Auditemos la deuda pública: se puede

Por Javier Onieva Larrea - Martes, 2 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

en estos días los gurús de la economía oficial nos están intentando convencer de que la recesión ha quedado atrás. Que con el aumento de las tasas de crecimiento vamos a poder cumplir con el déficit y por tanto abonar la deuda pública de aquí al año 2020.

Otros, un poquito más progres, nos dicen que únicamente con el crecimiento no se va a conseguir y que es preciso tocar la fiscalidad superando esa diferencia de ocho puntos menos de presión fiscal que el Estado español tiene con respecto a la media comunitaria. Y aun así ven difícil cumplir con el déficit y pagar la deuda pública para ese año 2020.

Y luego estamos otros, que nos negamos a asumir el objetivo de tener, sí o sí, que abonar el total de deuda pública que actualmente constriñen nuestros presupuestos.

Y es que el volumen de deuda pública que tiene el Estado español ha adquirido unas dimensiones descomunales, y a Navarra esto le afecta de forma extraordinaria.

La negociación del convenio entre Navarra y el Estado se rige por la ley 28/1990 de 26 de diciembre, que en su artículo 54. Apartado 2º, letra c indica respecto a las cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Foral, que Navarra deberá hacer frente a los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado.

En estos momentos se está llevando a cabo la negociación del convenio entre técnicas del Gobierno de Navarra y técnicos del Estado. La parte navarra se ha llevado a Madrid un par de estudios, los cuales indican que en una interpretación favorable para Navarra de los datos y variables para calcula la aportación, esta se situaría en 342 millones de euros. Y en un escenario negativo, en cuanto a esa interpretación, la aportación sería de 494 millones.

En dicho estudio se hace especial referencia al dato que indica, que del total de la aportación respecto al presupuesto ejecutado, el 64% corresponde a la contribución de Navarra al pago de los intereses y amortización de la deuda del estado.

Es decir, que de los 342 millones a abonar por Navarra en el estudio favorable, 216 millones son para pagar la deuda pública del estado. Y en el caso de los 494 millones del escenario negativo, la cantidad correspondiente al pago de esa deuda pública estatal sería de 302 millones.

Pero a esto hay que añadir otra variable. Que a pesar de los intentos de la portavoz del PP en la Comisión de Hacienda del Parlamento navarro por intentar que no se explicara, fue denunciada, no sin ciertas dosis de valentía, por la portavoz del grupo parlamentario de Podemos en esa comisión.

Se trata del estudio realizado por el profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Armando Fernández, en el que indica que en España se pierden cada año en corrupción 30.000 millones de euros.

Trasladando este dato al ámbito de negociación del Convenio entre Navarra y el Estado, y aplicando el índice establecido para los gastos que ha realizado el Estado y tiene que asumir Navarra (1,69%). Descubrimos que la corrupción endémica a la que nos está intentando acostumbrarnos el PP, nos supone a toda la ciudadanía navarra 507 millones de euros de gasto anual.

En Navarra también tenemos nuestra propia deuda pública. 3.300 millones de euros que suponen 5.187 euros por persona. Desde los movimientos sociales englobados en el Parlamento Social, en colaboración con el Parlamento de Navarra a través de la ponencia para el estudio y análisis de la deuda púbica en Navarra, presidida por Laura Pérez. Llevamos un año recabando información para proceder a realizar una auditoría ciudadana de esta deuda.

Hasta el momento hemos detectado 153 millones de euros que pueden considerarse deuda ilegítima. Millones que tienen nombre y apellidos de las entidades financieras responsables de su devolución y que si no proceden a ello, exigiremos que les sean restadas de las próximas amortizaciones cuyos vencimientos se sitúan en los años 2018 y 2019.

Únicamente un Gobierno de Navarra valiente, apoyado por la concienciación y movilización social, podrá conseguir realizar esa quita a las entidades financieras responsables.

Estamos hablando de mucho dinero, que modificaría el gasto en los Presupuestos Generales de Navarra, hacia unas políticas sociales más justas y solidarias. Se puede.

El autor es colaborador del Parlamento Social en temas de fiscalidad y deuda pública