EL TSJN multa a la alcaldesa de Lumbier por incumplir una sentencia

La Sala requiere al Ayuntamiento que la ejecute de inmediato y restablezca la legalidad urbanística

M. Zozaya Elduayen - Sábado, 29 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Rocío Monclús.

Rocío Monclús. (Foto: M.Z.E)

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Rocío Monclús.

“La ejecución de una sentencia de 2013 ya debería estar cumplida”

lumbier- Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra impone a alcaldesa de Lumbier, Rocío Monclús Manjón, y a la secretaria-interventora del mismo, Aranzazu Esquisábel de Esteban, una multa de 500 euros a cada una de ellas por incumplimiento de una sentencia judicial del año 2013 del Tribunal Contencioso-Administrativo que les obligaba a restaurar la legalidad urbanística alterada al modificar el Plan Municipal (Parcela 196/Pol.6) en acuerdo plenario para favorecer la construcción de una vivienda particular en la localidad.

La Sala recalca las ocasiones en las que el Ayuntamiento hizo caso omiso a sus requerimientos y añade que las citadas multas “podrán ser reiteradas sucesivamente, en las cantidades que se estimen pertinentes, hasta el total cumplimiento de la sentencia”. Advierte asimismo expresamente a las responsables (o a quienes les pudieran sustituir) que, en caso de incumplimiento de cuanto ordena, se procederá a reiterarles sucesivas multas coercitivas (entre 150 y 1.500 euros), sin perjuicio de otras responsabilidades, así como a exigir la oportuna responsabilidad penal si persiste en el incumplimiento injustificado”.

El auto requiere además al Ayuntamiento a que proceda de manera inmediata al cumplimiento material y total del fallo de la sentencia de fecha 18 de octubre de 2013, y a realizar las actuaciones necesarias para restaurar la legalidad urbanística alterada, “procediéndose a la eliminación de las ventanas que impiden la calificación de la segunda planta como entrecubierta, así como bajar el forjado del techo de forma que los espacios bajo cubierta en fachada no superen el metro de altura”.

El Tribunal manda a su vez al Ayuntamiento que, de manera inmediata, le comunique las actuaciones que vaya llevando a cabo para el cumplimiento íntegro de la citada sentencia, al tiempo que le condena a pagar las costas causadas.

La contundente argumentación jurídica se remonta al 2 de diciembre de 2009, cuando el TAN (Tribunal Administrativo de Navarra) estimó los recursos de alzada interpuestos por los entonces concejales en la oposición Iñaki Lareki (NaBai), Pedro Cia y Esther Beroiz (Ondalan) contra el acuerdo de un pleno del mencionado Ayuntamiento (abril de 2009) que aprobó definitivamente la citada modificación urbanística, expresa para permitir la elevación de la vivienda y la apertura de determinadas ventanas.

El TAN expresó claramente que la construcción era ilegal, por lo que instaba al Ayuntamiento a reparar la legalidad urbanística.

El Consistorio recurrió este fallo ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, y éste lo desestimó (sentencia de octubre del 2013) y confirmó la resolución del TAN.

En sendos autos de febrero y octubre de 2015 requirió al Ayuntamiento para que ejecutara el fallo, estimando que los términos de la sentencia “son clarísimos y no ofrecen dificultad alguna para su cumplimiento”.

En sus argumentos, el TSJN estima que el Ayuntamiento en posteriores escritos realiza una serie de consideraciones “absolutamente temerarias y que carecen de total fundamento jurídico”. En este sentido, por ejemplo, alega que el Ayuntamiento dice que “carece de resortes jurídicos de índole administrativo para requerirle la ejecución de la obra a la propietaria”, a lo que la Sala contesta que “sus alegaciones son absolutamente inadmisibles y demuestran una reticente voluntad de cumplir con una sentencia judicial obligatoria”, por lo que le obliga a ejecutarla inmediatamente, y a no demorarla hasta 2018, como propone el Consistorio.

El Tribunal recuerda al Ayuntamiento la obligación de cumplir las sentencias inmediatamente, y su potestad y obligación de restaurar la legalidad urbanística infringida sin más demora de ningún tipo. “La ejecución de una sentencia de 2013 ya debería estar cumplida. Es jurídicamente inadmisible que se pueda demorar casi 5 años como pretende el Ayuntamiento”, concluye el auto judicial.