Ciadi corte dependiente del Banco Mundial

El Estado español pierde en la corte internacional el primer arbitraje por el recorte a las renovables

d.n. - Viernes, 5 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 11:48h

Imagen de archivo de un edifico con placas solares

Imagen de archivo de un edifico con placas solares (Zigor Alkorta)

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Imagen de archivo de un edifico con placas solaresPlacas solares fotovoltaicas en Imarcoain (Valle de Elorz)

PAMPLONA. El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) ha dictado un laudo en el que da la razón a un fondo británico y multa a España por el recorte de las primas a las energías renovables realizada por el Gobierno, han confirmado fuentes cercanas al caso. Es la primera vez que este organismo, dependiente del Banco Mundial, falla en contra de España y a favor de los inversores, en este caso Eiser Infrastructure y a su filial Energía Solar Luxemburg. Desde que se aprobó el nuevo marco normativo de las renovables se ha presentado una veintena de reclamaciones contra España por este motivo. En este caso, la demanda se presentó ante el CIADI en diciembre de 2013 y el tribunal dictó ayer el laudo.

RECURSOEl Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera que el laudo arbitral "no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante" para otros casos.

En una nota de prensa, el Ministerio anuncia además que el Gobierno español estudia recurrir el laudo. Fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal indicaron a Europa Press que el recurso ha de presentarse ante el propio Ciadi.

El laudo, señala Energía en la nota, estima parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg en relación a las consecuencias para las tres instalaciones termosolares de la reforma eléctrica llevada a cabo en los años 2013 y 2014.

El laudo, afirma, "única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del tribunal, se considera excesivo".

"Dado el carácter estrictamente singular de tal pronunciamiento, no debe asumirse que su resultado puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante para otros arbitrajes pendientes", afirma Energía.

El Ministerio sostiene que cada procedimiento arbitral "es diferente, tanto en la información como en los argumentos aportados", y recuerda que hasta la fecha se ha producido un desistimiento en un arbitraje, mientras que en los dos arbitrajes sobre renovables ya resueltos, los laudos han dado la razón a España "de manera contundente".

El fallo ahora conocido es el primero emitido por el Ciadi. En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, y en aquella ocasión se pronunció a favor del Reino de España.

128 MILLONES DE 300 RECLAMADOS Y 1.000 INVERTIDOS Energía también destaca que el arbitraje solo estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes, al tiempo que condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban los demandantes.

Según información de los inversores recogida por Europa Press, la inversión comprometida en las tres centrales de las firmas demandantes alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz.

"NO CUESTIONA LA REFORMA ELÉCTRICA" El Ministerio asegura además que el tribunal no cuestiona "el derecho soberano de España de tomar medidas regulatorias apropiadas para atender las necesidades públicas, lo que potencialmente incluye la modificación del régimen del real decreto 661/2007".

El laudo, continúa, tampoco cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014, "que permitió acabar con el déficit de tarifa". Su contenido indica que "el demandado enfrentó un legítimo problema de política pública con su déficit tarifario, y el tribunal no cuestiona que fuese apropiado que las autoridades españolas adoptasen medidas razonables para lidiar con la situación", señala la nota.

El departamento dirigida por Álvaro Nadal también afirma que "las diversas sentencias nacionales tanto del Tribunal Supremo y como del Constitucional en materia de renovables han avalado la reforma eléctrica y sus pilares fundamentales".