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el Ejecutivo estudia "acciones penales y civiles"

El Parlamento solicita una comisión de investigación sobre la planta de biogás de Ultzama

La consejera Isabel Elizalde anuncia que el Ejecutivo estudia si "ejercitar acciones penales y civiles" para depurar responsabilidades

EP - Jueves, 4 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 14:10h

Inauguración en 2010 de la planta de biogás de la empresa Bioenergía Ultzama SA, con presencia del entonces presidente Miguel Sanz.

Inauguración en 2010 de la planta de biogás de la empresa Bioenergía Ultzama SA, con presencia del entonces presidente Miguel Sanz. (Archivo)

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Inauguración en 2010 de la planta de biogás de la empresa Bioenergía Ultzama SA, con presencia del entonces presidente Miguel Sanz.

PAMPLONA. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han registrado en el Parlamento de Navarra un escrito por el que solicitan la creación de una comisión de investigación sobre la planta de biometanización de Ultzama.

Los cuatro grupos quieren que la comisión investigue el procedimiento de concesión de obra pública y posterior explotación de la planta, los proyectos técnicos que la sustentaron, la cesión de la concesión a Bioenergía Ultzama S.A, la participación de concejales como socios en esta mercantil, el desarrollo de la actividad y cierre de la planta, así como el empleo y destino de los fondos públicos provenientes de ayudas o subvenciones otorgadas por los departamentos del Gobierno de Navarra.

El escrito se refiere al informe de la Cámara de Comptos sobre esta planta en el que asegura haber detectado "pagos duplicados" por parte de Bioenergía Ultzama y a una "posible sobrefinanciación pública del proyecto".

El informe del órgano fiscalizador critica además al Ayuntamiento de Ultzama porque "no ha cumplido el principio de legalidad" y asegura que "las contrataciones del anteproyecto, proyecto y dirección de obra" de la planta "se realizaron después de haberse hechos dichos trabajos" para "dar cobertura formal a una actuación irregular que no respetó los principios básicos de la contratación pública: publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación".

"Tampoco se cumplió la legalidad en la contratación y posterior cesión del contrato, ni en las subcontrataciones realizadas", continua el texto. Asimismo, destaca que "dos miembros de la mesa de contratación representaban a la empresa de ingeniería redactora del proyecto, que había introducido en el mismo esquemas de la planta elaborados por la mercantil que resultó adjudicataria".

Los cuatro grupos parlamentarios han criticado que "actualmente existe una planta industrialabandonada y una sociedad en concurso de acreedores, cuyos activos no tienen prácticamente valor alguno" y han reprochado que en esta infraestructura "se han gastado más de tres millones de euros de dinero público". "El problema no se ha resuelto, puesto que 24 explotaciones ganaderas de la zona, con 3.659 cabezas de ganado, siguen demandando un sistema de gestión de residuos", han añadido.

"DEPURAR RESPONSABILIDADES" La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, ha anunciado que el Ejecutivo foral está estudiando si "ejercitar acciones penales y civiles" para depurar responsabilidades sobre el proyecto de la planta de biometanización de Ultzama.

Así lo ha manifestado en la sesión plenaria de esta mañana, en la que ha respondido al parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde sobre la supuesta sobrefinanciación del proyecto.

Tras indicar que el Ejecutivo está estudiando si adoptar acciones penales y civiles o si personarse en las acciones judiciales que resulten de la actuación de la Fiscalía, ha asegurado que, "independientemente" de la solución que se adopte, ya se inició en su momento un proceso de reintegrode las ayudas.

La consejera, que ha recordado que el proyecto sefinanció mayoritariamente con dinero público por un importe cercano a los cuatro millones y medio de euros, ha señalado que un informe de la Cámara de Comptos ha advertido que "empresas diferentes cobraron doblemente por el mismo concepto" y que se produjo una "doble facturación" para obtener subvenciones de dos departamentos.

De esta forma, ha recordado que desde el Departamento se reclamó el reintegro de parte de las ayudas destinadas a este proyecto, por un importe de 216.00 euros y 44.000 de intereses.

"Hemos solicitado reunión con la autoría de Comptos para contrastar algunas cuestiones derivadas de las últimas aportaciones", ha añadido.

Asimismo, ha precisado que el Gobierno implementará procedimientos de seguimiento y control para los proyectos cuyos importes sean "relevantes" y cuyo uso de los fondos públicos supere los tres millones de euros.

Ante las conclusiones del informe de Comptos, ha indicado que se comprueba "claramente la necesidad de establecer sistemas de seguimiento y control con una visión interdepartamental", que coordine todos los aspectos y que vaya "más allá de las actuaciones administrativas puntuales".

"Es necesario que establezcamos protocolos que permitan un seguimiento integral del expediente", ha precisado Elizalde, que ha apostado por "ver las líneas de subvenciones diferentes que puede haber en diferentes departamentos", así como por estudiar las "condiciones" y la complementariedad que se permite, además de las autorizaciones que de dan a cada actividad.