es pública y notoria porque él mismo se ha encargado de alardear de sus opiniones personales en diferentes foros-, debería dejar la toga y coger el micrófono y saltar a la arena electoral. De una institución como el TSJN cabe esperar mucho más que un improcedente comunicado -que desde ese órgano judicial parece representar al conjunto de la judicatura en Navarra- arremetiendo contra la primera institución de un sistema parlamentario democrático como es el de Navarra. Porque aunque le guste poco o nada al juez Galve, el Parlamento de Navarra todavía no se ha vuelto loco. Ni parece estar cerca de ello. Pese a lo que auguró, con el poco éxito que le ha dado la historia posterior para predecir el devenir futuro político de Navarra, el ex presidente Miguel Sanz. Sin más.