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con el cobro de comisiones en las eólicas

La Fiscalía denuncia una nueva trama de corrupción del PP, ahora en Castilla y León

Acusa a exmiembros de la Junta de lucrarse con el cobro de comisiones en las eólicas

Domingo, 30 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León.

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León. (EFE)

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Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León.

PAMPLONA. La sombra de la corrupción en el PP sigue aumentando. Y alcanza a una comunidad autónoma en la que sus dirigentes popularesse jactaban de tener un expediente inmaculado. La Fiscalía Anticorrupción apuntó ayer a la existencia de una trama organizada para obtener jugosos beneficios por la instalación de parques eólicos en Castilla y León. El Ministerio Público acusa a 21 personas por los presuntos delitos de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Entre los investigados figuran el exviceconsejero de Economía de la Junta Rafael Delgado o Alberto Esgueva, antiguo alto cargo de la Consejería de Economía. Las comisiones desveladas sumarían en torno a los 80 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción llevaba años tras la pista de la presunta trama, que pivotaría en torno a Delgado. Éste “exigía” a los promotores que desarrollaban parques eólicos “ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%”, según destapó ayer El Confidencial. Los receptores de las mordidas serían empresas locales controladas por personas cercanas a Delgado, que obtendrían pingües beneficios. Los antiguos responsables públicos, por su parte, lograron “un beneficio desproporcionado carente de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial”.

Esgueva, que dirigía la empresa pública Excal -la oficina de internacionalización de la Junta dirigida por Juan Vicente Herrera (PP)- era una pieza clave en el entramado, ya que una empresa que puso en marcha junto a su hermano, denominada Industrias San Cayetano, está en el epicentro del caso. Tanto es así que Anticorrupción calcula que ha llegado a embolsarse hasta 47 millones de euros a través del sistema ideado. No obstante, era Delgado quien desde 2004 controlaba directamente la emisión de autorizaciones para la instalación de los parques eólicos en una comunidad cuyos suelos albergan la cuarta parte del total de potencia eólica en el Estado. Ello le permitió “manipular la tramitación de los expedientes”, agrega el escrito fiscal. - D.N.