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Una nueva ley foral prima los servicios sociales y sanitarios de las entidades sin ánimo de lucro

Crea un sistema de conciertos en el que se garantizará que no se utilicen como vía de privatización

Ofrece seguridad a las entidades y avala la continuidad de los servicios

Leticia de las Heras Patxi Cascante - Martes, 25 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Usuarios de la residencia Carmen Aldave de Aspace, uno de los servicios que podrían optar a los conciertos.

Usuarios de la residencia Carmen Aldave de Aspace, uno de los servicios que podrían optar a los conciertos.

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Usuarios de la residencia Carmen Aldave de Aspace, uno de los servicios que podrían optar a los conciertos.

Pamplona- El Gobierno de Navarra impulsará la actividad de las entidades sin ánimo de lucro a través de una nueva Ley Foral de conciertos sociales y sanitarios, con la que se creará una nueva figura de colaboración al margen de la actual regulación sobre contratación pública. Este nuevo modelo, subrayaron desde el Ejecutivo, en ningún caso podrá plantearse como una vía para la privatización de la gestión de servicios públicos ni para paralizar procesos de reversión a lo público de servicios privatizados.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, explicó que esta nueva Ley Foral pretende ser una alternativa complementaria al habitual sistema de subvenciones públicas, ofreciendo a las entidades sociales un modelo de relación más estable y más garantista en torno a los servicios y programas que ahora vienen desarrollando por esta vía. En este sentido, indicó que aumentará la estabilidad de las entidades, ya que mientras que las subvenciones se renuevan cada año, los conciertos se prevén con una duración de tres años que podrán ser renovados hasta llegar a los nueve.

El director general de Salud, Luis Gabilondo, valoró muy positivamente este aspecto, ya que, indicó, “da estabilidad a instituciones sin ánimo de lucro y a sus trabajadores, que llevan prestando servicios a la sociedad navarra desde hace muchos años y no es razonable que cada año estén permanentemente en incertidumbre”. Además, se contemplan conciertos conjuntos entre varias entidades para garantizar la continuidad del servicio, sin obligar a dividir los contratos en lotes, y no se limita a la actividad asistencial, sino que se permite extender el concierto a actividades de formación o investigación conjunta.

El consejero, por su parte, apuntó que “los servicios y prestaciones que se conciertan se entienden plenamente como parte del sistema público, por tanto cuentan con todas las garantías en términos de continuidad del servicio y calidad de las prestaciones”, aludiendo que esta Ley Foral supone un reconocimiento de la especialización de este tipo de entidades.

Así mismo, Laparra aludió a que se garantizará que estos conciertos no se utilicen como vía de privatización de servicios. “Tendrán que acreditar que se trata de servicios que se gestionan ya por la vía privada o que aumentan el sistema público de prestaciones”, apuntó. Para ello, explicó, se tendrá que realizar un informe técnico previo en el que se constate que el servicio no ha sino público con anterioridad. Además, para acceder a la prestación mediante conciertos deberán prestar sus servicios como entidad sin ánimo de lucro desde, como mínimo, los cinco años anteriores a la convocatoria.

Luis Gabilondo destacó que este sistema de conciertos permite primar los criterios de calidad del servicio frente a los puramente económicos. “El poder valorar los procesos de experiencia acreditada por las entidades y la satisfacción de los usuarios que están siendo ya atendidos o que se puedan valorar las buenas prácticas sociales de las entidades nos parecen elementos muy relevantes”, apuntó señalando que, en aquellos casos en los casos en los que el factor de la calidad sea menos relevante, se podrá seguir optando por el actual sistema de contratos.

Laparra puso en valor que estas entidades de iniciativa social surgen en muchas ocasiones de las propias personas afectadas por problemáticas sociosanitarias. “Su fin social y sin ánimo de lucro, junto a su capacidad para aportar recursos añadidos, incentivan la mejora continua en la atención a las personas beneficiarias de servicios y prestaciones, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad -señaló-. Si a ello se le añade su habitual capacidad de complementar los servicios con programas preventivos y de voluntariado socio comunitario, se trata de un modelo de gestión que puede ofrecer un valor añadido mejorando tanto la eficacia como la eficiencia en la gestión”.

Cualquier servicio social o sanitario, a excepción de los ofrecidos en la red de Atención Primaria, podrá estar sujeto a los conciertos siempre y cuando lo lleve a cabo una entidad sin ánimo de lucro. Uno de los servicios que se prevé que entre en esta nueva modalidad de conciertos, apuntó Gabilondo, son los que ofrece actualmente el hospital San Juan de Dios.

Esta nueva ley responde a las nuevas directivas europeas, que plantean la posibilidad de reservar a entidades sin ánimo de lucro la prestación de los servicios de interés general de atención directa a las personas. Eso sí, siempre que sea en un marco en que se preserven las finalidades de solidaridad y eficiencia presupuestaria y no comporte una alteración de la competencia.

En el grupo de trabajo inicial para la elaboración de esta ley participaron el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (Cermin), la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Comisiones Obreras, CEN, la Casa de la Misericordia, Lares y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. El anteproyecto se encuentra publicado ya en la web de Gobierno Abierto para posibles aportaciones de la ciudadanía y las entidades, que se podrán efectuar hasta el próximo 10 de mayo a través de un email a nacho.iriarte.aristu@navarra.es. Desde el Ejecutivo apuntaron que se prevé que el proyecto pueda aprobarse en mayo o principios de julio, por lo que antes de verano o inmediatamente después pasará por el Parlamento.

Criterio de adjudicación

Experiencia. A la hora de adjudicarse un servicio, se tendrán en cuenta los años de experiencia acreditada en la prestación del mismo tipo de servicio

Formación. La formación específica del equipo humano que prestará el servicio en la materia específica que sea clave para su prestación.

Valoración. La valoración de las personas usuaria será también tenida en cuenta, así como el establecimiento de mecanismos para la participación efectiva de las personas usuarias en la prestación y evaluación de los servicio

Localización. El arraigo de la persona en el entorno de atención y la implantación en la localidad donde vaya a prestarse el servicio.

Retribuciones. La menor diferencia retributiva del personas que la entidad se comprometa a adscribir al concierto respecto del personal de la correspondiente categoría profesional de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (siempre que esta última sea superior).

Igualdad. Se considerará la mejora de los mínimos en materia de igualdad y conciliación establecidos en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en la normativa foral.

Colaboración. El trabajo en red con otras entidades en la gestión de prestaciones y servicios análogos conforme a criterios de proximidad y participación

Buenas prácticas. Las buenas prácticas sociales, tales como la incorporación al equipo de trabajo de una proporción significativa de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, así como de mujeres cualificadas o en puestos de dirección.

Idioma. Adecuación al nivel lingüístico del personal de la entidad conforme a las necesidades y demandas para garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios del servicio.

Atención. El valor técnico de la oferta, así como el carácter integral de la atención.

La frase

Miguel Laparra “se entienden plenamente como parte del sistema público, por tanto cuentan con todas las garantías”

El vicepresidente de Derechos Sociales apuntó que a través de los conciertos se garantizará

la continuidad del servicio y calidad de las prestaciones al mismo nivel que sucede con cualquier otro servicio público en Salud o Servicios Sociales.