El reto de la atención a la diversidad

Por Inés Francés Román - Miércoles, 3 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:07h

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

En concreto, las personas con una capacidad intelectual inferior a lo que se considera normal son sujetos de pleno derecho, aunque la sociedad, hasta ahora, haya puesto más el foco en las deficiencias que en las capacidades. La convención sobre los derechos de las personas con diversidad funcional nos exige un cambio radical en el posicionamiento de la sociedad en su conjunto hacia esta realidad, que tiene que llevar consigo una profunda revisión de todas las estrategias de intervención en muy diferentes ámbitos (social, educativo, sanitario, cultural…). En relación al sistema de servicios sociales construido en Navarra a lo largo de los años, partiendo del trabajo ya realizado, es necesario dar respuesta a lo que las personas con capacidad intelectual limitada y sus familiares nos están reclamando: atender los procesos de forma individualizada, teniendo en cuenta sus deseos y preferencias, con las adaptaciones necesarias a lo largo de las diferentes fases de su etapa vital. Todo ello requiere posiblemente la dotación de nuevos recursos, más abiertos a la comunidad, que favorezcan el desarrollo de las potencialidades en el medio habitual de cada persona, con una mayor integración en recursos normalizados, pero también la readaptación de los ya existentes.

En estos momentos, y ciñéndonos únicamente a los recursos residenciales, en Navarra existen 6 centros que atienden a personas con limitaciones en su capacidad intelectual y 8 viviendas tuteladas. Se trata de un sector, dentro de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas, en el que en los casi dos años de nuevo gobierno más recursos extraordinarios se han aportado.

Pues bien, de los 6 centros residenciales, 5 son de titularidad pública y uno es privado (Residencia Javier en Elcano). Y de los centros de titularidad pública, cuatro de ellos están gestionados por empresas privadas (Las Hayas y Valle del Roncal en Pamplona, Oncineda en Estella y La Atalaya en Tudela). El único centro gestionado directamente por la administración pública es el centro San José, en Pamplona. Todos los centros de titularidad pública se rigen por la misma normativa y todos ellos están destinados a personas con limitación de su capacidad intelectual que necesitan un recurso residencial, si bien cada uno tiene una idiosincrasia particular derivada de la historia propia de cada uno de los centros y de la impronta que los profesionales que trabajan en ellos han ido dejando.

En los últimos dos meses, en el centro San José se ha suscitado un debate sobre la adecuación o no de los perfiles de los últimos ingresos. En el momento actual, estamos asistiendo a un cambio en el perfil del usuario;afortunadamente, los planes de atención temprana hacen que haya una disminución de personas con discapacidades severas y predominen usuarios con una mejor capacidad intelectual que requieren, necesariamente, otra forma de intervención. Todos los centros de la comunidad acogen y atienden a estos usuarios, sin excepción, y todos ellos, incluido el centro San José, tienen equipos con las mismas cualificaciones profesionales. La Administración Pública tiene el deber de atender a todas y cada una de las personas que tienen reconocido un derecho y velar por todas y cada una de ellas, independientemente de sus características personales y sociales.

Por supuesto que también tenemos la responsabilidad de poner los medios para que esta atención sea de la mayor calidad posible, medios que se están implementando en el centro San José y en el conjunto del sistema, y que se basan, entre otras cosas, en la necesaria formación permanente de los profesionales que tienen que atender esta nueva realidad.

Las estructuras se adaptan mucho más lentamente a los cambios sociales, pero ése no debe ser un impedimento para la atención de estos usuarios. Es más, es la necesidad la que genera el cambio. Y difícilmente vamos a ser capaces de cambiar, de mejorar en beneficio de la ciudadanía, si no tenemos una mínima capacidad de revisar lo que venimos haciendo para introducir las mejoras necesarias.

Las transformaciones son lentas, en muchas ocasiones costosas, y en ese camino seguramente incurriremos en algunos errores que será necesario subsanar. Pero desde la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas nos hemos comprometido a impulsar un cambio de los sistemas de atención que realmente pongan a la persona en primer plano, y que los recursos desplegados para atender sus necesidades les ayuden a seguir siendo protagonistas de su propia vida. Para emprender este camino necesitamos no solo más recursos públicos, necesitamos la implicación de profesionales, entidades, familias, usuarios y el acompañamiento de toda la sociedad.

La autora es directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas