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no podrá utilizarse como vía para privatizar

Laparra: "La próxima ley de conciertos sociales dará estabilidad y reforzará el sistema público"

La nueva Ley no podrá utilizarse como vía para privatizar servicios públicos ni para paralizar la reversión de servicios al sistema público

EFE - Lunes, 24 de Abril de 2017 - Actualizado a las 11:43h

Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales.

Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales. (Iban Aguinaga)

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Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales.Luis Gabilondo, director general de Salud de Navarra.

PAMPLONA. El anteproyecto de Ley Foral que regula los conciertos sociales con entidades sin ánimo de lucro en los ámbitos de la Salud y de los Servicios Sociales pretende aportar estabilidad a los organismos de esta índole y "reforzar el propio sistema público".

La propuesta, que se encuentra en fase de exposición pública hasta el próximo 10 de mayo, ha sido presentada esta mañana en rueda de prensa por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y el director general de Salud, Luis Gabilondo.

"Podemos decir que el Gobierno de Navarra construye un nuevo modelo de relación con la sociedad civil", ha afirmado Laparra, que ha explicado que se plantea "un proceso de colaboración entre la Administración pública y las entidades sociales en el refuerzo del propio sistema público", tanto de Salud como de Servicios Sociales.

El consejero, que ha matizado que se pretende "reforzar" el sistema público con nuevas prestaciones pero no "privatizar los servicios públicos existentes", ha indicado que la propuesta "supone un reconocimientode la especificidad de este tipo de entidades", pues muchas de ellas "surgen como iniciativa de las propias personas afectadas por distintas problemáticas".

"Frente a las subvenciones, que se van renovando anualmente, los conciertos están previstos para una duración de unos 3 años, renovables hasta un total de 9", ha detallado Laparra, que ha destacado que se trata de "periodos notablemente más largos" y que "dan más estabilidad a los servicios".

De esta forma, ha anunciado que la prestaciones que se concierten contarán con "todas las garantías que supone un servicio público" en términos de "calidad" y "continuidad" y que "hay un amplio margen de maniobra para sustituir subvenciones anuales por conciertos más estables por esta vía".

Salvo la red de atención primaria, que no es objeto de concertación, ha precisado que el resto de Servicios Sociales gestionados por entidades de iniciativa social podrían estar sujetos a estos conciertos, y ha puesto como ejemplo los centros ocupacionales para personas con discapacidad o menores.

Asimismo, ha remarcado las salvaguardas que introduce el anteproyecto, como la garantía de que los conciertos "no supongan nunca una vía para la privatización de servicios públicos ni sean obstáculo para revertir a lo público elementos que fueron privatizados", o el objetivo de "homogeneizar e igualar los salarios con los propios de los centros públicos".

Por su parte, Gabilondoha considerado que se trata de una "alternativa a la contratación de servicios" y que "abre nuevas vías para la concertación de nuevas modalidades de atención".

Tras subrayar que la mayor duración de los contratos aportará "estabilidad a entidades sin ánimo de lucro", ha añadido que los vigentes "no sufrirán ninguna modificación" y que "se mantienen en vigor".

Además, ha remarcado la "calidad" y "seguridad" de los servicios ofrecidos y que "la responsabilidad pública de la asistencia sanitaria es indelegable".

"Podemos concertar la atención con servicios, pero no podemos delegar la responsabilidad de garantizar que esos servicios se ofrecen con las máximas garantías", ha apostillado.

Según se informa en nota de prensa, se delimitarán "los casos en los que estos conciertos puedan suscribirse" y se "define con más claridad las características que han de cumplir las entidades" para ser consideradas sin ánimo de lucro para, de esta forma, "evitar posibles desviaciones en la correcta utilización de esta fórmula".

LA NUEVA LEY El Gobierno de Navarra, acorde con las nuevas posibilidades que establece la normativa europea y en uso de sus competencias, ha elaborado un anteproyecto de Ley Foral para regular los conciertos sociales con entidades sin ánimo de lucro en los ámbitos de salud y de los servicios sociales en la Comunidad foral, como vía alternativa a la contratación de servicios.

El Departamento de Derechos Sociales, en colaboración con el Departamento de Salud, ha liderado el grupo de trabajo constituido para dar forma a esta normativa, que ha integrado a miembros del Consejo Navarro de Bienestar Social.

El Vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, acompañado por el Director General de Salud, Luis Gabilondo, ha presentado esta mañana el anteproyecto, que se encuentra publicado ya en la web de Gobierno Abierto para posibles aportaciones de la ciudadanía y entidades, que se podrán efectuar hasta el próximo 10 de mayo.

La nueva Ley Foral de conciertos sociales y sanitarios persigue diversos objetivos. En primer lugar, abre nuevas oportunidades de colaboración entre la administración pública y la sociedad civil y trata de reconocer la aportación de recursos y la experiencia acreditada en la atención a las personas, que las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro vienen realizando tanto al sistema de servicios sociales como al sistema sanitario.

Así, según ha señalado el vicepresidente Laparra estas entidades de iniciativa social surgen, en muchas ocasiones, de las propias personas afectadas por problemáticas socio-sanitarias. “Su fin social y sin ánimo de lucro, junto a su capacidad para aportar recursos añadidos, incentivan la mejora continua en la atención a las personas beneficiarias de servicios y prestaciones, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad. Si a ello se le añade su habitual capacidad de complementar los servicios con programas preventivos y de voluntariado socio comunitario, se trata de un modelo de gestión que puede ofrecer un valor añadido mejorando tanto la eficacia como la eficiencia en la gestión”.

Igualmente, ha explicado el vicepresidente, la nueva Ley Foral “trata de ser una alternativa al habitual sistema de subvenciones públicas, ofreciendo a las entidades sociales un modelo de relación más estable y más garantista en torno a servicios y programas que ahora vienen desarrollando por esta vía”.

La regulación de los conciertos sociales, ha concluido Laparra, “permite de esta manera la expansión del sistema público de servicios sociales, sanitarios y sociosanitarios, aumentando de este modo las garantías que pueden ofrecerse a la ciudadanía tanto desde la perspectiva de la continuidad del servicio como desde el prisma de los estándares de calidad de las prestaciones ofrecidas”.

Articulado de la nueva ley foral

Entre otras cuestiones, la nueva Ley Foral establece que esta opción de gestión en ningún caso podrá plantearse como una vía para la privatización de la gestión de servicios públicos, ni para paralizar procesos de reversión a lo público de servicios privatizados.

El anteproyecto de Ley Foral articula un régimen específico para posibilitar la gestión indirecta de servicios sociales, sanitarios y sociosanitarios, a través de conciertos sociales y, por tanto, al margen de la regulación sobre contratación pública con empresas mercantiles, en colaboración con entidades sin fines lucrativos capacitadas para prestar los servicios sin incremento de costes respecto a otras formas de gestión.

De igual modo, delimita los casos en los que estos conciertos sociales pueden suscribirse y define con claridad las características que han de cumplir las entidades para ser consideradas entidades sociales sin ánimo de lucro y acogerse a los mismos. Se trata de evitar de esta forma posibles desviaciones en la correcta utilización de esta fórmula.

Más allá de una fórmula de gestión alternativa, el anteproyecto de Ley Foral establece una forma de relación entre las administraciones públicas y las entidades de iniciativa social que no es estrictamente nueva porque se había regulado ya en la Ley Foral 20/1985, de 25 de octubre, de Conciertos en materia de Servicios Sociales, pero que se había perdido en un proceso de mercantilización de la gestión indirecta de los servicios públicos en este ámbito.

Principios de la nueva Ley Foral

Además de los objetivos y preceptos mencionados, la nueva Ley Foral establece una serie de principios a los que deberán atenerse los conciertos a suscribir. De todos ellos cabe señalar los siguientes:

- La prestación de servicios a través de conciertos tendrá a todos los efectos la consideración de prestación de servicios públicos, debiendo respetar las entidades prestadoras todos los derechos de las personas usuarias de dichos servicios.

- La calidad del servicio para todas las personas usuarias, que comportará además atención integral y continuada, y que inspirará la organización de los conciertos y que será el determinante principal para la selección de las entidades que presten los servicios.

- La solidaridad, fomentando la implicación de las entidades del Tercer Sector en la prestación de servicios de interés general y promoviendo en la mayor medida posible la consecución de fines sociales.

- La transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades y no discriminación de las entidades que opten al concierto.

- La adecuación a la planificación estratégica de los servicios públicos.

- El compromiso por parte de las entidades concertadas de no beneficiarse de tal condición para aplicar una política de precios inferior al promedio del mercado cuando actúen en el ámbito de actividades comerciales o económicas, alterando con ello la competencia.

- La promoción de fines sociales y ambientales, de igualdad entre mujeres y hombres, de innovación en la gestión de las entidades y de los servicios públicos, estableciendo dichos objetivos de manera expresa en el objeto o condiciones de ejecución de los conciertos.

- La participación efectiva de la ciudadanía usuaria en la prestación y evaluación de los servicios, siempre que sea posible en virtud del objeto del concierto.

- La obligación de fijar el precio del concierto sin prever beneficio empresarial y compromiso del adjudicatario de que en caso de obtenerlo habrá de reinvertirlo en medios personales y materiales para la mejora en la prestación del servicio al usuario.

- La reducción de las diferencias retributivas y de jornada que pudieran existir entre el personal de las entidades que concierten y las del personal de la categoría profesional correspondiente de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, siempre que no comporten incremento del gasto del servicio concertado respecto al sistema de gestión anterior.