Los informes sobre Oncineda abren distintas vías para intentar minimizar los daños

En las parcelas sobre las que no hay sentencia, el Ayuntamiento peleará por desistir de la expropiación y solicitará la “nulidad de pleno derecho” por no haberse cumplido el procedimiento legal
En las otras dos hará una tasación como suelo no urbanizable

R. Usúa - Sábado, 29 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Representantes de EH Bildu, Ahora-Orain y Geroa Bai, durante la comparecencia de ayer.

Representantes de EH Bildu, Ahora-Orain y Geroa Bai, durante la comparecencia de ayer. (R. USÚA)

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Representantes de EH Bildu, Ahora-Orain y Geroa Bai, durante la comparecencia de ayer.

estella-lizarra- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, una vez analizados los tres informes que encargó hace varias semanas sobre el caso Oncineda, desgranó ayer cuáles van a ser sus líneas de actuación al respecto a partir de ahora con el único objetivo de “minimizar en la medida de lo posible las malas consecuencias que para nuestra ciudad pudieran derivarse de la mala gestión de UPN y PSN en legislaturas anteriores”.

Además, a la luz de las conclusiones que se derivan de dichos informes (redactados por los despachos de José Iruretagoyena, Biderka y el secretario municipal), recalcaron que una cosa ha quedado clara: “Si a partir de 2007 el equipo de gobierno de UPN hubiera hecho lo que el actual va a hacer a partir de ahora, no estaríamos hablando de esta situación y la ciudad no tendría este problemón”, aseguró el alcalde, Koldo Leoz (EH Bildu).

Las posibilidades que se le abren ahora al Ayuntamiento para defender sus intereses son diversas, aunque nadie quiso afirmar ayer que eso les haga ser más optimistas al “no tener seguridad jurídica” de nada y están convencidos de que pase lo que pase “habrá que desembolsar una cantidad importante”, sin atreverse a dar cifras, ya que en su día se llegó a hablar en el peor de los casos de hasta 10 millones de euros.

Sí parece, a la luz de los acontecimientos, que hay posibilidades de que la cifra sea bastante inferior. “No descarto ni el peor de los escenarios ni el mejor. En el proceso judicial, que será largo, veremos qué van diciendo las sentencias y nos podremos ir haciendo una idea más fiable. Se abren varías vías, pero tenemos asumido que habrá que pagar una cantidad importante de dinero y queda claro que si se hubiese actuado hace unos años no habría estas consecuencias económicas”, incidieron.

La importancia que da al tema el equipo de gobierno quedó ayer patente, ya que acudieron a la rueda de prensa los diez concejales del equipo de gobierno: EH Bildu (5), Ahora-Orain (3) y Geroa Bai (2).

los próximos pasosLos tres informes concluyen que hay tres escenarios diferentes en lo que se refiere a los propietarios de terrenos y que habrá que actuar de forma distinta. Las promotoras dueñas de las parcelas 407 y 420 ya han conseguido que haya sentencia favorable para ellos teniendo que ir al Jurado de Expropiación. Hay tres parcelas más (406, 409 y 410) cuyos propietarios sí firmaron el convenio inicial (la modificación luego fue anulada por los tribunales) pero no el anexo y que no han reclamado. Y, finalmente, hay cuatro parcelas (103, 191, 408 y 411) cuyos propietarios suscribieron ambos documentos y que tampoco han reclamado.

En el caso de las promotoras (Herchi y Alhama), han presentado ya su hoja de aprecio valorando las parcelas “en 108 m2 o, subsidiariamente, en 88”. Ahora tiene que mover ficha el Ayuntamiento, que va a encargar una tasación de los terrenos con la calificación de rurales (no urbanizables), -como se les cataloga en los informes claramente-, y que será muchísimo más baja. Si no hay acuerdo decidirá el Jurado de Expropiación, y si el Consistorio cree que no es el adecuado ya anunció que agotará todas las vías “que posibilite la ley”, lo que dilataría el asunto todavía más. En el peor de los casos, Estella tendría que abonar 2,64 millones de euros por estas dos parcelas (suman 24.459 m2).

Con respecto al resto de terrenos, el Ayuntamiento tiene intención de desistir de la expropiación. Para ello, dará audiencia a los propietarios para notificarles su intención, pudiendo recibir alegaciones que luego deben pasar por la comisión de Urbanismo y el Pleno, donde el Consistorio defenderá su renuncia.

revisión de oficio Así mismo, va a trabajar para una revisión de oficio que declare nulos todos los actos administrativos que dieron lugar a la firma de convenios y después sus anexos, ya que, como se desprende del estudio de Biderka, “no constan informes técnicos o jurídicos que los sustenten, ni acuerdo ni procedimiento alguno de aprobación de estos anexos”. Por eso, “estamos ante un acto nulo de pleno derecho”, al haberse prescindido del procedimiento legal (informe técnico, publicidad...) “quedando suficientemente demostrada y de forma indubitable la nulidad de pleno derecho del anexo del convenio que se pretende revisar”. Así pues, también para eso darán audiencia a los propietarios para notificárselo, habrá plazo de alegaciones y después pasará también por la comisión y el Pleno. La nulidad de estos actos la decide, eso sí, el Consejo de Navarra.

En el caso de las parcelas cuyos dueños no firmaron el anexo los informes concluyen que el plazo para posibles reclamaciones llega hasta enero de 2019, por lo que el Ayuntamiento aún está a tiempo de cumplir las obligaciones del convenio. Con los que firmaron convenio y anexo el plazo de reclamación acabó en 2014.

Paralelamente, el Consistorio abre otra vía posible para tener más opciones, ya que trabaja en los trámites para el desarrollo urbanístico de Ibarra, terrenos en los que corresponden los derechos urbanísticos de las parcelas de Oncineda. Reservará 150.000 euros del remanente para ello.

detalles

¿Responsabilidad?

Los informes analizan también la posible responsabilidad patrimonial de políticos y técnicos, una carta que el Ayuntamiento se guarda de momento aunque tampoco queda descartada del todo. Eso sí, el informe de Iruretagoyena pone en tela de juicio la actuación de UPN y PSN. Destaca su extrañeza por la decisión de firmar los anexos sin que “aparezca reflejada en acuerdos municipales” y no entiende cómo no se denunció el convenio en su día.